Desde 1997, en todas las elecciones intermedias, los electores votaron para no entregar el control de la cámara a un solo partido. Las ocurrencias o acciones coyunturales del ejecutivo —que podrían haber dañado la economía o las libertades de los electores— siempre fueron rechazadas o modificadas. No es así en este gobierno, promotor frecuente de iniciativas que representan graves retrocesos o incluso ponen en riesgo la estabilidad del país.
“Es un honor estar con Obrador”, repite la mayoría morenista en el poder legislativo, convertida en apéndice del Ejecutivo, para convertir en leyes los deseos del Tlatoani. No hay debate, consulta o análisis riguroso del impacto de cada propuesta, simplemente hay mayoriteo: un gran sector de la población está expuesto y a merced del poder presidencial, algo similar y agravado que recuerda los 70, una década de desastres económicos y sociales.
Por el actual legislativo hemos visto desfilar, entre otras, una iniciativa para que el gobierno controle y disponga de las reservas del Banco de México, otra para que el Inegi investigue la riqueza de cada familia, seguramente para establecer un nuevo impuesto. Los diputados y senadores de Morena fueron elegidos por la población como sus representantes, y no del Ejecutivo.
A la usanza del viejo PRI le depositan su lealtad a la voz monocorde de Palacio Nacional, como si la representación que ostentan fuera abstracta y absoluta, ajena al cuidado de los intereses del representado. Hoy incluso chaquetean más y cambian de partido, cuando el voto que recibieron fue por persona y por partido.
Con excepciones personales que aun cuidan las formas de la soberanía entre poderes, el morenismo disfruta su condición de comparsa, sin dignidad y dispuesto a aprobar lo que el ejecutivo envíe.
El aparato legislativo seguirá siendo, seguramente, cómplice activo en la destrucción de la estructura del Estado. La contrarreforma educativa devuelve el sector al control sindical, con la rampante corrupción y venta de plazas.
Hay poderosa reversa en materia energética, con nueva indiferencia hacia el deterioro del ambiente y desprecio por las energías limpias. La destrucción de los fideicomisos abarca la cultura, la ciencia y la tecnología, tras la demolición de estancias infantiles, institutos de salud e investigación.
Derechos fundamentales como la libertad y la propiedad son sacudidos con reformas al artículo 22 de la Constitución, que legisla sobre la extinción de dominio; el artículo 19 de la Carta Magna para anular la presunción de inocencia y establecer la prisión preventiva oficiosa, que permite detener y encarcelar sin antes investigar hasta saturar aún más las cárceles de inocentes. La última ocurrencia es la aprobación de una ley que permite adquirir insumos y equipos médicos sin licitación ni concurso.
A diferencia de la SCJN, el legislativo es prácticamente inexistente, México es, en los hechos, un país de dos poderes, con ciudadanos más indefensos y expuestos a las arbitrariedades y excesos de un gobierno que avasalla y acumula pasivos crecientes y evidentes en economía, seguridad, salud y educación. En 2021 urge que una visión ciudadana de este estado de cosas logre concretarse ante las urnas generando los contrapesos a un poder presidencial absoluto que se entroniza y reafirma sin dar pie con bola en los temas fundamentales de la agenda nacional.
