“Buenas tardes Irene, esperando que te encuentres con bien, al igual que los tuyos. Recibimos tu amable correo y nos permitimos comentarte lo siguiente. De lo publicado en medios a la fecha, respecto de la empresa Altán Redes, es que el tema por el momento, está en manos de la empresa. Quedamos a tus órdenes.” Esta es el texto, con todo y sus problemas de redacción y sin firma, que recibí del área de comunicación social de Promtel, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, como respuesta a mi petición de entrevista con Lourdes Coss, su directora, por el asunto de la suspensión de pagos de Altán. Y sí, pues ese es precisamente el problema, que el gobierno está dejando todo en manos de la empresa, recordemos que la red compartida es una asociación público-privada entonces ¿dónde está lo público en esta asociación?
Pero que me nieguen la entrevista es lo de menos, el problema es que Promtel, que es la concesionaria del espectro de la red de Altán y la encargada de supervisar el cumplimiento del contrato con ellos, no ha dicho nada, el último comunicado de Promtel respecto a la red compartida es de octubre de 2020. Esto es muy preocupante porque el proyecto de la red compartida era el “dis- ruptor”, el “game changer” de la reforma de telecomunicaciones de 2013, de la mano de la preponderancia y de la creación de un organismo autónomo, el IFT, era un ecosistema nuevo. Lo cierto es que el panorama en el sector no es nada prometedor:
1) La red compartida, como está hoy, está muerta, no funcionó por problemas de diseño y de inversión y esto se hizo más evidente desde que Altán decidió no entrar a la licitación de la banda de 2.5 GHz que estaba diseñada para ellos. En vez de que América Móvil sea su cliente, es Altán cliente de América Móvil sin cuyo roaming no podría funcionar. Además, tiene 5 veces menos usuarios que lo previsto para estas fechas, sólo cuenta con 3%.
2) La salida de Telefónica como desarrollador de infraestructura fue una muy mala noticia, dejó básicamente dos operadores: América Móvil y AT&T. Ni la Secretaría de Hacienda ni los legisladores han entendido que el pago anual por derechos del espectro no debe ser tan alto, están asfixiando a los operadores. Adicionalmente, las señales de incertidumbre que ha mandado el gobierno de AMLO están ahuyentando la inversión.
3) Las medidas de preponderancia no han funcionado como se pensó, la proyección de la competencia en México es mala y tenemos un muy frágil equilibrio tarifario.
Altán dice que saldrán del problema financiero en el que están y que cumplirán con lo establecido en su contrato, pero lo cierto es que no cumplieron y no hay condiciones para que mejoren. El gobierno federal juega un doble papel, por un lado, es socio en la APP, y por el otro lado es acreedor de alrededor de 30% del capital de Altán a través del financiamiento que otorgó la banca de desarrollo, así que tiene un conflicto. ¿Debería alargar la agonía o renegociar?
El tema de Altán debe levantar alertas en el sector. De manera urgente debe pensarse en una estrategia integral, no aislada. ¿Qué red necesita México y quién la va a construir? No hay respuestas. Mientras tanto Promtel, que tiene la obligación de impulsar el acceso efectivo a la banda ancha; que tiene concesionada una de las bandas más valiosas del espectro, y que cuenta con facultades para supervisar y vigilar el cumplimiento de obligaciones y hasta de prestar servicios directamente, calla y se lava las manos como en el mail.
Twitter: @soyirenelevy
