Hay lugares en el país donde las reglas cambian de repente y donde los conductores de plataformas viven con una sensación parecida a la de jugar póker. En la capital el país se llama Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y desde esta semana volvió a recordarle a los conductores de Uber y DiDi que, en el fondo, no son del todo bienvenidos.
Ayer el AICM informó que a partir de este jueves 12 de marzo comenzarán operativos de la Guardia Nacional para impedir que los taxis de plataforma realicen servicios de ascenso o descenso dentro de las instalaciones. Es la reedición de ese pleito que conocemos desde hace años entre la economía digital y las concesiones tradicionales.
Como bien sabes, el AICM es zona federal y, en consecuencia, el transporte autorizado es el que cuenta con concesión para operar ahí. En teoría es un asunto administrativo pero en la práctica es un campo minado donde los conductores de plataformas se topan contra el muro de la regulación.
Pero el aeropuerto es apenas una parte de los grandes obstáculos que los conductores deben sortear. Para muchos conductores de Uber la relación con la plataforma tampoco es precisamente un paseo cómodo. En privado, varios de ellos me cuentan historias que describen una relación laboral curiosa. No son empleados ni socios, pero sí dependientes de un algoritmo que decide cuánto ganan y cuándo trabajan.
Algunos conductores han expresado dudas sobre las tarifas, las deducciones y la forma en que se calculan sus ingresos. No me lo dicen como una acusación formal sino como una sospecha persistente y verosímil. La aritmética, dicen, a veces no cuadra.
El problema no es solo el dinero, sino la comprensión del sistema. Uber desglosa las cuentas, sí, pero el proceso para entenderlas puede ser un ejercicio digno de contadores y programadores. Para un conductor que solo quiere saber cuánto ganó en el día, el algoritmo se parece demasiado a una caja negra.
A eso se suma la incertidumbre sobre las deducciones. Algunos conductores se preguntan si parte de esos descuentos corresponde al seguro que ofrece la plataforma. También desconocen si la aportación la cubren completamente ellos o si la empresa participa en el pago. La información existe, pero no siempre es fácil de interpretar.
Luego está la promesa de la redirección de viajes. La aplicación ofrece una función que supuestamente ayuda al conductor a moverse hacia un destino deseado mientras sigue generando ingresos. En el papel suena bien. En la práctica, varios conductores dicen que la función envía viajes que no coinciden con la ruta marcada o simplemente deja de asignar solicitudes.
La situación se vuelve paradójica cuando el conductor decide no aceptar un viaje que contradice esa redirección. El sistema lo penaliza con una calificación negativa. Es decir, el algoritmo castiga al conductor por no seguir una indicación que la propia aplicación prometía respetar.
También circulan testimonios sobre cancelaciones automáticas. Algunos conductores aseguran que la aplicación cancela viajes y reporta al usuario que fue el conductor quien lo hizo y viceversa. El sistema le dice al conductor que el usuario canceló. En medio de ese intercambio invisible queda una reputación digital que puede deteriorarse sin explicación clara.
Los bonos tampoco escapan al escepticismo. La plataforma ofrece incentivos como 500 pesos por completar 50 viajes. Varios conductores dicen que, una vez aceptado el reto, el precio de los trayectos baja. La percepción es que el supuesto bono se compensa con tarifas más reducidas.
Intentar aclarar estas situaciones tampoco es sencillo. La aplicación tiene canales de soporte, pero los conductores describen una interfaz complicada y respuestas automatizadas. Cuando el sistema indica que el caso fue revisado, la conversación se cierra y el tema termina ahí.
Ser conductor de Uber no es fácil. Por un lado, enfrentan operativos en aeropuertos y restricciones regulatorias. Por el otro, dependen de algoritmos que no siempre entienden. Entre el Estado y la plataforma, el conductor termina en tierra de nadie.
Ni con Dios ni con el Diablo. Así lo resumen algunos de ellos. Y tal vez por eso la discusión sobre las plataformas de transporte en México sigue abierta, no solo en tribunales o aeropuertos, sino también en los teléfonos donde un algoritmo decide cuánto vale cada viaje. Vale la pena una mayor comunicación.
ALQUIMISTA EN LA MIRA
¿Te acuerdas de Alquimia Pay, una de las niñas consentidas de la principal empresa de tecnología de pagos del mundo? Pues ahora aparece en el radar de una investigación que creció más rápido que cualquier empresa emergente.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su fundador, Juan Sergio Loredo Foyo, en un expediente que ya cruzó la frontera y comenzó a involucrar a autoridades financieras y judiciales de Estados Unidos. Eso significa que el asunto dejó de ser doméstico.
El caso, según la carpeta de investigación, apunta a una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal con varias ramificaciones empresariales y financieras. Loredo Foyo, ubicado en el radar público desde hace años por denuncias relacionadas con el secuestro de dominios vinculados a la Secretaría de Turismo; ahora es parte de esta historia mucho más delicada.
Dentro del expediente aparecen nuevas líneas de investigación que señalan a Armando Sánchez Porras y a ASP Integra, empresa que presuntamente habría proporcionado la infraestructura tecnológica del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) utilizada por Alquimia. De acuerdo con las indagatorias, por esa plataforma habrían transitado miles de millones de pesos.
Otro punto sensible es que muchos de estos recursos se derivan de operaciones vinculadas a grupos casineros, tanto físicos como digitales. En ese circuito aparece otro actor relevante del ecosistema fintech regional como lo es Kushki.
La empresa dirigida por Sebastián Castro Galnares y Aron Nathan Schwarzkopf (empresarios peruanos con nacionalidad estadounidense) podría enfrentar un entorno regulatorio incómodo si las indagatorias escalan hacia medidas cautelares internacionales. El problema se multiplica si vemos que los grupos casineros representarían cerca de 60% de la cartera de clientes de Kushki, según datos revisados por autoridades mexicanas.
El expediente también podría complicar movimientos corporativos en puerta. La eventual operación de compra de Kushki por parte de Kaszek Ventures, SoftBank Latin America Fund y DILA Capital quedaría bajo una nube de incertidumbre si la investigación avanza hacia congelamiento de cuentas o restricciones regulatorias.
Mientras tanto, autoridades mexicanas ya habrían compartido información con el Departamento del Tesoro y el FBI. Si las piezas de este rompecabezas terminan encajando, el golpe no sería exclusivo de una empresa o de un grupo de ejecutivos. Podría sacudir la credibilidad del ecosistema de pagos digitales en América Latina, un mercado donde las preguntas regulatorias siguen corriendo detrás.
LLEGA A JALISCO
La primera farmacéutica virtual en México, Prixz, arrancó su canal virtual en el estado de Jalisco. Su CEO, Sergio Pérez (no el Checo) es quien ha desarrollado de forma acelerada una inversión para México de más de 100 millones de dólares, para impulsar un modelo más eficiente de farmacia virtual en nuestro país, además creará más de 300 empleos directos mes con mes en la entidad. Actualmente Prixz ya se encuentra establecido en la CDMX con una gran aceptación en la capital del país pues su sistema con IA les permite a los usuarios hacer un delivery más inmediato de medicamentos sin la necesidad hacer pedidos telefónicos o acudir a un establecimiento físico. Además, los usuarios pueden tener la confianza de que Prixz está regulada y tiene enlace con las autoridades sanitarias del país.
Columnista y comentarista
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