El jueves 15 de mayo se llevó a cabo la audiencia del caso más importante del año para la Corte Suprema de Estados Unidos. Se trata del litigio sobre la orden ejecutiva del presidente Trump para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, la sesión —que duró dos horas— apenas abordó ese tema. El equipo de Trump optó por una estrategia distinta: centrar la discusión en los límites de las suspensiones con efectos generales.
Estas medidas, comúnmente conocidas como suspensiones universales, pueden ser emitidas por jueces federales para detener al gobierno en la implementación de sus políticas. Lo que distingue a estas suspensiones es que aplican a nivel nacional, no solo a las personas que presentaron la demanda. En los últimos años, este tipo de medidas ha generado una gran controversia dentro del gremio jurídico estadounidense. Incluso ministras y ministros de distintas corrientes ideológicas han manifestado su inconformidad con el alcance de las suspensiones universales. La pregunta es inevitable: ¿por qué un solo juez federal puede tener el poder de frenar políticas impulsadas por un presidente electo por millones de ciudadanos?
Estas suspensiones han sido utilizadas por ambos partidos políticos. Los equipos legales seleccionan a jueces afines a su corriente ideológica con la esperanza de que bloqueen políticas contrarias a sus intereses. Por ejemplo, durante la administración de Joe Biden, un juez de Texas emitió una suspensión universal para prohibir la venta de mifepristona, una pastilla utilizada para interrumpir el embarazo. El caso tuvo que llegar a la Corte Suprema, que eventualmente revirtió la medida.
Si se limitan las suspensiones universales, estas solo podrían beneficiar a las personas que presenten una demanda individual. Como señaló la ministra Ketanji Brown Jackson durante la audiencia, sería como jugar a las atrapadas: cada persona tendría que contratar a un abogado, acudir a los tribunales, solicitar su propia suspensión y esperar que el gobierno no viole sus derechos. En otras palabras, el sistema judicial se saturaría y se volvería menos eficiente.
Además de la ministra Jackson, las otras tres ministras mujeres se mostraron en contra de limitar tanto las suspensiones universales como el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La ministra Sonia Sotomayor recordó al abogado de Trump que existen, al menos, tres precedentes que protegen ese derecho, y la ministra Elena Kagan declaró que, de estar en su lugar, jamás habría llevado este caso ante la Corte Suprema.
Sin embargo, no podemos olvidar que hoy estamos frente a una Corte con una sólida mayoría conservadora. El ministro Samuel Alito y otros integrantes del bloque conservador expresaron su molestia ante el hecho de que un solo juez tenga la capacidad de suspender políticas federales, describiendo este poder como una “enfermedad ocupacional” de los jueces inferiores. Todo indica que el voto del ministro presidente, John Roberts, podría ser decisivo para definir el rumbo de la sentencia.
Durante los últimos años, la Corte Suprema ha reconfigurado el sistema jurídico estadounidense, adjudicándose más poder a sí misma y al presidente. Parece que Trump ha acorralado a la Corte y ahora le toca asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Es difícil entender por qué los ministros decidieron aceptar este caso, pues su contenido es notoriamente inconstitucional. Aún más difícil es predecir cuál será la decisión del tribunal, que deberá emitir su fallo a finales de junio o principios de julio.
De cualquier manera, este es el caso perfecto para ilustrar que Estados Unidos vive una transformación en la forma en que operan los poderes de su democracia constitucional. Por un lado, observamos la posible restricción de las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial para fungir como contrapeso frente al Ejecutivo. Por otro, presenciamos esfuerzos por modificar lo que significa ser ciudadano o ciudadana de Estados Unidos, una cuestión que remite directamente a uno de los momentos más importantes en la historia del país: la Guerra Civil y el fin de la esclavitud. La Enmienda XIV fue creada para garantizar que las personas afroamericanas fueran reconocidas como ciudadanas tras la Guerra Civil. Cambiar ese principio equivaldría a un retroceso histórico: las personas podrían ser tratadas de forma desigual dependiendo del estado en el que nazcan, generando caos legal e injusticias profundas en el acceso a derechos fundamentales.
