Sin duda alguna, la política migratoria de Donald Trump ha jugado un papel estelar durante los primeros meses de su segunda administración. Sus acciones no solo ponen en peligro la seguridad e integridad de miles de personas, sino que también han demostrado ser un desafío para los principios de separación de poderes y el principio de pesos y contrapesos que han caracterizado a Estados Unidos. La administración de Trump ha hecho todo lo posible para desacatar las sentencias de tribunales que han intentado frenar sus políticas por la sencilla razón de que violan las leyes y la Constitución.
El sábado 19 de abril a la medianoche y de manera inesperada, la Corte Suprema emitió una sentencia ordenando al Poder Ejecutivo detener temporalmente todas las deportaciones a El Salvador. Esta acción surge a raíz de que se habían agendado vuelos al país centroamericano, a pesar de que tribunales inferiores ya habían bloqueado estos esfuerzos.
Durante los últimos años, la Corte ha destacado por su politización y sus sentencias que han transformado de manera radical el panorama jurídico estadounidense desde aspectos clave como la restricción al aborto, la eliminación de límites al poder presidencial y la expansión de decisiones sobre la operación de agencias administrativas. Además, el tribunal está compuesto por una mayoría de seis ministras y ministros conservadores, de los cuales tres fueron nominados por el mismo presidente Trump bajo contextos cuestionables.
Sin embargo, las y los miembros de este tribunal supremo debieron considerar que su intervención era urgente, pues emitieron una orden en medio de la madrugada, sin que los tribunales inferiores se pronunciaran al respecto y sin darle la oportunidad al gobierno de responder. Su actuación muestra las primeras señales de resistencia a los abusos del presidente Trump. La orden se dio en medio de la noche, con una mayoría de siete ministros, y con un mensaje específico: detente y respeta la autoridad del Poder Judicial.
En una opinión disidente presentada un día después de la orden, el ministro Samuel Alito presentó 7 argumentos en contra de la sentencia de la Corte Suprema. Además, denunció que la actuación del tribunal fue apresurada y legalmente cuestionable.
Al final, todo esto nos deja con la misma interrogante: ¿Trump cumplirá o desafiará las sentencias del Poder Judicial? Hace un año tuve el honor de conversar con el ministro en retiro de la Corte Suprema, Stephen Breyer, quien ha dedicado esfuerzos considerables a analizar por qué en Estados Unidos se cumplen las sentencias emitidas por los tribunales. Para Breyer, vivir en un Estado de Derecho significa que las personas obedecen las leyes, a pesar de que no estén de acuerdo con ellas. Claro, las leyes pueden ser injustas, pero en las democracias existen procesos para cambiarlas y transformarlas. Además, el ministro en retiro destaca el papel de las y los abogados en la construcción de la cultura jurídica: “El trabajo de las y los abogados es explicar a la ciudadanía la importancia de tener un Estado de Derecho y que lo mejor es obedecer la ley, incluso cuando haya sentencias con las que no estén de acuerdo”.
