El primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum cierra con broche de hierro. El segundo, abre con una profunda castración jurídica que viola la Constitución y mutila el instrumento más eficaz para defender los derechos humanos ante el abuso del poder.
Después de capturar el control político de los tres poderes de la unión, Morena —al mismo tiempo gobierno, partido y movimiento, y desde una izquierda supuestamente defensora de los derechos humanos— derrumba el último refugio para exigir a un gobierno el cumplimiento de sus obligaciones.
Al blindar al poder contra la reclamación de cualquier ciudadano, la nueva ley de amparo invierte de hecho el principio jurídico pro persona y lo trastoca por el de “pro Estado”, una conquista más para un gobierno decidido, en nombre del pueblo, a seguir la ruta del autoritarismo antidemocrático.
Si dotar de medicamentos a niños con cáncer implicó para sus padres y familiares interponer juicios de amparo, la nueva ley permitirá al gobierno evadir esa obligación o negarla invocando “falta de presupuesto” o “imposibilidad material” para cumplir una sentencia.
El cumplimiento de un derecho quedará al arbitrio de quien lo viola, al despojar al amparo de su cumplimiento obligatorio y reducirlo a una mera recomendación.
El brutal adelgazamiento del amparo, aprobado por los senadores el 1 de octubre (pendiente aún su análisis y votación en la Cámara de Diputados), rompe el principio de progresividad de los derechos humanos y deja a miles de víctimas sin protección ante detenciones arbitrarias, expropiaciones injustas o la revocación de concesiones y permisos federales.
La mutilación propuesta al concepto de “interés legítimo”, impedirá a cualquier ente colectivo buscar el amparo ante proyectos de gobierno tan discutibles por su impacto social y ambiental, como el Tren Maya. La selva, el agua y los pueblos que antes podían hablar por medio de un abogado amparista, quedan silenciados.
La calculada “distracción” al proponer la aplicación retroactiva de la nueva ley, confirma que los senadores más rudos del oficialismo aprueban reformas sin leerlas ni entenderlas, incluso a contrapelo de la Presidenta, un desafío que ahonda la división entre partidarios del líder moral y fundador del morenismo y su sucesora.
Las condiciones y candados impuestos, que impedían en la práctica afectaciones en tanto se resolvía el fondo de un asunto, mutilan la suspensión provisional. Para cuando llegue la sentencia, el daño posiblemente será irreparable.
El desmantelamiento del amparo se suma a la eliminación de otros derechos fundamentales, como el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, debilitados desde el régimen anterior cuando muchas obras públicas recibieron la calificación de “reservadas”. Del Tren Maya al aeropuerto Felipe Ángeles, el velo del secreto oficial sigue siendo la norma.
Los nuevos jueces, formados y promovidos bajo la tutela del oficialismo, resolverán los casos que les sean turnados desde una subordinación de origen al Ejecutivo y el Legislativo. Otorgar un amparo contra actos de gobierno podrá ser misión imposible. En estos tiempos incluso su carrera depende del poder al que deberían controlar, no obedecer.
Una nueva vuelta de tuerca desdibuja lo que fue orgullo del constitucionalismo y del derecho mexicano y lo reduce a una caricatura. A lo largo de 7 años los mexicanos hemos aceptado objetivamente que se debilite el cumplimiento de los derechos humanos y el diseño constitucional de una república democrática que impulsó libertades individuales y construyó contrapesos ante el poder.
Frente al absoluto avasallamiento actual, el ciudadano solo podrá exigir justicia ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En eso vamos.
Notario, ex Procurador General de la República