Mateo Crossa
Uno de los proyectos que hoy se presenta con grandilocuencia, como la gran prueba de que el gobierno por fin tiene una política industrial “después de haber superado la oscuridad neoliberal” es el del automóvil eléctrico Olinia (otra dosis de esa entrañable narrativa neoindigenista que convierte a los pueblos originarios en adorno discursivo mientras en la práctica se les despoja, agrede y desprecia). Desde la presidencia, y desde no pocos cubículos universitarios, se anuncia, casi con trompetas épicas, el nacimiento de una industria automotriz verdaderamente mexicana, ahora sí “soberana”. ¿Es hora de celebrar? Habrá que ver, pero antes de sacar los pasos prohibidos para elogiar el milagro industrial del Olinia, quizá convendría hacer un pequeño ejercicio retrospectivo y preguntarnos si realmente estamos en condiciones de bailar ese son —con todo respeto para los soneros, claro.
Desde la década de 1980, la economía mexicana fue reconfigurada para funcionar como una gigantesca plataforma maquiladora subordinada por completo a las necesidades del capital trasnacional y al voraz mercado estadunidense. Las corporaciones automotrices transnacionales encontraron en México la combinación perfecta para maximizar sus ganancias: una frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos y una fuerza de trabajo precarizada hasta niveles de infrasubsistencia. Bajo el dogma de la apertura irrestricta y la desregulación absoluta, el país fue convertido en un laboratorio privilegiado de superexplotación laboral, donde las empresas trasnacionales pudieron extraer ganancias extraordinarias a costa de salarios miserables y condiciones estructurales de dependencia. Mientras tanto, la clase política y las élites empresariales nacionales se dedicaron, y continúan haciéndolo, a revestir este modelo subordinado con discursos triunfalistas, presentando la llegada de inversión extranjera como si se tratara automáticamente de desarrollo, modernización y progreso, aunque el saldo real haya sido y siga siendo una economía devastada, cada vez más dependiente, desarticulada y sometida descarnadamente a los intereses del capital trasnacional.
Hoy, más de cuatro décadas después de que comenzara la conversión de México en un gigantesco “territorio-maquila”, el país aparece en los rankings globales de producción automotriz como uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo ¡Que gran noticia! Sin embargo, el asunto es que detrás de las cifras celebradas por gobiernos en turno, consultoras y cámaras empresariales, se esconde una realidad mucho menos glamorosa: las grandes corporaciones automotrices globales, con la excepción de las armadoras chinas que en México están vetadas de facto por el tutelaje geopolítico de Estados Unidos, han hecho del país un negocio extraordinariamente rentable gracias a un modelo basado en salarios deprimidos, desprotección laboral y privilegios fiscales descomunales.
Y mientras tanto, el tan añorado progreso y desarrollo que supuestamente nos iban a traear las inversiones extranjeras, nunca llegaron. La tan anunciada “derrama científico-tecnológica” jamás apareció. Durante décadas se escribieron montañas de artículos académicos, se pronunciaron interminables discursos empresariales y se desplegó una soberbia política de gran envergadura para repetir que la llegada de las corporaciones automotrices convertiría a México en una potencia industrial moderna. La promesa era siempre la misma: transferencia tecnológica, aprendizaje productivo, desarrollo de capacidades nacionales, innovación local. Pero al final lo único que realmente se instaló de manera consistente fue la precarización laboral, la depredación, la dependencia estructural y la subordinación industrial. Después de más de cuarenta años de maquilización del país, México sigue atrapado en los segmentos menos rentables y más subordinados de la cadena automotriz global: ensamblaje barato, proveeduría de bajo valor agregado y mano de obra superexplotada.
Sin embargo, ahora nos piden otra vez un acto de fe. Resulta que, como oficialmente “ya superamos el neoliberalismo”, ahora sí (ahora sí de verdad) vamos a construir nuestro propio automóvil eléctrico: Olinia. Ahora si vamos a tener nuestra industria automotriz mexicana. Y para darle seriedad épica al asunto se anuncia la creación del Centro de Diseño e Ingeniería Olinia. Esta vez, nos dicen, lograremos la anhelada “soberanía” industrial.
