En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos baja el telón de su periodo de trabajo. Después de 58 audiencias, miles de preguntas, deliberaciones privadas y el trabajo incesante de los equipos de las y los ministros, el tribunal entra en la recta final, marcada por la publicación de sus últimas decisiones. Este año, la Corte presidida por John Roberts admitió 73 casos y llega al cierre de una obra dividida en dos actos. El primero reúne los asuntos ya decididos y permite leer hacia dónde se mueve la mayoría conservadora. El segundo concentra los casos pendientes, quizá los más importantes del término, con consecuencias directas para el poder presidencial, la migración, las elecciones y los derechos civiles.
Primer acto: lo que ya se decidió
Probablemente el caso que más ha llamado la atención durante los últimos meses ha sido el relacionado con la política arancelaria del presidente. En la sentencia, el tribunal dio a Trump uno de sus reveses más importantes al concluir que no podía utilizar poderes económicos de emergencia para imponer tarifas a otros países de manera unilateral.
Por otro lado, en Chiles v. Salazar, resolvió por ocho votos contra uno que Colorado no podía aplicar su prohibición de terapias de conversión a una consejera que ofrecía terapia conversacional. El resultado fue presentado como una victoria de la libertad de expresión, aunque sus consecuencias alcanzan directamente a personas LGBTQ+ menores de edad y a la capacidad de los estados para regular prácticas consideradas dañinas por asociaciones médicas y psicológicas.
Finalmente, en Louisiana v. Callais, la Corte dejó prácticamente sin aire a la Voting Rights Act, una de las herramientas más importantes para combatir la dilución del voto afroamericano. Bajo la lógica de la mayoría, los mapas electorales diseñados para asegurar que comunidades afroamericanas puedan elegir representantes de su preferencia pueden ser vistos como una forma de discriminación contra votantes blancos. Con ello, el tribunal transformó una ley pensada para corregir exclusiones históricas en un instrumento sospechoso cada vez que se toma en serio la raza para remediar desigualdades.
Segundo acto: lo que todavía puede cambiarlo todo
Aunque aún no conocemos el desenlace de estas historias, es posible analizar los hechos y las posibles consecuencias que acompañarán a cada sentencia. El caso que más atención pública ha generado durante los últimos años es Trump v. Barbara, sobre la orden ejecutiva que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La pregunta es sencilla. ¿Quién es ciudadano de Estados Unidos? La política del presidente Trump busca negar ciudadanía automática a niñas y niños nacidos en territorio estadounidense cuando sus padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.
Durante la audiencia, varios ministros parecieron poco convencidos por la posición del gobierno. La Decimocuarta Enmienda y el precedente de United States v. Wong Kim Ark siguen siendo obstáculos enormes para Trump. El propio presidente sabe que sus probabilidades de éxito son prácticamente nulas, pues estuvo presente en la audiencia y escuchó las reservas de las y los ministros.
Después viene el frente migratorio. En los casos sobre Temporary Protected Status, la administración Trump busca terminar protecciones para personas de Haití y Siria. La decisión de Kristi Noem fue impugnada por su falta de procedimiento, explicación suficiente y consideración real de las condiciones en esos países. El resultado puede dejar a cientos de miles de personas expuestas a la deportación hacia contextos marcados por violencia, crisis humanitaria e inestabilidad.
La Corte también debe resolver Blanche v. Lau, un caso menos visible, pero profundamente importante para quienes tienen residencia permanente. Ahí decidirá si el gobierno puede tratar a una persona con green card que regresa a Estados Unidos como si estuviera pidiendo entrar por primera vez, incluso cuando al momento de su llegada solo existan sospechas o acusaciones penales. La consecuencia directa sería que la residencia permanente dejaría de ser una protección sólida frente a las autoridades migratorias.
Otros casos tienen que ver con el poder presidencial sobre agencias independientes. Los asuntos de Lisa Cook y Rebecca Slaughter pueden sonar técnicos, incluso aburridos; pero lo que está en peligro no lo es. En ellos se juega la posibilidad de que cualquier presidente remueva a funcionarias de órganos diseñados precisamente para no depender por completo de su voluntad.
