El huachicol no surgió en el sexenio de López Obrador, pero se desbordó durante su presidencia. La evidencia irrumpe con el dramatismo incriminatorio del cadáver que emerge de repente y flota a la vista de todos sin sorprender a nadie.
En 6 años el trasiego ilegal de petrolíferos pasó de ser una actividad clandestina de pinchadores de ductos, a un sistema tecnificado de agentes profesionales -con y sin uniforme- que ilegalmente planean, importan, almacenan, distribuyen, transportan y venden petróleo, gasolinas y diésel.
Es muy significativo que en este contexto Pemex se niegue a informar públicamente, como lo reveló EL UNIVERSAL, acerca de las entregas de petróleo mexicano al gobierno de Cuba que realiza desde julio de 2023, e invoque que “Gasolina Bienestar”, filial de Pemex y fachada para esas operaciones “es una sociedad mercantil de derecho privado” y “no es sujeto obligado en materia de transparencia” (sic): el huachicoleo oficial e institucionalizado.
Entre mentiras y opacidades, el 1 de septiembre de 2023 se dijo: “ya no hay huachicol ni arriba ni abajo”. Según estimaciones del SAT, de la extinta CRE y Pemex, el equivalente en volumen a 30% del consumo diario de gasolinas y diésel (unos 36 millones de litros sobre un total de 124 millones de litros consumidos cada día), son de dudoso origen o abiertamente ilegales y no pagan IVA ni IEPS. El fraude fiscal del siglo supera los mil millones de pesos al día (365 mil millones de pesos al año, durante 7 años, al menos hasta el día de hoy).
La complicidad de funcionarios y altos mandos de la Marina en el huachicol fiscal no es sólo cuestión de dinero, significa que una parte del Estado fue capturada y puesta al servicio de la economía criminal.
Una encuesta reciente sobre la percepción pública de la corrupción, señala que sólo 21% de la población confía en que el gobierno quiere combatirla; es decir, ni quienes votaron por Morena creen más el cuento de “no robar, no mentir y no traicionar”.
El caso Segalmex, el desfalco más grande de los últimos 25 años, sigue abierto y sin castigo, como ocurre con otras presuntas malversaciones en obras emblemáticas del obradorato.
La corrupción huachicolera dejó de ser el acto rudimentario de campesinos agujereando ductos de madrugada. Hoy hablamos de una operación de dimensiones industriales: buques tanque cargados con millones de litros movidos en rutas internacionales; ductos y pipas circulando con protección oficial; aduanas que cierran los ojos; militares y marinos que participan o consienten; acompañado además de muertes sospechosas de testigos y denunciantes que hacen la trama aún más truculenta.
Nada de esto ocurre sin una red de funcionarios de alto nivel, empresarios cómplices y operadores criminales que engrasan la maquinaria. El robo de combustible ya no es huachicol, es un sistema de corrupción institucionalizado que convierte al propio Estado en garante del saqueo.
Olvidada la tragedia de Tlahuelilpan, la propaganda mañanera hizo creer que cerrar válvulas y perseguir a ordeñadores de ductos frenaría la expansión del mercado ilegal, mientras detrás de cámaras se fraguaba el verdadero negocio y saqueo masivo.
¿Qué infraestructura y complicidades de cuello blanco se necesitan para autorizar permisos de importación, almacenamiento y manejo aduanal, distribución y logística para alimentar un mercado paralelo que mueve millones de litros de combustible ilegal cada día?
El legado recibido por Claudia Sheinbaum la ha llevado a tener que dar la cara. La pregunta es ¿se atreverá a remover el fondo del lago? Bastaría que un juez federal independiente recibiera el expediente de la FGR y comenzara a atribuir responsabilidades conforme a derecho.
El combate a la corrupción podría venir de este gobierno, sólo si la Presidenta asume su tarea como estadista y se coloca con firmeza ante la circunstancia en que la ha puesto la historia. Se ve difícil.
Notario, ex Produrador General de la República
