La propuesta del gobierno de la CDMX –“Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”-- y sus 14 medidas contra la gentrificación y en favor de las “rentas justas” (sic)— pinta para ser la nueva y temeraria coreografía regulatoria inventada por un régimen que confunde intervención con solución, populismo con justicia, y paternalismo con equidad.
Al desarrollarse como una nueva vía clientelar y de acción político-electoral para el control social, se haría evidente que la propuesta -lejos de ser un programa que libere la oferta de vivienda-, castigará aún más la inversión, asfixiará el mercado de renta y empobrecerá a los capitalinos sin contener un ápice el proceso de gentrificación.
La 4T vuelve a hacer evidente que muchas de sus decisiones evitan los diagnósticos estructurales y desde 2019 surgen al calor del grito callejero, de las pancartas y del trending topic. Si un grupo de vecinos se declara víctima de la gentrificación, el gobierno reacciona con rápidos reflejos de TikTok, visibles pero muy vacíos.
La CDMX enfrenta un problema real, la falta de vivienda nueva. En lugar de liberar las trabas que desde hace siete años frenan la oferta, sus gobiernos culpan hoy a los Airbnb, a los jóvenes extranjeros con laptops, a los desarrolladores inmobiliarios y a las señoras que rentan una recámara de su casa. Lo hacen incluso contra la opinión vertida por Claudia Sheinbaum en 2022 sobre la presencia benéfica de los “nómadas digitales”.
El gobierno local no dice ni reconoce que sus ventanillas de trámite siguen prácticamente cerradas; que los pocos permisos que se otorgan pasan por un interminable viacrucis de 7 dependencias y esto aumenta la corrupción institucional. Quien quiera construir en la ciudad tardará entre 2 y 4 años en comenzar, y si tiene créditos quedará al borde de la quiebra. Esto explica que haya menos inversionistas en el ramo.
Ante una compleja problemática habitacional, el gobierno local inventa 14 puntos que incluyen programas de renta pública, observatorios del suelo, defensorías inquilinarias y utópicos planes rodeados de una densa opacidad administrativa y financiera.
Imponer por decreto desde el gobierno el precio de las rentas, desincentivará aun más el mantenimiento de las viviendas y alejará la inversión. El resultado será menos vivienda, más deterioro, y más informalidad.
La renta congelada provocó por más de 50 años un centro histórico degradado, edificios dañados y vecindades de renta entre 50 y 100 pesos mensuales, con cero mantenimiento a la que sólo puso fin el descongelamiento de rentas y la compra y remodelación acelerada integral de la zona a partir de 1993.
Simplificar trámites, castigar la corrupción y promover la inversión privada con reglas claras liberaría la construcción de vivienda nueva, incidiría favorablemente en el mercado de vivienda en renta y desaceleraría el proceso gentrificador en zonas de alta demanda.
A continuación, algunas preguntas surgidas de la lectura del Bando 1.
¿Con qué criterio y metodología se fijará un “precio razonable” para una vivienda de renta? Si esto viola la libertad contractual, columna del derecho civil ¿el arrendador deberá pedir permiso al Estado para cobrar por su propiedad?
Si hay una propuesta de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, ¿estas serían justas para quién? ¿Para el propietario que mantiene, arregla y paga predial? ¿No es este un simple eufemismo para decretar que “el Estado decidirá cuánto vale tu patrimonio”? ¿El predial se va a reducir también?
Aunque se parte de considerar que el “Airbnb es el demonio” el fondo de la gentrificación no es el turismo, sino la escasa oferta de vivienda. La pretensión de regular la demanda sin liberar la oferta seguirá siendo la receta segura para enfrentar la escasez artificial.
¿Qué es y cómo puede operar una Defensoría de Derechos Inquilinarios? ¿cómo una oficina pública más? ¿Otro puñado de burocracia mal pagada, pero altamente politizada? ¿Qué opinión crítica merece del gobierno la ya existente Defensoría Pública, que agoniza con salarios de miseria, cargas de trabajo que la desbordan e indignas condiciones laborales? Los autores del Bando saben que las sentencias por desalojo sólo se ejecutan de manera excepcional.
¿Un Observatorio de Suelo y Vivienda? ¿Más funcionarios para “monitorear”, “analizar” y “proponer” políticas que ya existen, o para organizar marchas y protestas a modo desde el partido-gobierno?
Una idea noble en teoría, como la ampliación de vivienda pública en renta, se vuelve inviable en la práctica. ¿Quién va a administrar, construir, mantener y financiar esa infraestructura? ¿un gobierno que no puede tapar baches ni mantener la buena operación de la red de semáforos y el alumbrado público, mucho menos dotar de agua potable suficiente a la CDMX?
La llamada “vivienda nueva progresiva” es un dulce nombre para la vieja y amarga receta clientelar que regala un puñado de casitas en los márgenes de la ciudad, sin infraestructura ni conectividad, que no combaten, sino reproducen la pobreza. ¿Cuántos planes maestros han surgido en lo que va del sexenio y qué ha sido de cada uno de ellos?
Por lo demás, el arraigo no se decreta ni se consigue con subsidios. Es resultado de un proceso que sólo se construye con inversión e infraestructura. Sin esos elementos es campaña electoral, no política pública.
Ofrecer estímulos al comercio, es una buena intención, y como tal seguirá mientras se ignore cómo y quiénes decidirían qué comercios pueden recibir esos apoyos. Hay más dudas que certezas al respecto, ante el probable uso clientelar de esa medida.
Sin un ejercicio indispensable de información y análisis que aclare estas y otras preguntas, los puntos propuestos formarán parte de las manifiestas y repetidas intenciones para que el gobierno decida cuánto vale tu renta, cuándo puedes construir, a quién debes alojar y cómo se usa tu propiedad.
Si la justicia social es secuestrada por las intenciones clientelares, no se atenderá a los más vulnerables y la precariedad será instrumento para justificar el control político del espacio urbano. La ciudad no necesita más excusas, sino suelo disponible y verticalización urgente, un manejo habitacional e inmobiliario responsable, transparente sin corrupción y con reglas claras.
Lo demás puede ser pura y simple simulación.
