Tras una larga espera, el Pleno del Senado aprobó el sábado el texto de lo que será la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por supuesto que no es una ley perfecta, pero sí se mejoró radicalmente frente al texto que se presentó en abril y que se ganó, con razón, el calificativo de #LeyCensura.
Muchos fueron escépticos respecto de la influencia real que podrían tener los conversatorios que organizó Javier Corral en mayo en los que se escucharon a 89 expertos representando todo tipo de intereses. En estos foros también vimos a senadoras y senadores que no solo asistían, sino que se involucraron a fondo en los temas: Claudia Anaya, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya, entre otros. Hoy confirmamos que sí sirvieron, y mucho, porque no sólo fueron plurales y lograron la difusión de los temas, sino que se incorporaron varias de las sugerencias que ahí se expusieron en el texto final de la ley:
1. Se creó un órgano regulador de cinco comisionados que desconcentra casi todas las facultades que tenía la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en la materia. Serán nombrados por la presidenta y ratificados por el Senado. Durarán en su encargo siete años de manera escalonada y no pueden ser removidos discrecionalmente. Y aunque hubiera sido deseable más candados para asegurar su independencia, el diseño no es malo, mucho dependerá, como siempre, de las personas que designen.
2. Mejoró la transparencia. Se incorporó nuevamente la obligación de elaborar consultas públicas sobre la regulación que emita el nuevo órgano y se incluyó el tema de reglas de contacto.
3. Los medios sociales ganan, pues se fortalecen sus vías de financiamiento. Los medios públicos quedan igual; aunque en la exposición de motivos dice que su independencia se fortalece a través de lineamientos editoriales, el articulado no contiene nada nuevo en este sentido. Por otro lado, muy bien la inclusión de los pequeños operadores.
4. Se corrigieron los temas más relevantes en los que se dibujaba la censura: bloqueo de plataformas digitales, suspensión inmediata de transmisiones, autorización previa de contenidos extranjeros. Se amplió el abanico de causales de suspensión precautoria de transmisiones de radiodifusión y tv de paga, de lo que se queja ahora la oposición con razón, y aunque no lo veo tan grave porque se requiere apercibimiento previo, debió haber quedado como estaba en la ley de 2014. La propaganda de gobiernos extranjeros se prohíbe, salvo la cultural, turística y deportiva.
5. Se reintegran los derechos de las audiencias que desaparecieron en 2017 y se avanza en materia de derechos de los discapacitados. Hubiera sido deseable también incorporar la alfabetización mediática.
6. El tema del Estado-operador es complejo. Se logró reincorporar en el texto la neutralidad competitiva, es decir, reglas parejas entre estado y privados en operación comercial. Sin embargo, llevar eso a la práctica es imposible si no hay una separación jurídica, presupuestal y funcional: ¿cómo un mismo operador distinguirá en qué carácter utiliza los mismos recursos y activos? Imposible, debió haberse incluido la obligación de crear un nuevo ente jurídico como titular de la concesión comercial.
7. Por lo que hace a la “vigilancia” del Estado, la localización en tiempo real no se modifica respecto de la ley de 2014, lo que sí está cambiando, y quizás por eso preocupa más ahora, es todo el ecosistema legal que refuerza el control del estado. Regresa la necesidad de identificarse para obtener un chip celular, no es como tal un registro, aunque podría convertirse en eso. Lo que suena complejo en la práctica es que lo hagan en retroactivo y que vayan a desconectar a todos aquellos que ya tengan el chip y no acudan a identificarse.
8. En materia de derechos de los usuarios se aprobó una reserva el sábado para que el desbloqueo automático de equipos no estuviera en la ley sino dependiera de la Comisión. Esto es bueno porque hubiera podido afectar al usuario en los precios y programas de financiamiento de equipos.
9. Por lo que hace a la neutralidad de internet hubiera sido deseable incluir las definiciones en la ley, pero mejoran respecto al primer texto, esperemos que se incluyan correctamente en los lineamientos que expida la Comisión.
10. Sobre violaciones al T-MEC y temas inconstitucionales se corrigen varios problemas que lo contradecían, pero el esquema general no supera completamente lo establecido en el tratado: el órgano no es realmente autónomo, la neutralidad competitiva no queda solucionada de facto, y se incluyen temas como el roaming obligatorio a tarifas reguladas para todos, lo que algunos podrían considerar como una expropiación indirecta. Quedan algunas inconstitucionalidades en los transitorios que podrían provocar amparos; también es inconstitucional la facultad del Senado para ratificar el nombramiento de los comisionados sin no se incorpora en la Constitución. Ya se pronunció la Suprema Corte en ese sentido en el asunto de la ley televisa en 2007.
En efecto, crear una nueva ley no era necesario ni deseable, basta con hacer algunas modificaciones, pero la reserva de Ricardo Monreal a la reforma constitucional de diciembre de 2024 que desaparece al IFT y a la Cofece, incluyó un transitorio que obligaba a expedir nuevas leyes, así que no había opción.
Así las cosas, tendremos nueva ley. La Cámara de Diputados aprobará hoy o mañana este documento y pasará seguramente sin obstáculos. Ahora habrá que seguir de cerca la conformación de la Comisión y la elaboración de la regulación secundaria; ahí estará el éxito o fracaso del nuevo sistema.
Cierro esta entrega con un reconocimiento a los involucrados en la redacción de la esta ley porque basta con leerla para darse cuenta de que ninguna empresa tuvo la pluma. Llevo 30 años en este sector y es la primera vez que no veo el sello de Televisa en el texto, y eso es tan refrescante que merece no sólo una mención en esta columna, sino aplausos de pie.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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