En política, pocas cosas son tan delicadas como una crisis mal gestionada. Y el reciente episodio en torno al retiro de la visa estadounidense de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, es un caso paradigmático de cómo una respuesta rápida pero mal estructurada puede terminar haciendo más daño que el rumor original. Desde que surgieron los primeros reportes en redes sociales sobre la revocación de su visa, la situación escaló con velocidad. No es un asunto menor. Baja California es un estado fronterizo cuya vida cotidiana, relaciones comerciales y dinámicas institucionales están profundamente entrelazadas con Estados Unidos. Cualquier indicio de tensión diplomática o señalamiento desde el país vecino sobre una figura clave del gobierno local se vuelve relevante y sensible.
La gobernadora respondió casi de inmediato, lo cual, en teoría, es lo correcto. Pero el fondo del mensaje fue tan vago y carente de fuerza que terminó teniendo el efecto contrario: alimentar la sospecha en lugar de disolverla. En su video [intento de conferencia de prensa] difundido por redes sociales negó categóricamente tener cuentas bancarias en Estados Unidos y explicó que la cancelación de su visa no era punitiva, sino un trámite administrativo. Sin embargo, esta explicación no satisfizo ni a la opinión pública ni a los medios, porque no ofreció datos concretos ni aclaró el trasfondo del asunto… sino que dio “por concluido ese episodio”.
Uno de los errores más graves fue asumir que el problema podía resolverse únicamente en el terreno digital. No basta con salir en redes sociales cuando el tema tiene un alcance institucional y podría involucrar a autoridades extranjeras. En crisis de esta índole, es vital respaldar cualquier declaración con documentos, comunicados oficiales, entrevistas y un trabajo de control de daños mucho más profundo y profesional. La falta de un mensaje desde su equipo de gobierno o de su partido político dejó sola a Marina del Pilar frente al vendaval. Y en política, enfrentar una crisis sin respaldo es como ir a una tormenta sin paraguas. ¿Pero por qué no hubo respaldo a mansalva como ha ocurrido en otras ocasiones con temas políticos, cuando los gobernadores en masa salen en defensa, sobre todo si es la representante de la Conago? ¿Acaso existe temor por parte de los gobernantes o es de facto la gobernadora un personaje aislado?
A lo anterior se suma la falta de transparencia. La afirmación de que la visa fue retirada por razones administrativas plantea más dudas de las que resuelve y abre camino al debate de su colusión con el crimen organizado. La vaguedad, en el contexto de una crisis, no es una forma de proteger la privacidad; es una invitación abierta a la especulación. Y mientras la gobernadora intentaba tomar el control, la narrativa en redes sociales y los medios tradicionales se desbordó. Cuentas de todo tipo comenzaron a plantear hipótesis más graves: que si había investigaciones en curso, que si existían vínculos con personajes señalados por actividades ilícitas, que si se trataba de un movimiento político de castigo. Aunque ninguna de estas teorías ha sido comprobada, ganaron tracción rápidamente ante el vacío informativo. En el manejo de crisis, lo que no se explica, se inventa.
Este episodio revela otro elemento fundamental: la desconexión con el sentir ciudadano. El tono del mensaje de Marina del Pilar fue defensivo, técnico, frío. En ningún momento se notó un esfuerzo por hablarle de frente a los bajacalifornianos, reconocer su derecho a estar informados o mostrar preocupación por las implicaciones que una situación así podría tener para la entidad. No hubo empatía. Y eso es clave. Porque una crisis no solo se enfrenta con datos, también con humanidad. Además, jugar la carta de violencia de género, no deja muy bien parado a su equipo de asesores, quienes además viajaron al pasado para resaltar la educación de la infancia de la mandataria. Por si fuera poco, la aparición de una encuesta que la posiciona en primer lugar de popularidad por su trabajo, entre todos los gobernadores del país es, por demás, un insulto a la inteligencia de la masa; y aunque no lo fuera, pues es una clara muestra de contención de daños muy fallida.
La respuesta fue inconsistente con el contexto político. Una gobernadora de Morena, con cercanía al gobierno federal, acusando trámites administrativos que le impiden ingresar al país vecino, levanta suspicacias. Y si no hay un mensaje unificado que refuerce su versión desde la Cancillería mexicana, desde el partido, desde el Congreso local o incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, el terreno es fértil para que la percepción pública se aleje de la verdad y abrace la narrativa del escándalo. Aquí es donde se revela otro gran fallo: la ausencia de una estrategia multicanal. El video fue el único recurso. No hubo conferencias de prensa, la hubo, pero no fue tal. No hubo entrevistas en medios. No hubo desplegados. No hubo una defensa política activa de su figura. En crisis de alto impacto, los líderes deben aparecer en todos los espacios posibles, reafirmando una misma narrativa, con argumentos sólidos y voceros aliados. El silencio institucional puede ser más ruidoso que el escándalo.
