Si el acceso a la justicia en México ya es difícil para quienes tienen pleno uso de sus capacidades, para aquellas personas en estado de vulnerabilidad o con algún tipo de discapacidad se ha vuelto prácticamente inalcanzable, fruto del mismo desinterés que mantiene la infraestructura de las ciudades carente de los elementos mínimos para el libre tránsito como banquetas en buen estado o rampas en calles y edificios.
En México existen más de 20 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 16.5% de la población; aunado a un segundo segmento de personas a las que estas medidas impactan indirectamente, los familiares de los propios discapacitados, con lo cual el número de agraviados alcanza una cifra altísima.
El olvido sistemático del gobierno ha obligado a que las personas discapacitadas tengan que luchar cada vez más con un entorno que consciente o inconscientemente exacerba sus limitaciones. El desdén con el que se atienden las recomendaciones y exigencias, producto de los convenios internacionales que México ha suscrito desde 2007, ha ocasionado que las leyes y reglamentos para la protección de personas en este segmento poblacional se conviertan cada vez más en letra muerta.
En el extremo de esta realidad que se ha agravado desde 2019, quienes presentan algún tipo de discapacidad física, psicosocial o intelectual se han integrado al México invisible u olvidado a causa de un gobierno que decidió transformar los hospitales psiquiátricos en supuestos hospitales generales, movimiento semejante al que desmanteló y saqueó al Seguro Popular para imponer el aún más fallido Insabi.
El modelo de atención de los Centros de Asistencia e Integración Social, CAIS, ha dejado en el abandono a 64% de los pacientes que estaban internados en instalaciones de los ahora desaparecidos nosocomios, los cuales atendían a enfermos de esquizofrenia, trastornos psicóticos por drogadicción, bipolaridad u otros padecimientos discapacitantes.
Este tipo de medidas inauditas, sumado a las barreras culturales, actitudinales y físicas que agravan esta realidad, y a un entorno social abusivo, que discrimina y estigmatiza a pacientes con problemas de conducta es apenas la punta del iceberg.
¿Sabe el lector que en la CDMX existe incluso una ley que penaliza el abandono a personas mayores o discapacitadas con castigos de tres meses a tres años de prisión? (Fracción X del artículo 3 y fracción IV del artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores).
En un nuevo escenario de rescate y fortalecimiento de políticas públicas hacia las personas discapacitadas, el Estado mexicano debería atender la inmensa deuda que tiene con los millones de mexicanos a los que ha soslayado, y diseñar esquemas que permitan superar la discriminación sistemática de la que son objeto.
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad estableció en 2006 la exigencia de implementar mecanismos de inclusión y accesibilidad para que una persona con discapacidad no esté impedida de acceder al ejercicio de todos sus derechos. Hasta hoy el gobierno mexicano ha incumplido dicho mandato y la SCJN ha sido la única instancia que ha reaccionado a través de la resolución de inconstitucionalidad del juicio de interdicción, el cual consistía en declarar a una persona incapaz para manejarse de forma autónoma y la obligaba a ser sustituida por un tutor, lo cual terminaba por anular su voluntad.
A pesar de la urgencia y necesidad que se tiene de legislar en esta materia, parece que tanto al ejecutivo como a los legisladores los tiene sin cuidado la situación y prefieren darle prioridad a los temas que sí les importan, aquellos que tiene que ver con cómo mantenerse en el poder. Tal vez el día que se acuerden que ese 16.5% también vota se apuren a poner en la agenda las discusiones a las que hoy miran con tanta indiferencia.
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