Los órganos autónomos desaparecerán durante el primer trimestre de 2025, excepto el IFT y la Cofece. Recordemos que, de último momento, y a fin de tratar de evitar la evidente violación al T-MEC (lo que de cualquier forma no se logra), se difirió su desaparición en un régimen improvisado que dispone que estos dos órganos se extinguirán 180 días después de la entrada en vigor de las nuevas leyes de 1) telecomunicaciones y radiodifusión, y de 2) competencia económica. Sin embargo, no hay plazo para que el Congreso expida dichas leyes, así que su desaparición no tiene fecha.
Ahora bien, las facultades de estos dos autónomos serán transferidas al Poder Ejecutivo de la siguiente forma: las de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión irán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creada mediante las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas el 28 de noviembre, y las de competencia económica de todas las materias se transferirán a un organismo descentralizado que nacerá en estas nuevas leyes. Mientras tanto, es decir, al menos hasta septiembre u octubre de 2025, el IFT y la Cofece seguirán siendo los órganos competentes.
Pero algo lamentable está por suceder. En el proyecto de PEF 2025 de la SHCP, a los órganos autónomos se les respetó, más o menos, los montos solicitados a pesar de que vendría su desaparición, asumiendo que, una vez extintos, se transferirían esos recursos a quien absorbiera sus funciones. Sin embargo, todo indica que en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la nueva instrucción es asignarles sólo un tercio del monto previsto originalmente, quizás en la inteligencia de que vivirán apenas la tercera parte del año, pero este no es el caso del IFT y la Cofece que, como mencioné, seguirían vivos al menos hasta septiembre. De confirmarse esto mañana, cuando se votará el dictamen del PEF en comisiones, y el jueves en el Pleno, tendremos dos autónomos neutralizados e inservibles.
Adicionalmente al perverso escenario que le planteo, la Agencia no tiene asignado ningún monto específico en el PEF 2025. La Ley que la crea establece la transferencia de recursos de las funciones que asume, como la Coordinación de Estrategia Digital o la Conamer, pero no es suficiente; la Agencia tiene nuevas funciones, como ciberseguridad, que ameritan más que la pedacería que le asignan. El gobierno no ha entendido que otorgar presupuesto para funciones regulatorias y de política pública no es un gasto: es una muy buena inversión.
Si mañana se confirma un recorte de esas dimensiones para el IFT y la Cofece, estaríamos ante la extinción de facto de estos dos órganos que, sin relevo inmediato, se volverían inoperantes y quedarían “hibernando” hasta su extinción jurídica; vamos, no tendrían ni para pagar la nómina.
Para qué tanto circo de cuidar el T-MEC creando un nuevo organismo y bla bla bla, si finalmente iban a asignar un presupuesto ínfimo para que estos órganos no operen: un burdo intento de engaño a nuestros socios del tratado y una cachetada a los inversionistas que han confiado en México.
Deben dejar fuera a estos dos órganos de la nueva fórmula de “sólo un tercio” porque estos siguen más tiempo en funciones; de lo contrario, México se alejaría —aún más— del Estado de derecho, la predictibilidad y la seguridad jurídica. ¿Quién querrá invertir con este escenario? Nadie. Lo peor de todo es que quien pierde somos siempre los consumidores; las pequeñas y medianas empresas estarán a merced de los grandotes y, ellos, obviamente, ya están relamiéndose los bigotes.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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