Por: Neydi Cruz
México, en diversas temáticas, cuenta con una robusta política pública, manifestada en leyes, instituciones, reglamentos, acuerdos internacionales, convenios, y otro tipo de mecanismos de planeación y de toma de decisión aparentemente lógicos e incluso ágiles. Pero los retos sociales, agravados por incoherencias, vicios históricos y coyunturas de todo tipo ponen en jaque a cualquier gobierno y a su sociedad. Esa sociedad civil mexicana que, con todo y sus enormes desigualdades y realidades, ha sido demandante y solidaria, tanto como desarticulada.
Tenemos, por ejemplo, una ley de planeación que desde 1983 establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se debe llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo (PND) así como las actividades de la administración pública federal. Esa misma ley, armonizada con el concepto de presupuesto basado en resultados, es la que determina las características de los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno. Es decir, presupuesto habrá, donde haya planes para gastarlo, con base en la prioridad política y/o en la demanda social.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2020 (presentado en el último trimestre de 2019), el gasto programable se destinaría a 12 acciones, encabezando la lista de prioridades el rubro de seguridad social y salud a derechohabientes, seguido del fortalecimiento energético – de sabida relevancia para el Presidente. Por su parte, las dos acciones de menos presupuesto son fomento económico y medio ambiente (así en combo); y, gobierno de los mexicanos. Dicho de otra forma, 64% a desarrollo social, 28% a desarrollo económico y 9% a gobierno.
En este último rubro de servicios gubernamentales brindados a la población se encuentran el trabajo de justicia, seguridad nacional, asuntos financieros y hacendarios, asuntos de orden público y de seguridad interior, coordinación de la política de gobierno, legislación y relaciones exteriores. Así, en el último escaño está la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con un presupuesto para este año, de $8644 millones de pesos.
En plena pandemia por el COVID-19 se publicó, en apego a la ley de planeación, el programa sectorial 2020 – 2024[1] de la SRE, alineado con el PND que en el rubro de política exterior se refiere a “la recuperación de los principios”. Uno de esos principios de política exterior concebidos en la Constitución Política es la cooperación internacional para el desarrollo (CID); siendo una obligación jurídica del Estado mismo, más allá de cualquier gobierno.
El actual PND afirma que el Ejecutivo Federal ofrece cooperación para todos los países del mundo y, particularmente, para las naciones hermanas de América Latina y el Caribe. El reto (sin la pandemia de coyuntura): la desigualdad reina tanto en México como en la región con la que más comparte su cooperación. El segundo de los cinco objetivos prioritarios del Programa Sectorial de la SRE busca "lograr que la política de cooperación internacional para el desarrollo y de promoción de México en el exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de nuestros socios, con prioridad en Centroamérica, con enfoque de género y no discriminación".
La colaboración de México hacia terceros países ha sido históricamente tan relevante, como los beneficios que nuestro país ha tenido de recibir mejores prácticas, conocimiento, experiencias, intercambios, ayuda humanitaria y tantas expresiones de solidaridad de otros países; lo mismo en términos de préstamos, como de cooperación no reembolsable. Igualmente, México sigue consolidando su presencia en la gobernanza global y los principales acuerdos multilaterales que se instrumentan a través de cooperación internacional. Vaya tarea de hacerlo con el menor de los presupuestos y con la cambiante ruta de prioridades. Los mecanismos, modalidades y temáticas de la CID son diversos, amplios, complejos e innovadores –más aún en el mundo actual.
Según la base de tratados de la SRE, México es signatario de 289 acuerdos de cooperación bilateral; la mayoría en temas económicos, jurídicos, educativos, culturales y, por último, de cooperación técnica y científica. Por otro lado, somos parte de 17 acuerdos de cooperación multilateral, principalmente por la membresía a organismos internacionales y acuerdos multilaterales de medio ambiente. Atención, la SRE es depositaria, más no ejecutora de la gran mayoría de estos acuerdos de cooperación. Que no se olvide el significativo papel que juegan en la consecución de los objetivos de desarrollo (del PND y de la agenda global), cada una de las dependencias de gobierno federal, los propios gobiernos locales y por supuesto, la sociedad civil en su conjunto –incluido sector privado, academia, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía.
Desde el 2011, México cuenta con una ley específica en la materia con pilares hasta hoy no logrados del todo: una agencia, un fondo, un sistema, un registro, un programa y un Consejo Consultivo. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) tiene, según los datos públicos, presupuesto justo para pago de salarios y de cuotas a organismos; pero tareas cruciales y mandatos – lo mismo planeados que circunstanciales. El reto ha estado desde antes en la coordinación, en la falta de una partida presupuestal para la cooperación internacional y en temas de personal, entre otros. Ahora, la AMEXCID debe ser también ejecutora de los programas bandera: “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”; más todos los otros compromisos adquiridos en el ámbito internacional, nuestro papel de oferentes y nuestra condición de socios receptores.
El nuevo plan: eliminar distintos fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuya consolidación apenas surgía tras años de planes y algunos recursos asignados. Sin evaluación objetiva, solo por el mandato del Ejecutivo. ¿El registro? Hay pasos sólidos pero insuficientes. No es útil para el monitoreo, ni para la gestión de las dependencias, ni para la contabilización; mucho menos para la toma de decisiones. Sin duda el panorama es complejo, México es tanto oferente como “receptor”, es parte de diversos mecanismos regionales, ha establecido fondos mixtos con varios países, es socio de la cooperación triangular, la descentralizada y multi-temática.
¿Quién pone, quién dispone y quién todo lo descompone? Juzgue usted. El virus de novedad llegó para descomponer (más) el escenario (obvio). Los planes están, los ideales se reflejan, el presupuesto se asigna y las decisiones políticas determinan. Cuidado, esto no es exclusivo de este gobierno.
Mtra. Neydi Cruz @neydimexico
@institutomora
Coordinadora Académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Profesora de la Universidad Anáhuac Cancún; y consultora en temas de gobernanza climática global y gestión de la cooperación para el desarrollo, entre otros.
[1] Hoy día, están publicados el PND, junto con los 17 correspondientes a cada una de las Secretarías de Estado: Economía; trabajo y previsión social; agricultura y desarrollo rural; defensa nacional; gobernación; bienestar; función pública; desarrollo agrario, territorial y urbano; relaciones exteriores; seguridad y protección ciudadana; comunicaciones y transportes; cultura; marina; turismo; educación; medio ambiente y recursos naturales; y salud.
