Por años, las y los jueces se han caracterizado por guardar silencio. Precería que sus sentencias son la única forma en la que pueden comunicarse con la ciudadanía e incluso quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos sabemos que existen reglas no escritas sobre los temas que pueden abordarse: no se les puede preguntar sobre asuntos que aún están pendientes de resolverse, ni cuestionarlos sobre temas políticos o partidistas, ni pedirles opiniones que puedan comprometer su imparcialidad en futuros casos.
Pero ¿qué pasa cuando son atacados directamente por el presidente? ¿Deberían guardar silencio o alzar la voz para defender el ejercicio independiente de sus funciones? Durante los primeros 100 días de la segunda presidencia de Trump, el mundo ha sido testigo de los constantes ataques del mandatario hacia los tribunales y los jueces que han detenido sus acciones por considerarlas contrarias a la ley y la Constitución. Esto también ha implicado una transformación en la manera en que los poderes del Estado se relacionan y comunican entre sí.
Ante las amenazas del presidente republicano de solicitar el juicio político de un juez que detuvo la deportación de inmigrantes venezolanos sin un debido proceso, el ministro presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se vio obligado a emitir un comunicado sin precedentes, en el que argumentó: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta adecuada a un desacuerdo respecto a una decisión judicial. Para ese propósito, existe un proceso de apelación”. El texto no estaba dirigido a alguien en específico, pero es claro que Roberts planteaba que las amenazas de Trump eran inapropiadas, ya que existe la posibilidad de apelar las sentencias.
También destacan las declaraciones de las ministras de la Corte Suprema Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Ellas no fueron entrevistadas ni publicaron comunicados: ambas expusieron sus perspectivas sobre la importancia de la independencia judicial en sus países y, al mismo tiempo, enviaron un mensaje contundente al presidente sin necesidad de mencionar su nombre. Por un lado, Sotomayor declaró en una conferencia en la Universidad de Georgetown: “Más que nunca, tenemos que levantarnos y explicar, repetir y volver a explicar por qué la independencia judicial es fundamental para la libertad de todos, porque el poder arbitrario es precisamente eso, y significa que cualquiera estará sujeto a injusticias por el capricho de otro”. Por otro lado, la ministra Brown Jackson dedicó parte de su intervención en una conferencia en Puerto Rico a hablar sobre la detención de una jueza local en Wisconsin, y denunció: “Estos ataques no son aleatorios. Parecen estar diseñados para intimidar a quienes servimos en esta función tan crucial”.
Además, el ministro en retiro Stephen Breyer habló en una conferencia en la Universidad de Harvard sobre las posibles implicaciones de que la administración de Trump no cumpla con las sentencias emitidas por los tribunales. Al referirse al caso de un hombre que fue deportado a El Salvador por un error administrativo y a la sentencia que solicita facilitar su regreso, Breyer dijo que era bastante posible que altos funcionarios de la administración de Trump —incluidos Marco Rubio, Kristi Noem y la fiscal general Pam Bondi— pudieran ser acusados de desacato penal por negarse a cumplirla. Si esto ocurriera, podrían enfrentar un proceso penal y posible pena de cárcel. En tal caso, un juez podría nombrar un abogado particular para llevar a cabo la acusación.
Aunque es necesaria la participación ciudadana y del partido opositor, estas declaraciones son importantes, no solo porque provienen de algunas de las figuras más relevantes y respetadas de la comunidad jurídica estadounidense, sino también porque denuncian las constantes arbitrariedades de un presidente que, en 100 días, ha demostrado repetidamente que no le interesa cumplir con las leyes ni con la Constitución que juró defender. Las y los jueces no están comprometiendo su independencia: están alzando la voz para defenderla.
