La semana pasada, el mundo fue testigo de eventos notables que reflejan las consecuencias de las decisiones unilaterales —y en ocasiones ilegales— del presidente Donald Trump, en aras de implementar políticas agresivas o vengarse de sus opositores. Algunos ejemplos incluyen: la decisión de retirarle a la exvicepresidenta Kamala Harris la protección del Servicio Secreto; el caso de Kilmar Abrego García, el inmigrante deportado por error a El Salvador que fue regresado y ahora enfrenta un juicio en el que podría terminar siendo enviado a Uganda; la resolución de un juez federal que frenó los intentos del gobierno de deportar a 60 niños guatemaltecos; la sentencia de un tribunal federal que declaró que el presidente no tiene la autoridad para imponer aranceles a países de manera unilateral; y la búsqueda realizada por el FBI en la casa del exasesor John Bolton, presuntamente en busca de documentos clasificados extraídos de forma ilegal, aunque más bien parece un mensaje de represalia por las críticas de Bolton al presidente.
Pero las noticias no terminan ahí. También fuimos testigos del inicio de uno de los casos jurídicos más interesantes de los últimos años. Trump anunció que despediría a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), bajo el argumento de que cometió fraude hipotecario al designar dos propiedades distintas como residencia principal en 2021, un año antes de que fuera nombrada por el presidente Biden. Este argumento descansa en dos simples palabras: “por causa”. Según la Ley de la Reserva Federal: “Cada miembro ocupará el cargo por un período de 14 años a partir de la expiración del mandato de su predecesor, a menos que sea removido antes por causa justificada por el presidente.”
En respuesta, Cook declaró que no abandonaría el cargo, pues la “causa” real de su destitución es su negativa a bajar las tasas de interés. Además, ha iniciado una demanda contra la administración Trump y, durante las audiencias, han surgido debates sobre lo que significa “por causa”, ya que la ley de la Fed no define el término ni establece procedimientos para la remoción. Ningún presidente ha destituido jamás a un gobernador de la Reserva Federal y la ley nunca ha sido interpretada en los tribunales.
Cook ha señalado que, incluso si las acusaciones fueran ciertas, no constituirían motivo de remoción, porque la supuesta conducta ocurrió antes de que asumiera el cargo en 2022. El gobierno, por su parte, sostiene que otorgar protecciones frente a la remoción a los gobernadores de la Fed viola las amplias facultades constitucionales del presidente para controlar el poder ejecutivo, un argumento ya esgrimido en demandas de otros exfuncionarios despedidos por Trump.
Cook ha respondido que otras leyes federales que limitan la capacidad presidencial de destituir a funcionarios de otras agencias definen la “causa” como negligencia, mala conducta o ineficiencia ocurrida mientras el funcionario está en funciones, y que el mismo estándar debería aplicarse a la Fed.
Recordemos que la Corte Suprema ha permitido que Trump destituya a funcionarios de otras agencias. Sin embargo, en una orden emitida en mayo, el tribunal distinguió a la Fed de esas dependencias, citando su estructura única y su “tradición histórica particular”. Como señaló el fallo: “La Reserva Federal es una entidad cuasiprivada con una estructura única, que sigue la tradición histórica particular del Primer y Segundo Banco de los Estados Unidos.”
Todo esto es relevante porque la Fed es el banco central de Estados Unidos: es la institución que decide cuánto cuestan los créditos e hipotecas, regula a los bancos, controla la inflación y garantiza la estabilidad del dólar, la divisa de referencia a nivel global. Sus decisiones repercuten directamente cuando una familia compra una casa, paga el supermercado, solicita un crédito o abre una cuenta bancaria. Por ello, es fundamental contar con una Reserva Federal independiente, dirigida por expertos en economía y no por políticos. Esa independencia brinda confianza a las empresas, a los inversionistas y a la ciudadanía en general.
Esa confianza y estabilidad se desvanecen cuando Trump interviene en esta institución, sustituyendo modelos económicos y estadísticas por acciones que solo buscan cumplir objetivos electorales. Una vez más, el presidente está llevando al límite al sistema jurídico de Estados Unidos, aprovechándose de un Congreso atado de manos y de una Corte Suprema que parece dispuesta a cumplir todos sus deseos, mientras presenciamos una lenta pero constante erosión de las instituciones democráticas norteamericanas.
