Contrario a lo que quieren hacer ver los legisladores de Morena y sus medios de comunicación aliados, lo único que la Corte está haciendo es proceder con una revisión de la reforma al poder judicial. Es un proceso de consulta previsto en la ley orgánica del Poder Judicial. No están actuando fuera de la ley ni están echando atrás la reforma judicial.
El 11 transitorio es curioso porque hay una prohibición al trabajo mismo de la corte, es decir, que interprete. El único órgano capaz de interpretar, aplicar, corregir controlar la Constitución es el poder judicial, la corte concretamente, el tribunal constitucional.
Y eso es lo que quiere el 11 transitorio prohibirle, obligarlo a interpretar literalmente. Pero como lo vimos, su famosa reforma choca con un texto vigente de la constitución. ¿Quién va a aplicar cómo se resuelve? Solamente la Corte, que es la única que puede hacerlo. Ni el poder legislativo ni el Ejecutivo pueden hacerlo, no está en sus facultades.
En el artículo 97 se señala que el presidente de la corte será electo por sus pares cada 4 años y en el 94 dice que la corte será electa por elección popular y el que obtenga la mayoría será el presidente de la corte y se irán rotando cada 2 años.
Ante esta contradicción clara que existe, cuando llegue el momento ¿cuál de los dos artículos se aplicará literalmente? No se podrá interpretar literalmente porque ambos artículos son excluyentes, no puede ser más que una la solución.
Y hay algo aún más de fondo. Toda lectura implica ya una interpretación. En todo acto de juzgar hay en sí mismo una interpretación, irremediablemente, es la naturaleza de la comunicación, todo documento en su lectura es una interpretación. Desde ahí mismo ya hay un problema, porque toda interpretación, por más que la quieran acotar con la literalidad, sigue siendo una interpretación subjetiva. ¿Quién va a juzgar que la interpretación sea literal o no Si esa es justamente la facultad de la corte y de nadie más?
Y no solamente eso, ellos están en el punto en que lo que apruebe la mayoría, sea lo que sea, es lo que debe hacerse. Vale la pena preguntarse que debería pasar si la mayoría aprobara una dictadura, o la exclusión de ciertos segmentos de la población como los discapaces, o si se aprobaran regresiones o dimisiones del pacto federal, o bien en una sola fracción que la propiedad pasa a ser parte del Estado al 100% y que éste la puede concesionar, como en su momento lo propuso un grupo radical de Morena ¿Eso sería válido? ¿Sería valido la desaparición del poder judicial o el poder legislativo? Hay normas que son completamente contrarias a un sistema republicano que es lo que algunas personas llaman clausulas pétreas o contra natura, y no porque lo apruebe una mayoría que en ese momento es constituyente permanente, no por eso van a ser interpretables, eso sería absurdo.
Aquellas reformas que atenten contra la propia naturaleza que le da sustento al poder legislativo no deberían llevarse a cabo. Si es la república y el federalismo lo que le da sustento, hacer reformas que atenten contra ellos (república y pacto federal) no deberían si quiera proceder.
No se está desapareciendo el poder judicial, se pone en riesgo con el sistema que se adoptó, y aunque si bien no implica su desaparición.
Para saber si hay o no una desaparición del Poder Judicial hay que entender primero cuál es la naturaleza del poder judicial. Si con la reforma se atenta contra esa naturaleza entonces de alguna manera sí estarían desapareciendo; pues si bien hay algo a lo que se le llama “poder judicial” éste sería sólo de nombre, pues sus facultades y características no sería las propias del Poder Judicial. Es como decir que algo es un árbol cuando no lo es, el simple hecho de llamarlo así no lo convierte en un árbol.
El poder judicial para ser uno de los tres poderes de la nación requiere independencia, y si esa independencia se ve mermada, ¿qué tanto es un Poder o se convertiría más bien en una parte más de la administración pública? Como ha ocurrido con el poder legislativo.
La Corte en ese proceso de revisión está recibiendo los ataques más furiosos del poder legislativo, porque surgen las voces de que hay que llevarlos a juicio político, mismo que corre a cargo del poder legislativo donde tienen ellos absoluto control. ¿Por qué irían a juicio político? ¿Por aplicar la ley? ¿Quién aplique la ley debe ser sujeto a un juicio? La corte está aplicando su ley orgánica, ya quisiera el poder ejecutivo demostrar o presumir que ha gobernado con la ley en la mano, cuando es uno de los principales violadores por omisión o acción de la ley y de la Constitución. Es ilógico que quieran llevar a juicio político a quienes cumplen con la ley, es una pésima señal.
El líder de Morena en el Senado confesó recientemente que la reforma judicial fue elaborada 100% como una venganza del Poder Ejecutivo y hasta le dio el calificativo de “genial venganza”. Entonces, no fue como tanto dijeron, no fue por una petición del pueblo, ni por un mejoramiento, tampoco por combatir la corrupción, todo fue sólo venganza. Utilizar un país y la justicia para obtener venganza en momentos en los que urge el buen funcionamiento de la seguridad pública y la justicia es criminal; eso sí es abandonar a su suerte a la población que día a día sufre balaceras y matanzas, mientras que se lavan las manos diciendo que es problema de grupos antagonistas del crimen organizado. En todos lados están ocurriendo estas manifestaciones de violencia a ciencia y paciencia de quienes deben poner orden en este país, un país carente de estado de derecho y que ahora quiere inutilizar al poder judicial, de por sí disminuido.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 que salió hace unos días mostró que en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos ¿Qué capital humano se requiere para hacer justicia en esos 31.3 millones de delitos? ¿Cuántos policías, ministerios públicos y jueces son necesarios? En un país con 98% de impunidad ¿Qué capacidades y características debió tener el sistema de justicia para impartir justicia? Esas son las respuestas que debió resolver la reforma judicial, no cómo deberían ser electos los jueces.