Por Ana Carolina Gómez Rojas
Hay palabras que, por su sola plasticidad, buscan disipar un conflicto político real. “Desarrollar recursos no convencionales” es una de ellas: el giro técnico que intenta presentar como innovación lo que, en términos estrictos, es fractura hidráulica; es fracking, con su estela de afectaciones a la salud, al agua y al territorio. En México, el eufemismo cumple una función precisa: suavizar el costo moral de una decisión que, una vez tomada, difícilmente se desanda.
El pasado 18 de febrero, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de crear un “grupo de trabajo de expertos” para evaluar si es factible producir gas no convencional con reciclaje de agua y con el uso de otros químicos, supuestamente para evitar impactos ambientales. El anuncio se presentó “en análisis”, pero la política raras veces se mueve por meras hipótesis: cuando el poder político instala un mecanismo, cuando encuadra el problema y promete “innovación” para hacerlo viable, ya ha trazado un rumbo. La industria lo entiende y las comunidades, también.
El dilema no reside únicamente en el lenguaje. México depende crecientemente del gas importado por ducto desde Estados Unidos, y esa dependencia se ha vuelto un argumento recurrente para explicar la urgencia de “revertir” vulnerabilidades.
El dilema no reside únicamente en el lenguaje. México depende crecientemente del gas importado por ducto desde Estados Unidos. En 2024, las exportaciones de gas por ducto desde Estados Unidos hacia México promediaron 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d): el mayor promedio anual registrado en las series históricas que reporta la EIA. Esa cifra se entiende mejor cuando se formula como proporción. Diversas coberturas y análisis recientes (a partir de datos oficiales y de la propia EIA) han subrayado que más del 70% del gas consumido en México es importado, principalmente desde Estados Unidos. Si se parte de esa constatación, el argumento gubernamental de “soberanía energética” parece lógico.
La discusión, sin embargo, exige una honestidad que suele faltar en la escena pública: si la respuesta a una dependencia fósil es profundizar otra, pero ahora desde yacimientos no convencionales, sólo habremos trasladado el riesgo sin corregir su naturaleza. Se invoca la “soberanía energética” como si significara, sin más, extraer más gas; pero soberanía no es expansión automática de oferta: es capacidad de decidir el futuro sin hipotecar el agua, la salud y el clima, y sin atar los territorios a infraestructuras de larga vida que volverán más costosa, más lenta y más conflictiva la salida de los combustibles fósiles.
Aquí se instala la tensión que hoy atraviesa al gobierno, y es la de sostener una bandera ambiental, así como una promesa de continuidad respecto del compromiso de no permitir fracking, mientras se abre una ventana de factibilidad técnica y política para reintroducirlo. En ese punto, la frase “todo será transparente y con aceptación de la comunidad” suena tranquilizadora, pero resulta insuficiente. La transparencia, por sí sola, no sustituye el principio de precaución; y la “aceptación” no repara asimetrías estructurales cuando el Estado llega a negociar con prisa, la industria con recursos, y la comunidad con la carga de lo que podría perder. Hablar de “otros químicos” como si el problema fuera un ingrediente, y no una técnica extractiva entera, equivale a reconstruir el relato a base de mitos y verdades a medias.
En este panorama, la Alianza Mexicana contra el Fracking ocupa un lugar que conviene reconocer con precisión. Su trabajo no se agota en la denuncia coyuntural, ni se reduce a una postura identitaria. Ha sostenido, con paciencia y rigor, una pedagogía pública: nombrar las cosas por su nombre, desmontar el repertorio de eufemismos, seguir la pista de planes, presupuestos y autorizaciones, y acompañar a comunidades que, con frecuencia, son las últimas en enterarse de decisiones que afectan su vida cotidiana. La Alianza recuerda algo elemental que el poder preferiría olvidar: la vigilancia ciudadana no es un estorbo para la gobernabilidad, sino una condición de la democracia energética. Y también plantea como horizonte normativo el prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales, no porque falte “capacidad técnica” para hacerlo, sino porque el costo social, sanitario y ecológico no se compensa con promesas de ingeniería.
Por eso el debate no puede encerrarse en un comité. Lo que está en juego no es una cuestión técnica acotada a un dictamen, sino una decisión sobre el modelo de país que se está construyendo a la sombra de la transición. ¿Quién define los criterios de “factibilidad”? ¿Qué cuenta como “impacto” y qué se deja fuera? ¿Qué conflictos de interés se declaran y cuáles se esconden tras credenciales académicas? ¿Qué alternativas fueron evaluadas con el mismo entusiasmo antes de reabrir la puerta a la fractura hidráulica?
Mi postura no busca el tono acusatorio por sí mismo, sino la claridad política, pues si un gobierno se reivindica ambiental, no puede pedir confianza a cambio de un giro; debe someter su política a escrutinio, abrir datos, publicar criterios e integrantes, y asumir que la demanda social por prohibición no es un capricho, sino un aprendizaje acumulado desde los territorios. La soberanía que vale la pena defender no es la que “garantiza gas” a cualquier precio, sino la que cuida el agua, la salud y el futuro, sin convertir la transición energética en otra promesa que el poder pronuncia mientras reinstala el mismo camino.
Ana Carolina Gómez Rojas es profesora-investigadora del Instituto Mora. Sus líneas de investigación se vinculan con la reconstrucción de las relaciones políticas en escenarios de conflictividad socio-ambiental. En su trabajo docente cubre áreas de teoría social y política, así como diseño cualitativo de la investigación. Cruzada por la docencia, la investigación y la maternidad, intenta construir reflexiones y prácticas desde y para el cuidado.