Por: Mateo Crossa
Ningún país puede construir un sistema nacional y soberano de ciencia y tecnología cuando la política económica que impere sea la entrega sin restricción del territorio nacional a las inversiones extranjeras. No existe posibilidad de pensar en una agenda de creación de conocimiento científico propio cuando lo que se oferta al mundo es mano de obra barata, explotación sin restricción de recursos naturales y una política arancelaria excepcional que permite a las corporaciones trasnacionales instalarse en el territorio nacional sin condicionamiento alguno.
La incorporación de la economía mexicana a la escena neoliberal implicó la pauperización del sistema nacional de innovación y conversión del país en importador neto de conocimiento científico y tecnológico extranjero, siempre de espaldas a las necesidades de la población y mercado interno. El protagonismo del modelo maquilador basado en el extractivismo y exportación de bienes manufacturados producidos con fuerza de trabajo precarizada, lejos de fomentar una política científica y tecnológica que procure inversión pública para la creación de nuevos conocimientos propios, y que sirva para enfrentar las variadas problemáticas que atraviesa el país, sólo sigue incentivando la importación de tecnología ajena controlada por las grandes corporaciones.
Tal y como sostuvo el economista brasileño Teothonio Dos Santos, “para los países dependientes que no generan su propia tecnología o simplemente la reciben del exterior, los efectos destructivos de las inversiones extranjeras sobre sus economías son mucho más poderosos que los constructivos”. Esto es exactamente lo que ha sucedido en el país en las últimas cuatro décadas y sigue sucediendo al día de hoy. Es cierto, México exporta automóviles y de eso se enorgullece la clase política y los medios empresariales, pero ni un ápice de la ciencia, tecnología e innovación de esta industria se crea en nuestro país. Las firmas automotrices colocan sus operaciones en aquí porque pueden pagar salarios 20 veces más bajos que en EUA. Es cierto, México es el mayor proveedor de productos agroindustriales para EUA, pero esto se ha hecho acosta de abandonar por completo la producción campesina de granos básicos e importar semillas y agroquímicos patentados por las grandes empresas comercializadoras, además de concesionar el agua, entregar los recursos naturales y asegurar una apertura plena para explotar mano de obra barata.
Con bombo y platillo se ha anunciado una y otra vez que, con los acuerdos de libre comercio, México se transformaría en una potencia exportadora, como si esta característica por si sola potenciara las capacidades científicas y tecnológicas del país. Sin embargo, la realidad económica de México es muy diferente. La conversión del territorio nacional en una gran plataforma de exportación de autopartes, automóviles, electrodomésticos, minería, agroindustria, etc., encubre un escenario despojo y enajenación del conocimiento científico y tecnológico propio. Esto explica que México, a partir de la firma del TLCAN en 1993, se haya convertido en uno de los países con mayor expulsión de mano de obra altamente calificada del mundo.
La construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación soberano sólo se puede producir por medio de políticas que cuestionen el monopolio del conocimiento que detentan las corporaciones trasnacionales, pero esto no parecer interesar a la agenda de la administración federal. Ayer como hoy la política económica está centrada en atraer inversiones extranjeras a cualquier costo, lo cual ha implicado —y sigue implicando— el control del territorio nacional por
parte del poder de las grandes empresas globales que se instalan aquí con la intensión primordial de drenar su riqueza fuera del país.
Lo anterior explica por qué ha predominado durante décadas un explícito desinterés por parte del gobierno (incluyendo el actual) en incrementar la inversión en ciencia y tecnología: en México el gasto público en esta rama no sólo está muy lejos de alcanzar 1% del PIB añorado, sino que es el más bajo de todos los países de la OCDE. Esto es resultado del predominio de un modelo de desarrollo dependiente y neocolonial volcado a la proveeduría del mercado externo y absolutamente desinteresado en crear ciencia y tecnología propias.
En estas condiciones, resulta ilusorio afirmar que la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) que se acaba de aprobar tiene el objetivo, como lo anuncia su redacción, de “contribuir al fortalecimiento de la soberanía nacional y la independencia científica y tecnológica del país”. Si fuera objetivo del actual gobierno el de dignificar la producción de ciencia y tecnología en el país, veríamos políticas encaminadas a cuestionar el poder monopólico que sobre la ciencia y tecnología tiene las empresas trasnacionales que operan en México. Esto implicaría desmaquilizar al país, cuestionar la voracidad con la que operan las inversiones extrajeras, incrementar significativamente el gasto público en ciencia y tecnología, fortalecer el sistema educativo y dignificar las condiciones laborales de la fuerza de trabajo altamente calificada que únicamente encuentra opciones laborales en la industria maquiladora o en la migración.
La LGMHCTI, lejos de fortalecer el conocimiento científico y tecnológico nacional, busca generar una administración centralizada y jerárquica del ya precarizado, atomizado y dañado sistema científico mexicano. Mientras no se incentive un diálogo amplio y democrático con la comunidad de trabajadores de las ciencias y las humanidades, mientras se omita las necesidades sociales apremiantes de la población trabajadora del campo y la ciudad, mientras no se fomente un proceso de articulación productiva nacional que responda a las necesidades internas y no a las del mercado internacional, mientras no se ponga freno a la depredación ambiental y social que implica el dominio de la lógica de mercado, mientras se siga ofertando el territorio al capital global con políticas de apertura comercial, difícilmente se podrá anunciar que estamos ante la constitución de un sistema de ciencia y tecnología que fortalezcan la soberanía nacional.
Mateo Crossa
Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.
