Los gobiernos de México y Estados Unidos deberían revalorar el significado de compartir 3 mil 143 kms de una de las más transitadas fronteras del mundo, con más de 370 millones de cruces de personas al año.
Las profundas consecuencias de este hecho deberían llevar a cada gobierno a superar y trascender los vaivenes de la “diplomacia tuitera” y apostar claramente por definir una agenda bilateral responsable y de Estado.
Para la Presidenta de México, depurar la relación pasaría -entre otras cosas- por dejar de aparentar que vivimos en el mejor de los mundos posibles y aceptar el saldo de omisiones, rezagos y desviaciones que le deja una herencia sexenal, sustentada en “otros datos”, o en la inacción que prodigaba “abrazos no balazos” ante los grupos criminales, o la erosionada administración pública 2018-24 marcada por la corrupción, la manga ancha, el tráfico de influencias, la incompetencia y por una salud pública “como en Dinamarca” desde hospitales y clínicas hundidos en el desabasto de medicinas; o instancias de gobierno indolentes ante realidades como el huachicol fiscal y el mercado ilegal de hidrocarburos.
Es tiempo de definiciones internas y hacia el exterior. Las flechas dirigidas desde indagatorias abiertas en EU (hasta por el gusano barrenador) pegan directo en el omiso ecosistema morenista, entre gobernadores, funcionarios y cuadros políticos del oficialismo.
Podría ser un hecho trascendente y un verdadero parteaguas en la historia de México si la Presidenta logra romper el cerco de los nuevos emisarios del pasado hoy presentes, que le impide intentar una manera diferente de gobernar y de plantar cara ante Estados Unidos con nuevos márgenes de autoridad moral y como interlocutora capaz de hablar con firmeza y credibilidad ante quien sea.
De no romper con el pasado y el cerco que le imponen sus emisarios del pasado, habrá desperdiciado la oportunidad institucional de conducirse como estadista a la altura de este tiempo y de un país urgido de sobreponerse al riesgoso y demencial proceso de una reforma judicial que se erige como la obra máxima en la demolición de las instituciones de justicia.
Si México necesita reconfigurar en lo externo una agenda bilateral corresponsable, le urge también en lo interno salir de confusiones con inteligencia, coherencia y voluntad política desde la presidencia de México y deslindarse de un morenismo duro que la ancla en el pasado.
En el tema candente del mando civil o militar en la seguridad pública, corresponde a la SSPC operar la coordinación con Defensa y Marina y con los estados como cabeza civil del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional. Así lo ordena el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, debería estar bajo la coordinación de la SSPC.
Hasta hoy, ninguno de los graves episodios y crisis de la seguridad pública ha sido resuelto a profundidad y en la propia capital se hace evidente la violencia en las calles por asaltos frecuentes a comercios y domicilios, y homicidios que agravan la percepción ciudadana de la inseguridad, incluso las manifestaciones y bloqueos de calles, avenidas y carreteras favorecen la acción de la delincuencia.
Si la tensión con EU seguirá siendo la nota dominante en la relación y la cooperación bilateral, el clima resultante seguirá impactando también los temas de comercio y afectando las inversiones de origen norteamericano en México, y también las chinas, japonesas y noruegas que optan ante la confusión de inercias e indefiniciones por redirigirse a otros países.
La acumulación de factores internos y externos seguirán colocando a la Presidenta ante oportunidades decisivas, para trazar un rumbo propio y alejarse de la inercia y del legado insostenible de su antecesor. Es eso, o seguir políticamente subordinada a su figura y atrapada en su sombra por ausencia de definiciones.
Notario, ex Procurador General de la República
