La democracia moderna padece una peligrosa enfermedad: la indiferencia. Actuamos bajo la convicción de que la política es un territorio exclusivo de otros. Nos acostumbramos a observar la realidad pública como un escenario lejano donde sólo participan los partidos, los gobiernos, los militantes más fervorosos o los fanáticos de turno. Vivimos convencidos de que ellos son los únicos arquitectos del día a día y que nuestra participación está acotada a simples observadores.
En esa aparente comodidad surge la frase más corrosiva de nuestro lenguaje civil: “Es culpa del gobierno”, una aparente crítica que en realidad funciona como absolución interna, como mecanismo de defensa que pretende eximirnos de toda responsabilidad y mantener la esfera de nuestra vida privada intacta a pesar de que el espacio público se desmorone a nuestro alrededor. Si todo es responsabilidad de los demás, nada nos concierne realmente.
Dicho blindaje moral es frágil porque la idea de que no somos responsables de lo que acontece en el ámbito público es profundamente falsa. Ningún orden político, por autoritario o ineficiente que sea, logra sostenerse sin el consentimiento social; y por consentimiento no me refiero solo al que se manifiesta con aplausos, sino el que adopta la forma blanda y silenciosa de la indiferencia.
La pasividad nunca es neutral, el acto de callar, la decisión de no participar, la voluntad de no incomodarse ante la injusticia y el hábito de no decir nada producen efectos políticos tan reales y tangibles como el voto mismo.
Esta realidad se vuelve evidente cuando observamos la facilidad con la que los discursos antidemocráticos circulan y echan raíces sin encontrar resistencia. Narrativas que desprecian al ciudadano, que consideran al pueblo como una masa incapaz de decidir por sí misma y que justifican atropellos cuando son cometidos por "los suyos". Esa lógica perversa no se impone por la fuerza, se normaliza cuando encuentra en su camino sociedades fatigadas, distraídas o, en el peor de los casos, resignadas.
Condenamos —con toda razón— a dictadores como Videla o Pinochet, pero soslayamos los crímenes de figuras como Maduro, Ortega o Díaz-Canel. Esta disonancia no se sostiene únicamente por un fanatismo ideológico ciego, sino porque muchos prefieren evitar la confrontación con sus propias simpatías. Es más sencillo mirar hacia otro lado que aceptar que algo se ha podrido alrededor de nuestras propias convicciones.
Aparece entonces una verdad incómoda: En nuestra condición de sujetos políticos, tenemos una responsabilidad existencial frente a lo que acontece en el espacio común. No se trata de exigir a cada ciudadano un heroísmo épico ni una militancia permanente. Se trata, sencillamente, de no abdicar de nuestra facultad de juzgar y actuar; de dejar de fingir que la política es un espectáculo ajeno, una representación teatral cuyos costos, tarde o temprano, siempre acabará pagando otro.
Renunciar a ocuparnos de los fenómenos políticos que nos rodean no es sólo un acto de irresponsabilidad civil; es, en esencia, una forma de mutilación personal que niega nuestra dimensión esencial de ente social. Cuando el ciudadano se repliega sobre sí mismo, ya sea por cansancio, por cinismo o por miedo, deja un vacío de poder y de sentido que siempre, sin excepción, será ocupado por alguien menos escrupuloso, más ambicioso y mucho más decidido a imponer su voluntad sobre el resto.
La degradación de la democracia no empieza con la represión en las calles. Surge en el momento en que el silencio se convierte en un hábito colectivo, cuando la resignación se confunde con la sensatez y la comodidad pesa más que la propia conciencia.
No hay inocencia en la omisión, pero sí corresponsabilidad. Reconocer el vínculo con lo público no debe desembocar en un acto de culpa paralizante, sino en el último gesto de dignidad política que todavía estamos a tiempo de ejercer, el reconocimiento de que el destino de la polis es, en última instancia, nuestro propio destino.
Notario, exprocurador general de la República