Aunque se presenta como un ligero arreglo de carpintería, el reformismo político que impulsa la 4T vuelve a dañar de fondo, los ya debilitados cimientos constitucionales de una casa cuya arquitectura democrática y republicana se consume en llamas desde 2019.
La compulsión reformadora y casi patológica del oficialismo, con una frecuencia que marea, cepilla leyes, lija reglamentos y rebana las posibilidades de una verdadera democracia de arquitectura republicana, con contrapesos constitucionales, transparencia, rendición de cuentas, división de poderes y jueces independientes.
El mismo artículo de una misma ley, puede ser modificado en un mismo periodo legislativo, incluso dos veces al mes, en un desaseo jurídico que no busca leyes para avanzar en las mejoras que reclama la casa común, tan sólo quiere darle más comodidad a quienes la habitan arriba, al servicio del aberrante proyecto “remodelador”.
Entre el crujir de los cimientos constitucionales, el país se sigue hundiendo en la precariedad económica y social y en una carnicería cotidiana. Muertes, desapariciones, municipios sumidos en el miedo y el silencio, dan forma real a un México donde el Estado es una anécdota y la ley vigente es la del cartel.
¿Es realmente la morfología de las urnas una urgencia vital? ¿O es sólo otra distracción para no mirar el avance del deterioro real y el suelo manchado de sangre cuando el crimen organizado se revela como un gran elector?
Cualquier democracia es perfectible y más en un sistema tan lleno de rezagos como el nuestro, con vicios que arrastramos como grilletes. Sin embargo, una honesta agenda pública debería priorizar la importancia de los temas, no ser la sumatoria de caprichos ideológicos de una oficina palaciega.
Colocar la configuración del Congreso en el centro del debate nacional, envía un mensaje de una crueldad infinita. El Estado es incapaz de garantizar la vida de sus ciudadanos, pero vende la idea de que su prioridad ética es recalcular la representación proporcional.
Mientras madres buscadoras recorren desiertos ante la mirada indiferente del poder, el gobierno prefiere discutir la arquitectura de los escaños. Las cifras terminan danzando entonces sobre el cementerio donde yacen las esperanzas.
Si aceptamos entrar a la ciénaga de la discusión técnica, encontramos una segunda capa de podredumbre; toda democracia madura revisa sus reglas, pero debe hacerlo bajo el rigor del diseño institucional, sin el hambre voraz de la camarilla. Recordamos las lecciones de los sistemas institucionales, los equilibrios que Robert Dahl o John Rawls consideraron como mínimos civilizatorios.
Las reglas deben maximizar la justicia y la competencia bajo condiciones de incertidumbre democrática tales, que permitan redactar la norma como si no supiéramos si mañana seremos parte de la mayoría o de la minoría. Esa es la verdadera prueba de fuego moral que la propuesta de reforma política esquiva con maña.
Eliminar o reducir las listas plurinominales, no busca el ahorro de unos cuantos pesos. Su finalidad es arrinconar a las minorías y apresurar su silencio. El diseño propuesto busca lograr la sobrerrepresentación sistemática que permita culminar el secuestro de la voluntad general. Esto es, catafixiar una vez más un porcentaje de votos para lograr una mayoría legislativa inflada artificialmente. No es eficiencia el resultado, sino otra erosión del pluralismo.
La democracia requiere no sólo mayoría numérica, sino oposición efectiva, contrapesos y múltiples centros de poder. Lo que se ofrece hoy es un monólogo con pretensiones de mandato divino en nombre del pueblo.
En 1977 y en medio de una crisis de legitimidad, Jesús Reyes Heroles propuso una reforma que logró ampliar la representación proporcional, integró y dio voz activa a las minorías, “captó el complicado mosaico ideológico nacional” y legitimó al régimen mediante la inclusión plural de todas las expresiones políticas.
La propuesta de hoy invierte esa lógica con saña asombrosa. Del diseño de reglas que protegían al perdedor potencial, la propuesta actual amplifica la impunidad aritmética y reduce los mecanismos que corrigen la ventaja del ganador: concentra el poder en quien ya lo tiene.
Al asfixiar a las minorías y decretar su propia legitimidad ante la complacencia de jueces a modo, el régimen se queda con todo el escenario, decidido a ser el actor único que preludia a la tiranía.
El verdadero problema electoral de México no es el costo de las boletas, sino que las campañas puedan ser pagadas con billetes manchados de sangre y pólvora, por el crimen organizado, el mismo que se exhibe ya como interlocutor y gestor de territorios, el movilizador de votos o eliminador de candidatos incómodos. Una reforma electoral que ignore esta metástasis revela una ingenuidad criminal o una complicidad deliberada. La autonomía del árbitro, no era un lujo técnico, sino la única barrera para evitar que las elecciones sean un mercado de influencias criminales. Un árbitro fuerte legitima al ganador, un árbitro humillado y desdentado genera una sospecha permanente que carcome la estabilidad nacional.
Volvemos al punto de partida: una reforma no debería ser una triquiñuela para consolidar mayorías, sino un escudo correctivo de la equidad, la autonomía y la competencia real.
Mientras numerosas comunidades municipales vivan bajo la amenaza del toque de queda impuesto por sicarios, el debate es otra distracción obscena. En tiempos de oscuridad, un acto de responsabilidad histórica antes de que el silencio sea absoluto, sería reclamar, exigir y preservar equilibrios y contrapesos ciudadanos.
Toca al ciudadano no abandonar la voz, hacer ver que la acción cívica aun en formas modestas de organización local, periodismo independiente, litigio estratégico o redes de apoyo puede abrir espacios políticos, rescatar la casa en llamas antes de que el humo haga irreconocible la promesa democrática cada vez más distante.