Era 28 de enero por la mañana cuando, de pronto, se fue la luz en las oficinas de Radio Educación, en la CDMX. No fue una falla técnica. No fue una sobrecarga. No fue un apagón general. Fue la CFE que llegó a cortar el suministro por falta de pago de alrededor de 150 mil pesos. Sí, a la radio pública centenaria del país le cortaron la electricidad.
El comunicado interno de la Dirección de Finanzas 006/2026 lo confirma: el servicio fue suspendido “derivado de la falta de pago” y se tuvo que activar una planta de emergencia para no interrumpir transmisiones. La escena es simbólica: una emisora cultural del Estado funcionando gracias a respaldo de emergencia porque no se cubrió una factura básica.
Pero el apagón no es el problema de fondo. Es un síntoma del mismo padecimiento.
Ángeles Medina, secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores de Radio Educación, me explicó que el tema más delicado hoy son los adeudos por Servicios Adicionales Compensados (SAC). Es decir, pagos por trabajo ya realizado (horas extra, coberturas, apoyos técnicos) que sostienen la operación diaria de la emisora.
“Se deben SAC desde hace meses, son servicios que ya se prestaron, que permitieron que la programación saliera al aire, y que simplemente no se han pagado”, me dijo.
En una institución con plantillas limitadas, los SAC no son un beneficio accesorio; son parte del engranaje operativo; por ejemplo, le agregan a un operador de audio 250 pesos a los 311 que gana al día. Cuando esos pagos se retrasan, no sólo se afecta el ingreso de los trabajadores: se erosiona la capacidad institucional para cumplir su función y el vínculo de confianza.
El laboratorio de ingeniería lleva cerrado un año luego de un connato de incendio, un área técnica —que no es de apoyo, sino sustantiva— sigue sin plena operación, lo que impacta mantenimiento, renovación de equipo y eficiencia.
Mientras tanto, la Secretaría de Cultura emitió una tarjeta informativa en la que sostiene que los salarios se pagan en tiempo y forma, y que existen recursos suficientes para cubrir compromisos, aunque reconoce retrasos en pagos adicionales (y cortaron la luz). La distancia entre el comunicado y la realidad no es menor. Entre las instancias de gobierno, se tiran la bolita. Dicen que la culpa es de Hacienda, pero no hubo nadie de esa dependencia en la reunión del jueves con los trabajadores.
¿Qué sigue? Yo no lo sé; por eso se lo cuestioné a la directora de la estación, Fernanda Tapia, dentro de las preguntas que me pidió que le enviara por escrito. Pero no las respondió, quizás porque ella tampoco lo sabe.
Cuando los adeudos alcanzan compensaciones ya devengadas y derivan incluso en el corte de un servicio básico como la electricidad, el asunto es más que administrativo. En ningún país que valore sus medios públicos puede ocurrir esto. En ninguna democracia que entienda la función estratégica de la comunicación pública se normaliza que trabajadores acumulen semanas sin recibir pagos ya generados.
Prometieron fortalecer los medios públicos, dignificar el trabajo cultural y consolidar un sistema de comunicación al servicio de la ciudadanía. Los medios públicos no son un gasto ornamental: son infraestructura democrática, memoria cultural y pluralidad informativa. Cuando se les obliga a sobrevivir con pagos diferidos y soluciones improvisadas, se envía un mensaje claro sobre las prioridades del Estado.
El 28 de enero se apagaron las luces en Radio Educación y se encendió una señal de alerta sobre el lugar real que ocupan los medios públicos en la agenda gubernamental.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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