Desde agosto de 2020 he dado seguimiento a un tema que, desde un lado de la ecuación, puede verse como un caso de corrupción u opacidad. Sin embargo, desde el otro lado esto se ve con una explicación lógica y en el contexto de la lucha de varios proveedores de servicios que quieren un pedazo o todo el pastel presupuestario.
Me refiero al caso de un servicio que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Desde entonces señalé que la licitación para el Servicio de Infraestructura Física y Lógica de Migración de la Nube del IMSS estaba hecha para que la ganara el IPICYT, muy al estilo de la estafa maestra.
Para ello tenía la colaboración de una empresa que se adscribe toda intermediación en el IMSS en materia de tecnología. Me decían que el IPICYT no debería ganar, pues no tenía las certificaciones solicitadas, se sospechaba que falseó información y que habría falsificado documentos de personal no certificado.
Lo anterior sigue sin demostrarse, pero en el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación se puede ver que ese organismo encontró las mismas deficiencias que mencioné en mi artículo publicado en tecnoempresa.mx.
Además, la ASF encontró pagos pendientes por aclarar en el contrato entre IMSS e IPICYT equivalente a 54.7 millones de pesos, pues de los 113 millones auditados en ese contrato, casi 50% del gasto no estaba justificado (Página 193 Auditoria número 293-DS). No pongo los detalles aquí porque me falta espacio (son muchos), pero la ASF estima también un perjuicio por 16.7 millones de pesos. La duda es, si hay tantas deficiencias con este proveedor, ¿por qué le siguen dando contratos?
Mis Amigos Chismosos (MACH) me dicen que en 2021 el IMSS le entregó al IPICYT otro contrato en adjudicación directa por 400 millones de pesos y que en 2022 se piensa darle otro similar. En suma, supuestamente el IPICYT no tiene personal certificado, todo lo subcontrata con empresas privadas y, para colmo; recibe contratos por asignación directa. No me consta, pero no lo dudo.
Ahora bien, te preguntarás ¿por qué apenas se está revelando esto, si el informe de la ASF fue hace meses? Pues, como haría todo periodista bien educado, toqué base con el IMSS para saber si MACH me quieren ver la cara o si, como es práctica común, me quieren usar como gatillero para lanzar la piedra y esconder la mano.
Al respecto, hace unos días la Unidad de Comunicación Social del IMSS respondió a mis dudas, las de la ASF y las de MACH. Me dice que “conforme al momento procesal de fiscalización, existe un plazo para la entrega de las evidencias, aclaraciones y/o justificaciones que procedan para atender las acciones y recomendaciones emitidas por la Auditoría (… por tanto) al finalizar dicho proceso y dependiendo del análisis que emita la ASF, se podrá conocer si existirá la solicitud de un proceso de responsabilidad administrativa sancionadora”.
A mi pregunta de por qué le siguen dando contratos por asignación directa al IPICYT, dicen que “los procesos de contratación entre entes públicos para cualquier bien o servicio son procedimientos de contratación que autoriza la normatividad (…) En este caso, el IPICYT cuenta con certificaciones de cumplimiento a la Norma Internacional para la Construcción de Centros de Cómputo ICREA-Std-131-2021”, etc, etc.
En suma, dice que el IPICYT “cumple con las políticas y disposiciones de tecnología vigentes en lo que respecta a centros de datos”, y que “los procesos de adjudicación y contratación que realiza el instituto se llevan a cabo en estricto apego a la normatividad aplicable y conforme a los procedimientos establecidos”.
Según el IMSS, en 2021 se adjudicó al IPICYT un contrato por un monto máximo incluyendo IVA por 134 millones de pesos (no 400 mdp). Que el instituto potosino cuenta con todas las certificaciones de ICREA incluyendo instalaciones eléctricas, climatización, sistema contra incendio, control de acceso, comunicaciones, CCTV, monitoreo automatizado de su Centro de Procesamiento de Datos, etc.
Todavía hay muuuucho que contar de este asunto, pero este reportero no es juez y mucho menos todólogo con bola de cristal para decirte quién miente o quién exagera. Seguimos al tanto.
Sigo la radiocomunicación
Me quedo todavía con el pendiente de explicarte por qué la seguridad pública del país, especialmente en ciertos estados de la república, está en riesgo. La contratación y uso de sistemas de radiocomunicación de misión crítica sigue en entredicho. Por una parte, se hace caso omiso del decreto publicado por el presidente López Obrador el año pasado, el cual busca fomentar la competencia en el uso de estos sistemas de comunicación usados para seguridad pública y, por otra, quieren seguir contratando servicios con tecnología en fase de obsolescencia.
El caso del amigo Güero en Nuevo León, que vendió al gobierno de ese estado servicio de radiocomunicación con un supuesto sobrecosto y con tecnología en decadencia, se puede repetir en Oaxaca y en instituciones que involucran a la más alta seguridad del país, y cuyos jefes son uniformados de alta estima. Sí, me da mello.
El asunto es que quieren contratar servicios de radiocomunicación con la tecnología propietaria de Motorola Solutions (P25), cuando esta viene en desuso y cuando desde hace años existe la opción del sistema Tetrapol y Tetra, cuyas características técnicas son abismalmente mejores. La diferencia entre las dos Tetras es que la primera es tecnología propia de Airbus y la otra funciona con estándares abiertos, y hay decenas de proveedores en el mundo. Seguiremos en el tema pero, por favor, sigue atento.
Twitter: @hugonzalez0
