Dos sucesos recientes describen y proyectan un peligroso proceso de degradación social que impactará directamente la vida de los mexicanos.
Con millones de niños sin clases y sus profesores pasando lista de presentes en bloqueos y plantones en la CDMX, que provocan la indignación y frustración de los capitalinos, es claro que la CNTE le tomó la medida al régimen que en 2018 la hizo su aliada electoral.
En política nada es coincidencia, todo es consecuencia. Hoy la CNTE puede desquiciar calles y avenidas en la capital del país, cobrar y vender favores ante el pasmo y la tolerancia de los gobiernos federal y local.
Son también —por la buena o por la mala y cuando les venga en gana— los administradores de plazas, promociones, ascensos, adscripciones y cualquier otra prerrogativa que reciba cada uno de los casi 1.5 millones de profesores movilizables por líderes, por conveniencia de gobernadores o grupos de presión dentro y fuera del morenismo hegemónico.
Una educación liberadora, que prepare para la creatividad y la vida productiva con respeto al conocimiento y a las libertades individuales, es todo lo contrario de la obediencia fanática a papá gobierno como factor de cohesión e identidad nacional.
Si la impunidad es tolerada y la ley es constantemente vulnerada por el propio gobierno; si los excesos de los funcionarios no se persiguen y la corrupción se tolera, seguirá en retroceso. La involución ahora parece estar garantizada.
Durante su campaña de 2006, Andrés Manuel rechazó frecuentemente cualquier alianza con los sindicatos magisteriales y sus líderes, a quienes acusó directamente de corrupción.
Pero el López de 2018 no siguió la confrontación, sino tejió alianzas con los poderes fácticos, no sólo con los maestros, algo que demuestran hoy los desastrosos resultados que arrastramos en materia de inseguridad y de narcotráfico.
Mucho se ha dicho de una negociación de último minuto con la entonces lideresa del SNTE, decisiva para inclinar a su favor una balanza que se veía difícil de enderezar y que ayudó a cubrir las mesas de cómputo en todo el territorio nacional.
Aprendida la lección, los discursos de campaña en 2018 ya no fueron contra los sindicatos. El nuevo enemigo fue la reforma educativa de 2013 que les restó poder y capacidad a los líderes sindicales para repartir por dedazo y lealtad política los ascensos y las plazas laborales.
La reforma de 2013 ordenaba la evaluación de los maestros, el concurso de méritos, la profesionalización constante y las vías de ascenso y promoción para mejores salarios. El modelo se acercaba a las recomendaciones de la OCDE para una educación de calidad internacional, competitiva incluso con la de países como Corea, China, Singapur y otros que han demostrado el éxito de sus modelos educativos.
Una de las primeras acciones del expresidente fue ordenar en un memorándum dirigido a toda la burocracia y administración pública —y en grave violación a la Constitución bajo el pretexto de que las leyes injustas no debían ser aplicadas— la invalidez de la reforma educativa constitucional, algo que convirtió en marca personal de su gobierno.
Sin controles para evaluar a los profesores comprometidos con elevar la calidad de la educación de los niños, la elaboración de los planes de estudio fue conquistada por la ideología.
¿Hacia dónde va hoy la educación pública en nuestro país? ¿Cuál puede ser el rumbo social de un país con muy bajo nivel educativo? ¿Cuánto tiempo más habrá gobiernos populistas con disfraz demócrata y prácticas de sistemas totalitarios, excluyentes y no incluyentes, modelos que deseducan y promueven visiones unívocas carentes de amplio criterio?
Bloquear desde la educación pública la capacidad de discernimiento de los ciudadanos, dejar a un pueblo expuesto al sometimiento manipulador del hambre y las ayudas sociales pinta para ser el fruto podrido de ese árbol que alimenta el fanatismo bajo el lema de que es un honor estar con quien sea.
Notario, ex Procurador General de la República