En el complejo tablero geopolítico, México se encuentra ante una de las encrucijadas más peligrosas de las últimas décadas. La relación bilateral con Estados Unidos ha entrado en fase de ebullición: la diplomacia tradicional parece perder terreno y ceder ante una retórica de confrontación directa.
El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, deja de lado los eufemismos diplomáticos y lanza una advertencia; una declaración de principios que redefine el fenómeno del narcotráfico. Para él, los cárteles en México dejaron de ser un problema de seguridad pública interna y constituyen una “amenaza estratégica” para la seguridad nacional de Estados Unidos y la del hemisferio.
La distinción no es menor; es el andamiaje legal y político que justifica la designación de estas organizaciones como grupos terroristas y que abre la puerta a posibles intervenciones militares directas, operaciones de inteligencia extraterritoriales y un potencial despliegue de fuego que ignora las fronteras.
Su lógica es: si México no puede o “no quiere” eliminar a los grupos criminales con la severidad que Washington exige, Estados Unidos se reserva el derecho de actuar directamente. Bajo esta premisa, la soberanía mexicana se convierte en un concepto condicionado a la eficacia militar, una postura que ignora, sin duda, las complejidades sociopolíticas de un país que ha sido desangrado por estrategias frontales de confrontación en el pasado o debilitado por la omisión criminal del gobierno anterior.
Ante esto, la realidad institucional de México no deberá ser derribada por la desesperación. El objetivo primordial de cualquier Estado no puede ser, simplemente, el exterminio del adversario, concepto más cercano a la barbarie que a la civilización.
El deber constitucional de la administración de Sheinbaum es la prevención y el combate al crimen organizado, siempre bajo el amparo irrestricto de la legalidad. Optar por la vía de Rubio significaría entrar de lleno en el terreno del llamado “derecho penal del enemigo”, que despoja al individuo de derechos básicos para ser tratado como objeto de guerra.
Nuestra historia reciente puede ser leída como un recordatorio lúgubre de estrategias fallidas, con saldos devastadores más de 200 mil muertes y una cifra equivalente de personas desaparecidas tan solo en el sexenio anterior. Estas cifras no son simple estadística, sino el grito de una sociedad que reclama justicia, no una espiral de arbitrariedades, ocurrencias y permisividades que terminen por desmantelar el Estado de derecho. La guerra que sugiere el Capitolio no asegura la Paz, garantiza la profundización del trauma nacional y la erosión de la ley y nuestras instituciones civiles.
Desde un país socialmente polarizado y alejado de cualquier noción de unidad nacional, la Presidenta enfrenta un dilema crítico que definirá el rumbo de su mandato. Por un lado, la presión asfixiante de aranceles punitivos, intervenciones militares unilaterales o cierres fronterizos que pueden dañar las cadenas de suministro, es decir, institucionalizar una política desgastante.
Por el otro lado, carga con la herencia ideológica y de protección a su antecesor quien, lejos de reconocer y enfrentar el problema, permitió la expansión territorial del narcotráfico. El escenario es asfixiante, por decir lo menos.
La Presidenta no sólo debe defender la soberanía frente a Washington, sino demostrar ante nosotros con resultados perentorios, medibles y urgentes, que el Estado mexicano tiene capacidad para recuperar el control del territorio sin traicionar a la Constitución.
En estas condiciones, ¿puede México construir una “tercera vía”? ¿Una política de seguridad lo suficientemente firme para atender presiones externas y lo suficientemente legal para sanar heridas internas, sin más polarización social? Está en juego no sólo la relación bilateral, sino la viabilidad de México como nación soberana, mejor dispuesta y capaz de regirse por leyes en el primer tercio de una era que no perdona debilidades.
Notario, exprocurador general de la República