Desde el oficialismo legislativo y ataviados con facultades que exceden, violentan y trastocan la división de poderes, los promotores de las reformas aprobadas la semana pasada tensan al máximo la cuerda de las hostilidades contra el Poder Judicial.
Desde una autodenominada “supremacía constituyente” los legisladores oficialistas exceden por mucho las facultades que les otorga el artículo 135 para cambiar y reformar la Constitución y se dedican a echar abajo la estructura de gobierno establecida por el único y verdadero Congreso Constituyente que ha sesionado y actuado como tal desde 1917.
Desde una lamentable y riesgosa combinación de soberbia e ignorancia, el oficialismo continúa tergiversando la premisa que establece (art. 39) que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y de éste dimana para su beneficio. Debe entenderse que la soberanía nacional se ejerce por medio de los tres poderes complementarios e independientes, no en dos.
La machacona invocación al resultado de las urnas de junio del 2024 como “justificación” y fuente de cualquier decisión, pasa por alto la propia aritmética electoral: 48 por ciento de los ciudadanos no votaron por los candidatos del oficialismo.
Al menos que quede claro. La desaparición y trastocamiento del poder judicial desde el Ejecutivo y el Legislativo destruyen un modelo básico de país y de gobierno. Los cambios aprobados no son una adición ni una reforma, sino llevan a un gobierno distinto y ajeno de hecho a la Constitución de 1917. Incumple también su palabra quien ofreció hace menos de un mes gobernar para todos.
Avancemos en el análisis. La soberanía popular está estructurada en la división e independencia funcional y concertación de tres poderes, no en la confabulación de dos para someter al tercero, al que despojan de su independencia y autonomía y le mutilan una de sus facultades más importantes, la de impugnar o frenar leyes que se consideren contrarias a los derechos fundamentales de los mexicanos.
En lugar de impugnar y controvertir con la ley en la mano aquellas decisiones judiciales con las que no están de acuerdo, el gobierno y sus legisladores ejecutaron también ꟷcon irresponsable plumazoꟷ la castración del juicio de amparo al reformar los artículos 105 y 107 y eliminar la posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
¿Qué significa esa monstruosa aprobación? Que cualquier disposición que afecte derechos humanos, fundamentales de los ciudadanos no podrá ser impugnada ni controvertida, dejando a los afectados a merced de los gobernantes y sin posibilidad alguna de defensa.
¿Es el Poder Legislativo la voz unívoca del pueblo mexicano y sólo sus integrantes representan los intereses de los ciudadanos? “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…” (art. 41). No se refiere a uno o a dos de ellos, sino a los tres. Su conjunción es una distinción cualitativa, no cuantitativa.
Por más mayoría calificada que hoy luzca desde el oficialismo, el Congreso es un poder constituido, no un congreso constituyente. En términos del 135, se puede adicionar o reformar la Constitución. Para cambiar la estructura jurídica básica del país se requiere la integración de un congreso constituyente.
Un congreso constituyente requiere ser convocado exprofeso para crear la Constitución y una vez que la crea desaparece y abre paso al surgimiento de tres poderes constituidos, cuyas responsabilidades diferenciadas y complementarias son: hacer las leyes, ejecutarlas y resolver los conflictos que surjan. No hay más.
La facultad de cambiar la forma de gobierno y establecer otros límites al equilibrio y la independencia entre poderes es única y exclusiva de un congreso constituyente.
Si, como se pretende, el Poder Judicial y su nueva estructura dejan de intervenir en los conflictos para revisar el ejercicio del Ejecutivo y el Legislativo se estará negando de fondo la división de poderes y autorizando de hecho al Legislativo y al Ejecutivo a la desobediencia de las leyes. ¿Quién exigirá a los legisladores y a la presidenta que se autorregulen y eviten ponerse por encima de la Constitución?
Quienes ven con entusiasmo el sometimiento del Poder Judicial a la voluntad del Legislativo y el Ejecutivo pasan por alto que el más profundo y verdadero agravio es contra los ciudadanos, a quienes se deja en absoluta indefensión ante las reformas que impulsa el actual partido hegemónico.
Si el oficialismo ha elegido el sendero populista de las autocracias y las dictaduras, que lo asuma. El desacato al Poder Judicial y a la Constitución es el acto que dibuja el rostro de una dictadura. Sólo en ellas no se puede reclamar a los dirigentes políticos el colocarse por encima de la ley y fuera de sus alcances hasta convertirse en poderes fácticos.
Notario y exprocurador de la República
