Cualquier personaje público que en México combine la actividad política con los negocios suele levantar sospechas. El caso de Xóchitl Gálvez no es distinto, pues a lo largo de su carrera ha alternado su labor entre el mundo empresarial y la función pública.
Ningún empresario está peleado con su dinero, y es altamente probable que, a lo largo de su trayectoria, la influencia que otorgan los cargos en el Estado le hayan servido a Gálvez para hacerse de ciertos contratos.
Hasta ahora, ella no ha sido todo lo transparente que debiera con relación a sus negocios. De hecho, la información que aparece en sus declaraciones patrimoniales sobre los ingresos obtenidos por su actividad empresarial tiende a la opacidad.
Como titular de Pueblos Indígenas con Fox, por ejemplo, Xóchitl declaró recibir 400 mil pesos por actividad industrial y comercial en 2002 y 60 mil en 2003. Entre 2003 y 2006, por su parte, no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
En el 2015 declaró percepciones por 1 millón 950 mil pesos, de los cuales 233 mil fueron por su sueldo como delegada, sin especificar de dónde provenían el resto de sus ingresos.
En el Portal Nacional de Transparencia hay una sola declaración disponible de 2021, ya como senadora, en la que no declara ningún ingreso adicional a los de su cargo como legisladora. Todo eso tendría que ser plenamente aclarado.
Dicho esto, lo que hasta ahora se ha ventilado públicamente sobre Gálvez son fundamentalmente posibles conflictos de interés. No se ha acreditado ningún caso de corrupción, como desvío de recursos o enriquecimiento ilícito.
La situación en la que Gálvez podría despertar dudas, pero no más que las de otros políticos que combinan la función pública con actividades empresariales. El suyo no es un ejemplo particularmente escandaloso si se contrasta con otros personajes, incluso dentro de la 4T. Palidece si lo comparamos con gente como Ignacio Ovalle; ni se diga con Julio Scherer Ibarra.
La información que presentó el Presidente —en la que exhibió la totalidad de los ingresos de Xóchitl Gálvez— es engañosa, pues tan solo dio a conocer una suma percibida a lo largo de varios años, a partir de contratos firmados abrumadoramente con el sector privado (el 94.9% para ser exactos).
La denuncia presentada por el exjefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, tan sólo muestra que dos desarrollos contrataron servicios de dos empresas de Gálvez a las que se le otorgaron permisos.
Sin embargo, para acreditar un acto de corrupción, Romo debe probar que esa correlación también es causalidad. Demostrar, por ejemplo, que los edificios en cuestión no cumplían con los requisitos y, a cambio de obtenerlos, Gálvez les habría solicitado un favor.
Tampoco podemos olvidar que las acusaciones no provienen precisamente del cuadro más honesto que haya tenido la 4T, sino de un perfil sobre el cual pesan cuestionamientos más serios de lo que ocurre con la senadora. De hecho, fue denunciado en unas cinco ocasiones por la propia Gálvez, cosa que también puede restarle credibilidad a su relato.
Xóchitl debe esclarecer plenamente la forma en que ha hecho negocios para poder competir con una ficha limpia. Aun así, perseguir ante instancias judiciales a quien hasta ahora no había sido objeto de mayores denuncias o cuestionamientos sería volver a utilizar el aparato del Estado para propósitos político-electorales. Esa historia ya la vivimos. ¿De verdad la queremos repetir?
