A la Corte le ha dado por manipular la palabra dignidad como un salvoconducto para transgredir derechos ciudadanos. Ahora lo utiliza como fetiche moral para ignorar realidades complejas tras una pátina de benevolencia.
Cuando la SCJN resuelve que el incremento en las rentas en la CDMX se ajuste al índice inflacionario, abre la puerta para retroceder medio siglo hacia el México de las rentas congeladas: de plano echa a la basura la experiencia histórica de que la justicia no se decreta y sólo se construye desde la certeza jurídica.
Esta medida, maquillada de justicia social al igual que el derogado artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos CDMX, terminará atropellando otra vez a los ciudadanos. La pasividad colectiva es alarmante: mientras se celebra la contención por decreto de los precios, el gobierno les mide el cuello para ajustarles la soga cuando le venga en gana.
El derecho humano a la vivienda digna se invoca como amuleto milagroso contra la precariedad, consecuencia de la ineficiencia y sobrerregulación que el Estado alimenta como una constante histórica. El Inegi estima que el déficit de vivienda alcanza en el país los 8.5 millones, una brecha que no podrá cerrarse con decretos, sino con inversiones, planes y programas bien coordinados y sustentados.
Nos cobran impuestos y derechos por construir, demoler, arrendar y adquirir; además de un ISR federal que desde 1973 castiga tanto la renta como la venta, obligándonos a pagar incluso cuando se compra en un precio menor al que estima el valor comercial.
Hemos olvidado que el derecho a la vivienda, como otros derechos humanos no nacieron en sofisticados seminarios ni en despachos alfombrados. Todos provienen del reclamo social y ciudadano para contenerle las manos al gobierno, esa entidad incapaz de autorregularse, pero hambrienta de controlar la vida y el patrimonio de los demás.
En la Declaración de los Derechos del Hombre, la libertad no buscó ser un poema para adornar fachadas gubernamentales. Fue un acto frontal contra el absolutismo, una victoria tangible frente al calabozo del monarca, siempre dispuesto a encerrar a los individuos por un simple susurro o desaire a la corona. El derecho a la propiedad, no nació para proteger la avaricia de pocos, sino garantizar que el soberano dejara de disponer de los bienes ajenos de muchos, como si fueran un botín político personal.
En su esencia más pura, la propiedad privada es -y así fue concebida- como la frontera final del individuo frente a la voracidad de quienes confunden el tesoro público con su propia bolsa de monedas. Sin propiedad, el ciudadano queda reducido a un arrendatario de su existencia, siempre a merced del humor, el capricho o la urgencia fiscal del burócrata en turno.
Con una corte obsequiosa, sin frenos ni contrapesos ante el poder, estamos ante un perverso giro que borra de golpe siglos de luchas liberales y conquistas civilizatorias ante el Estado para frenar su instinto antipatrimonial y controlador desde el que hoy vuelve a dictar qué debemos hacer.
El Estado cava la tumba de la privacidad y la Suprema Corte le sostiene la pala al limitar la capacidad jurídica de pactar entre particulares. Esto provoca en el mercado inmobiliario, la escasez de oferta que encarece aún más la vivienda y debilita el contrato social original. Si el Estado decide hoy el precio de una renta sobre un concepto insostenible y fantasioso de dignidad ¿qué le impide decidir mañana cualquier otro aspecto del patrimonio particular o la libertad, la salud, la seguridad, la educación, el medio ambiente o la familia?
La dignidad nace del respeto a la libertad y a la esfera de derechos que permiten al individuo ser actor fundamental de su destino. Al confundir el intervencionismo estatal con un derecho fundamental, seguiremos entregando, pieza por pieza, el escudo que tanto ha costado forjar frente al poder absoluto.
El Estado nos quiere dependientes y silenciosos. Sin defensores activos de las libertades individuales el Leviatán seguirá tocando y cruzando como si nada el umbral de tu puerta.
Notario y exprocurador de la República