Durante el último año la CdMX ha experimentado un incremento exponencial en el número de migrantes, especialmente provenientes de países como Haití, Honduras y Venezuela.
La mayor parte busca llegar a los Estados Unidos, pero el gobierno de ese país ha hecho mucho más lento el otorgamiento de citas para obtener permisos de trabajo y visas humanitarias.
En los hechos, México actúa como tercer país seguro, dice dar la bienvenida a los migrantes, pero el gobierno ha sido omiso en establecer medidas para recibirlos en condiciones mínimamente dignas.
La política es que no hay política: se les deja durmiendo en las calles, en campamentos improvisados, condenados a una situación de indigencia en plazas y otros lugares públicos.
En la capital —donde no solía verse esto— es cada vez más frecuente. Están en Vallejo, en La Merced o en la estación de autobuses del Norte, donde ya se han generado situaciones de tensión con los vecinos.
En la colonia Juárez se puede encontrar a grupos de migrantes durmiendo en las calles cada tres cuadras. En la Plaza Giordano Bruno, a escasas cuadras de SEGOB, más de 300 personas acampan desde hace un año.
Allí los migrantes y sus familias esperan sus trámites en techos improvisados o tiendas de campaña bajo la lluvia, sin baños ni condiciones mínimas de higiene, entre pilas de basura que nadie recoge, y mientras sus hijos pequeños juegan muy cerca de donde pasan los coches.
Hasta ahora, han sido organizaciones de la sociedad civil las que han ofrecido espacios para alojar a los migrantes en la capital, pero el cupo de los albergues está rebasado.
Evidentemente, la problemática requiere la coordinación de varias instituciones y niveles de gobierno, comenzando por el INM, la COMAR y la SEGOB; el Gobierno de la Cd.MX también tiene una responsabilidad, pero hasta ahora ha sido negligente.
Tanto el jefe de gobierno, Martí Batres, como el secretario de Bienestar de la Ciudad, Juan Gerardo López —quien tiene entre sus responsabilidades la atención a migrantes— deben buscar una solución para que estas personas encuentren un lugar digno para alojarse.
El gobierno capitalino debe aportar o movilizar recursos federales para acondicionar albergues donde los migrantes puedan dormir en condiciones dignas. Hasta ahora, han consentido la ocupación de calles y plazas, renunciando tanto a proteger los derechos humanos de los migrantes, como el derecho de los vecinos a utilizar el espacio público.
Instalar albergues para migrantes en la Ciudad no está lejos de las posibilidades de un gobierno como el capitalino, con un presupuesto de 267 mil millones de pesos. Hace falta voluntad; darle suficiente personal y recursos a la dirección encargada de los asuntos migratorios, que hoy tiene una estructura raquítica para enfrentar un problema de estas dimensiones.
Existe, sin embargo, la equivocada idea de que, si en la Ciudad se instalan albergues, llegarán más migrantes. Eso es absurdo. Los migrantes no vienen o dejan de venir porque tengan o no sitios para alojarse. Vienen como una forma de ejercer presión, frecuentemente porque en las delegaciones estatales del INM no son atendidos cuando solicitan las tarjetas humanitarias para desplazarse por territorio nacional.
¿Será que esta desidia tiene que ver con el hecho de que los migrantes no votan? No lo sabemos, pero el hecho de que un gobierno de izquierda sea omiso ante un tema como este genera tristeza y desilusión.