Las agencias independientes resuelven asuntos complejos, especializados y con efectos directos sobre la economía, los consumidores, la competencia, el sistema financiero y la vida cotidiana de la ciudadanía estadounidense. El hecho de que sus miembros sean nombrados por presidentes distintos permite voces de disidencia, continuidad técnica y resistencia frente a intentos de abuso de poder. Si la Corte facilita que el presidente despida a esos funcionarios, el costo será la pérdida de contrapesos dentro del Estado administrativo.
Un tercer bloque está compuesto por casos electorales. En Watson v. Republican National Committee, el Partido Republicano busca invalidar boletas enviadas antes o durante el día de la elección, pero recibidas después. El argumento es que la elección debe terminar el día fijado por el Congreso. El problema es que esa regla puede desorganizar la administración electoral en varios estados y dejar fuera votos emitidos de buena fe por personas que dependen del correo, incluidas comunidades rurales, votantes ausentes y miembros de las fuerzas armadas. En un país donde cada elección cerrada se convierte en terreno para la sospecha de fraude, una decisión así puede producir más litigios, incertidumbre y caos.
También está pendiente un caso sobre financiamiento electoral que puede ampliar la cantidad de dinero que las personas entregan a los partidos para que estos lo canalicen hacia candidaturas. En apariencia, se trata de reglas contables sobre límites, transferencias y coordinación. En la práctica, el caso puede abrir otra puerta para que grandes donantes aumenten su influencia dentro del sistema electoral.
Finalmente, están los casos sobre mujeres trans en deportes escolares. El tribunal supremo debe revisar leyes de Idaho y West Virginia que impiden a niñas y mujeres trans participar en equipos femeninos desde la educación básica hasta la universidad. Durante los últimos años, las personas trans han sido utilizadas como blanco político recurrente y la Corte ha desaprovechado cada oportunidad que ha tenido para protegerlas frente a la acumulación de ataques legislativos y administrativos.
A todo esto se suma un actor que ha tomado protagonismo en la obra durante los últimos años. El shadow docket, o expediente de emergencia, ha permitido a la Corte decidir asuntos urgentes sin audiencias completas y sin sentencias detalladas. Por esa vía, el tribunal ha permitido detenciones migratorias de ICE basadas en criterios raciales y étnicos, ha autorizado temporalmente la política de pasaportes que niega reconocimiento a personas trans y ha intervenido en disputas de enorme relevancia pública con una rapidez difícil de conciliar con la deliberación constitucional. En algunos casos, sin embargo, también ha frenado a Trump. La Corte bloqueó el uso de la Guardia Nacional en Illinois e impidió restricciones que afectarían el acceso a la mifepristona.
Cuando la Corte Suprema termine su último acto, conoceremos el desenlace de un dilema que los ministros, los propios actores de esta obra, ayudaron a construir. Durante los últimos años, el tribunal ha estirado la liga al ampliar los márgenes de actuación del Poder Ejecutivo, debilitar controles administrativos, reducir herramientas de protección electoral y permitir que asuntos urgentes se resuelvan en la penumbra del shadow docket. Ahora, esa liga parece estar a punto de tensarse hasta un límite demasiado peligroso para una democracia constitucional.
Los casos pendientes obligarán al tribunal a decidir si todavía existen frenos reales frente a un presidente que reclama autoridad sobre ciudadanía, migración, agencias independientes, elecciones y derechos civiles. Pero el problema es mucho más grande que el presidente actual, toda vez que está en juego la arquitectura misma del gobierno estadounidense y el futuro de la separación de poderes dentro de un experimento constitucional que siempre ha dependido de sus contrapesos. En una de las audiencias de este periodo, el ministro Brett Kavanaugh advirtió las consecuencias de las decisiones que tomará junto con sus compañeros al decir que “todo se regresa”. La pregunta es si la Corte escuchará su propia advertencia antes de que caiga el telón.
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