Por Gerardo Bonilla Alguera
El pasado 27 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs). Este año Naciones Unidas impulsó un mensaje global orientado a reforzar el papel de estas unidades económicas como “motores de crecimiento sostenible y la innovación”. Además, propició la reflexión sobre los principales obstáculos que enfrentan estas empresas para desarrollar todo su potencial. Entre los más notables, señalados por el organismo internacional, se encuentra la informalidad que las deja fuera del sistema financiero y sin protección legal para sus trabajadores.
Sin duda alguna, la dificultad para acceder a créditos y la precariedad laboral ponen en riesgo la supervivencia de estas empresas. En el marco de esta conmemoración vale la pena referirse también a otro obstáculo estructural que en México atenta contra el desarrollo de un ecosistema de MIPYMES. Me refiero a la victimización y sus costos económicos para estas unidades económicas.
Antes de presentar los datos de incidencia delictiva en unidades económicas, es pertinente ilustrar la importancia de la MIPYMES. En México las empresas son consideradas micro si tienen entre 0 y 10 empleados, pequeñas si su personal es de 11 a 50, medianas de 51 a 250 y grandes con más de 250. De acuerdo con los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023 había 5 millones 451 mil 113 unidades económicas en el sector privado, mismas que daban empleo a 27 millones 785 mil 505 personas.
En nuestro país las empresas micro son particularmente importantes por tres motivos. En primer lugar, son las que predominan, representan el 95.5% del total de unidades económicas. En segundo lugar, son las que más oportunidades laborales generan con 11 millones 542 mil 522 empleos. En tercer lugar, el empleo es más equitativo e incluyente, el 50.5% de las personas ocupadas en este tipo de empresas son mujeres.
Las unidades económicas pequeñas representan el 3.7% del total y dan trabajo a 4 millones 102 mil 017 personas (41.9% mujeres). Mientras que las empresas medianas tienen una participación de apenas 0.7% y generan 3 millones 996 mil 298 de empleos (37.5% mujeres). Finalmente, las empresas grandes son las segundas mayores empleadoras con 8 millones 144 mil 668 trabajos formales (37.6% mujeres).
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2024) del INEGI se estima que en 2023 aproximadamente 1.3 millones de empresas fueron víctimas de al menos un delito. Esta cifra equivale a una tasa de 2,722 víctimas por cada 10 mil unidades económicas. Aunque representa una clara disminución respecto al dato más alto registrado en 2011 (3,737) es importante señalar que implica un aumento estadísticamente significativo respecto a la medición previa de 2021 (2,463). Los sectores más afectados son el comercial con una tasa de 3,150 por cada 10 mil unidades económicas, le siguen los servicios con un registro de 2,417 y la industria con 2,162.
Considerando el tamaño de la unidad económica los datos de la ENVE indican que las empresas medianas son las que registran la mayor tasa de victimización (4,899), le siguen las grandes con 4,731, las pequeñas con 4,065 y finalmente las micro con 2,632. Es importante señalar que solamente las micro y pequeñas registran incrementos respecto a la medición previa de 2021. La extorsión, el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes y el robo hormiga son los delitos más frecuentes.
A nivel nacional el costo promedio del delito por unidad económica fue de $54,451 pesos. En las empresas grandes esta cifra se eleva hasta $1,367,366, en las medianas fue de $517,203, en las pequeñas de $157,273 y en las micro de $32,380. Sin embargo, el mayor incremento porcentual -respecto al 2021- lo registran las empresas micro con 17.7%.
Estos datos muestran configuran una somera radiografía del desafío en materia de seguridad pública al que se enfrentan las MIPYMEs en México. Ciertamente, las políticas económicas y laborales son clave para su creación y desarrollo, pero también hay que protegerlas de la delincuencia común y organizada. En el 59.1% de las unidades económicas consideran que el principal problema que les afecta es la inseguridad y la delincuencia (ENVE, 204). Esta percepción no puede ser soslayada. Es necesario revisar, evaluar y mejorar las políticas públicas focalizadas en la prevención de extorsiones y robos.
Gerardo Bonilla Alguera
Profesor-Investigador del Instituto Mora. https://www.institutomora.edu.mx/Investigacion/GerardoBonilla/SitePages/Inicio.aspx