Este caso debería servir como una lección para cualquier figura pública, especialmente en un entorno tan expuesto como el mexicano. La gestión de crisis no puede depender de la intuición ni del control de daños de última hora. Se necesita preparación, equipos profesionales, protocolos claros, simulacros previos y, sobre todo, un profundo entendimiento de cómo se construyen y destruyen las percepciones públicas. Porque más allá del estatus de su visa, lo que hoy está en juego para la gobernadora es su credibilidad de por sí desgastada en Baja California. Y una vez que se erosiona, recuperarla es un camino cuesta arriba. Quienes piensan en ella como una figura con proyección nacional deberían tomar nota: si no puede controlar la narrativa de una crisis fronteriza, ¿cómo podrá enfrentar los embates de una campaña o los embates de la oposición en un escenario nacional? Y vale la pena recordar que, en determinado momento, no solo soñó con llegar al gabinete federal sino inclusive en ser presidenta de México.
En política, las crisis no solo prueban el temple de los líderes, también revelan la solidez —o fragilidad— de su entorno. Y en este caso, el entorno de la gobernadora falló. No hubo preparación, no hubo estrategia y, lo más preocupante, no hubo visión, no hubo equipo de comunicación, ni asesores de nivel, inclusive sus secretarios del gabinete se vieron frágiles. Marina del Pilar aún está a tiempo de rectificar. Pero necesita asumir que la transparencia no es una debilidad, sino una herramienta de poder. Que las redes sociales son valiosas, pero no sustituyen el peso de la institucionalidad. Y que, en tiempos donde la reputación se construye minuto a minuto, una sola omisión puede costar una carrera entera. No obstante, debemos decir que la imagen de la gobernadora, por ejercicio propio, se ha degradado por ser esta una suerte de “influencer” más que una política seria. Hoy vemos cómo su precipitado encumbramiento político le está cobrando piso. Y basta con revisar los comentarios de los ciudadanos en sus redes sociales, aquellos que no son bots, “señora póngase a trabajar”. La gobernadora cometió el mismo error que todos, está encapsulada en su verdad.
Renunciar al cargo o pedir licencia en este momento podría ser una decisión precipitada, sobre todo si ella y su equipo logran recuperar el control de la narrativa y redirigir la atención hacia los logros de su administración. En el contexto político de Morena, Marina del Pilar cuenta con un entorno que, al menos en otros casos, ha demostrado capacidad para resistir escándalos y mantener a sus figuras clave. El ejemplo más evidente es el de Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura fue defendida por el partido a pesar de fuertes controversias. La cultura de lealtad interna y el respaldo de líderes influyentes dentro del movimiento podrían proteger a la gobernadora de una presión directa para dimitir. Morena, como organización política, podría optar por blindarla mientras la crisis se enfría y gestionar el impacto desde su maquinaria nacional.
Sin embargo, hay factores que la gobernadora debe considerar cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre su permanencia en el cargo. El primero es la evidencia disponible: si existe información adicional sobre el retiro de la visa que pueda salir a la luz y contradiga su narrativa actual, una renuncia preventiva podría ser políticamente menos costosa que una salida forzada. En segundo lugar, está el apoyo político. Si cuenta con el respaldo del partido, del gobierno federal y de actores influyentes en Baja California, tendrá mayor margen para resistir la presión mediática. Pero si ese respaldo comienza a resquebrajarse, la posibilidad de una salida negociada se vuelve más probable.
Así pues, si las encuestas reales y el análisis de sentimiento en redes sociales muestran que la mayoría de los ciudadanos perciben la crisis como un tema menor o creen en su versión de los hechos, tiene espacio para mantenerse. Pero si el rechazo es mayoritario y empieza a erosionar su capital político, prolongar la crisis podría ser más dañino que enfrentarla con una salida digna. Finalmente, debe evaluarse el impacto en la gobernabilidad. Si la polémica afecta su capacidad de gobierno, paraliza decisiones clave o genera incertidumbre institucional, la renuncia podría ser una solución pragmática para preservar la estabilidad del estado. Sin embargo, es claro que para los bajacalifornianos Marina y parte de su familia son, de facto, personajes dentro de la esfera de la corrupción política de México. Primera mujer gobernadora, primera gobernadora en la historia en perder la visa por temas aún oscuros para todos nosotros. Hizo historia, sin duda. Ahora su equipo debe intentar modificar el pasado cuanto antes.
