Desde hace algunos años he estado pendiente de las licitaciones de los servicios de tecnologías de información en los dos pasados gobiernos federales. Lamentablemente, la constante en todas ellas fue un coctel de quejas, pleitos y transas, pero con la llegada de la 4T cambiaron las cosas.
No digo que ya se acabaron todas estas malas prácticas, pero es evidente que la mayor parte de las licitaciones son más derechas, aunque el cáncer sigue vivo en varios puestos públicos.
Uno de esos casos raros es la licitación LA-020000999-E112-2021 de la Secretaría de Bienestar para contratar el Servicio Administrado de Infraestructura del Centro de Datos. Ya había tratado este tema en otros espacios, pero me faltaba un poco de precisión sobre el concurso.
Se trata de un contrato a 36 meses y cuyas propuestas rondan 200 millones de pesos. Consta de 56 servicios que deben prestarse a la Secretaría y que van desde la administración o aprovisionamiento de software y bases de datos, hasta la instalación de hardware para que opere el datacenter de Bienestar.
En el proceso sólo participan tres consorcios. Uno está encabezado por Axtel, el segundo lo representa SixSigma Networks (KIO Networks) y el tercero lo encabeza Triara, es decir, Telmex y compañía. El contrato contempla el pago de una tarifa mensual por los servicios, además de un cobro extra por los servicios que pueda contratarse bajo demanda.
Axtel propone cobrar entre 221 y hasta 225 millones de pesos durante los 36 meses. KIO cobraría desde 176 y hasta 229 millones de pesos en el mismo periodo. Triara-Telmex pide desde 180 hasta 186 millones de pesos por el servicio, más un pago único de 4.7 millones por gastos de implementación y migración. Todas son cifras aproximadas, pues también depende de los servicios que se contraten bajo demanda.
Pero en esta licitación hay todo un manojo de curiosidades que van desde pifias y marrullerías de funcionarios de tercero o cuarto nivel, hasta deficiencias en la documentación de los participantes y la posible falsificación de documentos oficiales.
Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que uno de los concursantes podría estar descalificado porque simple y sencillamente su documentación no se puede leer. Así como lo ves: los archivos enviados al sistema por parte del concursante están corruptos y no se pueden abrir. Esto no es culpa de la empresa, sino que (curiosamente) el sistema los desconfiguró y los funcionarios de la secretaría de Bienestar no quieren buscar ni usar la aplicación que permita abrir los archivos. ¡Plop!
Una de las concursantes podría también perder porque la identificación del representante legal del consorcio no es válida, no existe, o es apócrifa. No digo nombres, pues no soy suicida, pero según la lista nominal del INE, los datos de la credencial para votar de ese representante legal eran inexistentes o estaban equivocados.
Uno de los concursantes habría presentado registros ante el IMSS que parecen falsos o, por lo menos, se ven muy sospechosos. Esta es una nueva obligación para evitar que las empresas ofrezcan sus servicios mediante empresas de outsourcing. Y, por último, uno de los concursantes estaría presentando equipo reutilizado, cuando se solicita que el equipo que dé soporte a las aplicaciones de Oracle sea nuevo.
Como puedes ver, el concurso pinta para declararse desierto o, al menos, para hacer un llamado de atención a todos y reponerlo. El fallo se da a conocer este jueves y espero que, tanto autoridades como empresas, no se arriesguen a otro innecesario quemón. ¡Paren esa vergüenza!
CAMPANAZO INICIAL
Finalmente, la firma comunicación LLYC (antes Llorente & Cuenca) dio el campanazo inicial con el cual debutó el pasado 22 de julio en el BME Growth, la bolsa de valores para Pymes de España. Como te lo había comentado, esta empresa quería levantar un máximo de 10 millones de euros, pero la demanda fue 5.1 veces mayor a lo ofertado.
Con esta ampliación de capital, ahora LLYC está representada por 11 millones 639 mil 570 acciones, con un precio de referencia de 9.39 euros por acción. Esto implica que el valor de la empresa asciende a más de 109 millones de euros (más de 2 mil 573 millones de pesos). El toque de campana lo realizó su presidente y fundador, José Antonio Llorente, junto a los tres socios profesionales de la compañía que forman parte del Consejo de Administración: Alejandro Romero, Luisa García y Adolfo Corujo.
Los fondos levantados se destinarán a financiar parte del plan de crecimiento, vía orgánica e inorgánica, con el cual persigue duplicar su negocio en los próximos cuatro años, alcanzando ingresos de 100 millones de euros al cierre de 2024. Uno de los países estratégicos para la firma es México. ¡Sois la leche!
Columnista y comentarista
Twitter: @hugonzalez0
