Este lunes, Donald Trump confirmó en conferencia de prensa que la Guardia Nacional tomará el control de la policía local de Washington D.C., debido a la supuesta “excesiva violencia” que sufre el distrito. Incluso comparó a D.C. con “dos de las peores ciudades del mundo”: Bogotá, Colombia, y la Ciudad de México. En palabras del presidente: “Vamos a limpiarla muy rápido, nuestra capital es una ciudad sin leyes. Es también un santuario de inmigrantes indocumentados, pero ya no más… si es necesario, hasta utilizaremos personal militar”.
De acuerdo con datos oficiales de D.C., el crimen ha estado en sus niveles más bajos en 30 años. Curiosamente, el único pico reciente se registró el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio estadounidense para intentar evitar la certificación que dio el triunfo presidencial a Joe Biden.
Además, el viernes pasado The New York Times reportó que Trump firmó una orden ejecutiva secreta para instruir al Pentágono a llevar a cabo operaciones militares directas contra cárteles del narcotráfico en América Latina. Según el diario, la orden proporciona una base legal para que las Fuerzas Armadas actúen unilateralmente en el extranjero sin autorización del Congreso, bajo el argumento de que dichos grupos han sido designados como organizaciones terroristas. Fuentes internas anónimas confirmaron que el alto mando militar ya estaría elaborando planes para ejecutar estas operaciones.
En este contexto, se evalúa si se consideraría un “asesinato” que las fuerzas estadounidenses mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente, especialmente en operaciones no autorizadas por el Congreso. Todas estas acciones buscan justificarse bajo la bandera de la lucha contra el fentanilo, un opioide sintético que, según el gobierno estadounidense, es producido principalmente por cárteles mexicanos a partir de precursores químicos importados desde China. Esta droga ha provocado miles de muertes por sobredosis en el país norteamericano en los últimos años.
Por si fuera poco, Reuters reportó que el FBI ha solicitado a las agencias policiales locales que envíen los nombres de personas vinculadas a cárteles y pandillas para incluirlos en la lista de vigilancia terrorista del gobierno estadounidense, lo que podría ampliar significativamente la inclusión de ciudadanos estadounidenses en ese registro.
Sin duda, el gobierno de Donald Trump está dando pasos importantes en el combate al crimen organizado a nivel doméstico y global. Sin embargo, sus acciones son claramente autoritarias: busca pasar por encima de los gobiernos locales, del Congreso e incluso de otros países para imponer sus medidas. Los padres fundadores de Estados Unidos concibieron una nación con la idea de limitar el poder de una sola persona, una república federal con gobernadores en cada estado, un poder legislativo y un poder judicial que, aunque son independientes, tienen la obligación de actuar como contrapesos cuando alguno de los poderes excede sus facultades.
El gobierno de Trump está transformando la manera en que se relacionan los órganos de gobierno de una de las democracias constitucionales más influyentes del mundo. Las consecuencias de sus actos tendrán efectos que hoy no podemos dimensionar del todo, pero que, sin duda, deberán analizarse con detenimiento, pues revertirlos será muy difícil, si no imposible, en su totalidad.
