En casi un mes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; presentará ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2023, el cual, como ya se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica; el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF).
Esta última es la que nos interesa a quienes estamos de cerca a la industria de telecomunicaciones. Muchos los dudamos, pero la ILIF podría darnos indicios de cambios en la manera en la cual se cobras los impuestos relacionados con el sector; o simplemente sería la confirmación de que la recaudación es más importante que la conectividad de los mexicanos.
Eso no es privativo de este gobierno; por el contrario, desde 2010 se cobra a los servicios de telecomunicaciones una tasa de 3% como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Han pasado tres administraciones federales y se sigue considerando a las telecomunicaciones como un servicio de lujo, aunque en la realidad este servicio es considerado en algunos países como parte de los servicios esenciales.
Con el paso de los años se ha comprobado que este IEPS resulta contraproducente, pues en lugar de recaudar más, el ingreso cae debido al encarecimiento de los servicios por este y otros impuestos. Es aquí donde viene el debate de cada año, sobre el costo del uso de insumos para prestar distintos servicios de telecomunicaciones. El costo del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico es de los más altos del mundo.
Ya no es novedad oír o leer que México es de los países con el mayor costo por el uso del espectro. Según los datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los precios de ese insumo para los operadores móviles es 85% más alto que el promedio internacional e incluso, comparado con otros países como Chile o Brasil, los precios de bloques en las licitaciones realizadas el año pasado en México fueron 204% y 160% más altos que en esos países, respectivamente.
Además, México pasó de un sobreprecio por el espectro de 77% a 85% a partir de la Ley Federal de Derechos 2021, con lo cual un operador pagaría, en 20 años, el equivalente a 213 mil 623 millones actuales.
El operador mexicano con la mayor cantidad de espectro es Telcel, con 46.9% de las frecuencias disponibles; seguido AT&T, con 38.4%, y Altan Redes, con 14.6%. Telefónica (Movistar) ya no cuenta con él porque en junio terminó de devolver al Estado mexicano las frecuencias que desde hace años usaba para dar el servicio.
Con estos datos podrías decir que quienes pelean constantemente para reducir el costo del espectro están defendiendo a Telcel: falso. El sobreprecio por espectro representa un mayor costo anual para los operadores competidores de Telcel en ciertas bandas.
Si bien es cierto que con 46.9% de espectro asignado, América Móvil paga anualmente 15.4% más que AT&T, el costo final se compensa por los ingresos generados con su abultada cartera de clientes. Es decir, Telcel tiene más espectro y paga más, pero el costo por usuario es menor.
Los datos de The CIU revelan que, al dividir el pago de espectro entre los suscriptores, Telcel paga 106.9 pesos por suscriptor, pero AT&T paga 366.2 pesos, es decir 3.4 veces más que el preponderante en telecomunicaciones. Visto desde la perspectiva de sus ingresos, Telcel destina sólo 4.0% de sus ingresos a ese fin, mientras que AT&T usó 13.0% de sus ingresos generados en 2021, es decir;3.3 veces más que el preponderante.
En ese sentido, para lograr que la conectividad del país crezca, no solo a través de Altán Redes, que no paga nada por el uso del espectro, es necesario que el Estado mexicano (Ejecutivo y Legislativo) entiendan que vale la pena sacrificar la recaudación. Al menos un poquito.
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