La cascada de reformas constitucionales del año pasado entraña un rediseño administrativo de gran calado que se encuentra en proceso. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, llega la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuya naturaleza es la de una secretaría de Estado, en sustitución del IFT. Se trata de un super organismo que fagocita atribuciones de aquí y allá; desde mejora regulatoria, hasta ciberseguridad, pasando por administración del espectro, correos y transformación digital. Los desafíos no son pocos ni sencillos. Aquí le propongo cinco:
1. Grilla interna de Morena: algunos morenistas se resisten a aceptar el gran poder que la propia presidenta Sheinbaum le ha confiado a la agencia y a José Merino, su director. El ejemplo más reciente de esta resistencia es la iniciativa de ley antimonopolio que presentó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y que, por cierto, ya fue neutralizada por Marcelo Ebrard, quien está preparando otra nueva, por la que le pretenden otorgar al nuevo organismo descentralizado facultades que se traslapan con las que la agencia busca. El problema es estructural, porque ambas iniciativas —la de telecomunicaciones y la de competencia— deberían estar articuladas y ser discutidas simultáneamente en el Congreso, pues forman parte del mismo ecosistema.
2. Mucho con poco: la abultada cartera de atribuciones de la agencia ameritaría un presupuesto digno y acorde con los retos, pero este año sólo recibirá alrededor de 3 mil millones de pesos, que provienen de la pedacería de los organismos que absorbe. No es suficiente. Pepe Merino es muy capaz, pero hay un límite; los proyectos requieren recursos humanos y materiales, no basta la voluntad ni la capacidad de una persona. Es menester contar con equipos multidisciplinarios y especialistas de gran nivel en cada uno de los temas de la agencia.
3. Curva de aprendizaje: existe una curva de adaptación y conocimiento natural de las diferentes carteras, y no hay tiempo ni recursos. Este es uno de los puntos de mayor preocupación porque son sectores muy dinámicos que no esperan.
4. Estado de derecho: la nueva ley debe incluir un piso mínimo de protección de derechos fundamentales; no se debería dejar el detalle de temas clave, como la neutralidad de la red, por ejemplo, para ser desarrollado en regulación administrativa secundaria, que, por cierto, según la nueva redacción constitucional es facultad reglamentaria de la Presidenta. Por ello la iniciativa de ley que se presente debe ser cuidadosa en propiciar un ambiente de certidumbre jurídica para los ciudadanos y las empresas. Hay mucha inversión de por medio, además de compromisos internacionales.
5. Entorno mundial: México solía ser líder de América Latina en el ámbito regulatorio internacional. Pero la ausencia de nuestro país en estos espacios se ha estado ocupando por otros países. La agencia y la SRE deberían diseñar una estrategia de presencia y recuperación de liderazgo en el exterior, así como revisar qué pasará con los cargos internacionales que hoy se ocupan como parte del IFT y otros organismos que están desapareciendo. Y hay más…
EN LA SOBREMESA
El 26 y 27 de febrero se llevó a cabo el Digital Summit Latam organizado por Jorge Fernando Negrete, director de grupo DPL, y Karim Lesina, vicepresidente de Milicom-Tigo. El primer evento de este tipo en el que participaron reguladores de Latinoamérica y Europa, empresas y organizaciones que discutieron sobre los retos que se enfrentan en materia de regulación de IA, plataformas económicas como Uber o Didi, y satélites, entre otros. Gran foro con una participación nutrida y estratégica. Enhorabuena.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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