El detalle incómodo es que en la industria automotriz las ganancias decisivas no se encuentran simplemente en diseñar un automóvil, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino en controlar la gigantesca infraestructura productiva necesaria para fabricarlo a escala amplio. La industria automotriz es probablemente uno de los sectores más intensivos en capital fijo de toda la economía mundial: requiere inversiones cuantiosas en maquinaria, robots, líneas automatizadas, estampado, fundición, baterías, software industrial, logística y cadenas globales de suministro.
Una cosa es financiar un proyecto de diseño automotriz con unos cuantos millones de pesos para producir renders y prototipos. Otra muy distinta es construir una industria automotriz capaz de producir vehículos masivamente: eso implica inversiones de miles de millones de dólares, largos periodos de maduración y una capacidad financiera que el Estado mexicano no tendría capacidad de sostener mucho tiempo.
Por eso, detrás de toda la retórica soberanista, el horizonte real parece reducirse a dos posibilidades bastante menos heroicas. La primera: que Olinia termine convertida en otro cascarón burocrático, una vitrina propagandística repleta de prototipos simbólicos incapaces de llegar a una producción viable. La segunda, la más probable: que el proyecto termine inevitablemente concesionado o integrado a las grandes corporaciones automotrices y proveedoras transnacionales que sí controlan el capital, las plataformas tecnológicas y las líneas de producción. Y ahí aparecería la ironía perfecta de esta tragicomedia industrial: un automóvil presentado como emblema de la “soberanía nacional” ensamblado en las plantas de una corporación transnacional, utilizando cadenas de suministro controladas desde el exterior y dependiendo de tecnologías sobre las cuales México no tiene prácticamente ningún control productivo. Muy soberano todo. Pase lo que pase, ojalá que mis palabras estén equivocadas.
Lo que habría que comprender es que una política industrial no se reduce a inaugurar un centro de diseño automotriz. La industrialización jamás ha sido simplemente un problema técnico. Es, ante todo, un problema de poder. Un problema de correlaciones políticas, de control económico y de capacidad estatal para confrontar intereses privados del capital trasnacional que hoy por hoy tutelan la política económica del país.
Se pueden proclamar grandes discursos progresistas, nacionalista, soberanistas, desarrollistas y todos los “istas” posibles, pero mientras no exista disposición real para cuestionar el dominio del capital transnacional sobre la economía mexicana, sólo serán palabras y no habrá la menor posibilidad de construir una industria nacional auténtica. La historia económica de todos los procesos de industrialización exitosos (inclusive en términos capitalistas) es bastante clara al respecto: no existe un solo país que haya logrado industrializarse dejando intacto el poder de las grandes corporaciones privadas y permitiendo operara sin condicionamientos. Ninguno.
Toda industrialización implicó, en distintos grados, disciplinar al capital: gravarlo fiscalmente, obligarlo a transferir tecnología, imponer requisitos productivos, desarrollar capacidades científicas nacionales, proteger sectores estratégicos y subordinar la lógica de acumulación privada a objetivos nacionales de largo plazo. Pero en México ocurre exactamente lo contrario. El territorio nacional sigue ofreciéndose prácticamente en bandeja de plata a las grandes corporaciones transnacionales, particularmente a las estadounidenses, para que hagan lo que saben hacer: superexplotar la fuerza de trabajo, apropiarse de recursos públicos, destruir territorios, precarizar regiones enteras y extraer ganancias extraordinarias por el nulo pago de impuestos y enfrentar mínimos condicionamientos regulatorios, tecnológicos o ambientales. Y mientras ese modelo siga intacto, hablar de “soberanía productiva” no pasa de ser una consigna que se desvanece en el aire.
Por eso el problema del proyecto de carro Olinia no es únicamente la limitada inversión que hasta ahora se ha destinado al desarrollo del automóvil eléctrico —aunque eso ya revela bastante sobre sus límites reales— sino el hecho de que todo apunta a que, tarde o temprano, la producción terminará concesionada a las mismas corporaciones automotrices transnacionales que ya dominan por completo el sector. Es decir: el Estado asumiría los costos simbólicos y propagandísticos del proyecto, mientras el capital privado concentraría las ganancias efectivas derivadas de la manufactura.
No puede existir soberanía industrial en un país cuya política económica continúa subordinada dogmáticamente a la apertura irrestricta, a la atracción indiscriminada de inversión extranjera y a la dependencia estructural respecto de las cadenas globales controladas por corporaciones transnacionales. La condición mínima para pensar siquiera en una política industrial real sería comenzar a condicionar al capital trasnacional: fiscalmente, tecnológicamente, científicamente y productivamente.