La comentocracia consideró exitoso el triple play presidencial en terrenos legislativos, judiciales y políticos al imponer su decisión sobre el rumbo a seguir por la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa y anular a la alianza opositora, hoy en peligro de perecer.
Me atrevo a pensar que pueden ser batazos de “faul” y no jonrones, tiros que llegarán a la tribuna para ser registrados contra México, violatorios de la Constitución y acuerdos internacionales en materia de seguridad pública.
Los organismos internacionales cantan el “faul” y emiten opiniones reprobatorias al gobierno mexicano y señalan que la prisión preventiva aplicada como la utiliza este gobierno, contraviene derechos humanos y viola el texto del artículo 19 constitucional al considerar la evasión fiscal, entre otras conductas como “delito contra la seguridad nacional”.
Los toletazos muestran eficacia para nulificar a la oposición, la amenaza o terrorismo contra sus líderes y la exhibición pública de su presunta corrupción rampante.
La democracia mexicana sigue perdiendo piso. El hecho más grave es el ánimo de acabar con el árbitro electoral, reconstruir un régimen de partido único de Estado, criticado incluso desde espacios de Morena, para hablar claro, siembra el camino a una dictadura populista.
La adscripción de la Guardia Nacional (operativa y jerárquicamente) a la Sedena, presenta problemas y distorsiones graves. La GN debió ser una fuerza pública civil, como en cualquier país con diseño de república democrática. Lo poco que se había construido en ese sentido ha sido desmantelado en el actual gobierno.
El 16 de septiembre veremos el primer desfile de un cuerpo policial formado por elementos de las fuerzas armadas vistiendo uniforme de la GN, una imagen que cuasi legaliza a las fuerzas armadas en la seguridad pública del país. Compuesta por 123 mil elementos, 100 mil provienen del Ejército o la Marina y 23 mil de la desaparecida Policía Federal ¿Qué pasaría si el ejército retira a sus efectivos de la GN? ¿otro cascarón?
Salvo algunas funciones de carácter administrativo, la SSPC queda reducida a un fantasma de la administración pública federal.
¿Esta anexión resolverá los problemas estructurales causa y consecuencia de la creciente inseguridad en las calles y en las localidades donde enseñorea la delincuencia organizada? La respuesta es: Ojalá, pero seguramente no. Salvo algunos avances exitosos en CDMX, Yucatán, Campeche, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes los estados viven inmersos en frecuentes y graves crisis de seguridad pública, con policías inoperantes o francamente asimiladas a la lógica de la delincuencia y la impunidad criminal.
El mando militar en la principal corporación nacional de seguridad pública terminará de anular los esfuerzos estatales y municipales. No es en el centro político —con sólo el 11 por ciento de la población nacional— donde se debe actuar contra la inseguridad, sino en las 31 entidades restantes, donde habita el 89 por ciento de los mexicanos.
Con una fuerza federal presente en la vigilancia de aeropuertos, aduanas, instalaciones estratégicas, pero metida en tareas ajenas a su misión constitucional, es posible que se amplifique lo que está a la vista de cualquier persona que utiliza autopistas y carreteras y que cada vez percibe más riesgos de asalto y robo, incluso en la autopista de CDMX a Querétaro, en la Del Sol hacia Acapulco o en las rutas de aquí a Veracruz o a Tamaulipas, favoritas para el robo a transportes de carga.
Los patrullajes de la Guardia Nacional en carreteras federales –afectados por recortes en la dotación de gasolina- han multiplicado las “patrullas” de utilería que no consumen gasolina, pero cuya presencia ya no infunde respeto ni a los pájaros. Mal signo y peor augurio para la paz social y la seguridad de la población.
