Este mes tendrá que aprobarse en la Cámara de Diputados la iniciativa que desaparece el seguro popular y crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Hasta ahora, el gobierno no ha sido capaz de generar una narrativa convincente para explicar esta trascendental reforma. A falta de esa narrativa, la comentocracia ha hecho parecer esta decisión como si se tratase de un caprichoso golpe de timón resultante de la corrupción.
Aunque la reforma que se presentó en la Cámara es una versión edulcorada del planteamiento original, es la de mayor envergadura en materia social planteada por el obradorismo.
Se plantea nada más y nada menos que cambiar el paradigma en la organización del sistema nacional de salud para asumir un carácter enteramente público, gratuito, equitativo y universal, capaz de garantizar realmente el derecho a la salud de todos los mexicanos.
Se trata de acabar con un sistema complejo y abigarrado en la prestación de servicios de salud, en donde intervienen las secretarías de salud estatales, los institutos nacionales de salud y en menor medida el sector privado.
A cambio de ello se busca crear una institución —la más importante en materia social de esta administración— que preste servicios de salud a 69.4 millones de mexicanos que hoy no cuentan con seguridad social.
La creación del Seguro Popular, creado durante el gobierno de Fox, mal que bien fue capaz de brindar acceso a la salud a unas 52 millones de personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE, y tuvo el indiscutible logro de otorgar acceso a medicamentos gratuitos.
Si bien se creó un esquema de financiamiento de la salud a través de un seguro, no permitió un acceso efectivo y gratuito a la salud. Como es bien sabido, el mecanismo solo cubre un catálogo de 297 intervenciones y 66 padecimientos graves, en contraste con el IMSS y el ISSSTE, que otorgan una cobertura total a sus derechohabientes.
En México no existe un acceso universal a la salud porque unos 17 millones de personas no están afiliadas ni al seguro popular ni al IMSS ni al ISSSTE. Quienes cuentan con seguro popular muchas veces tienen que pagar altos costos para obtener los servicios que necesitan. Eso puede llevar a la quiebra a cualquier familia y fácilmente sumirla en la extrema pobreza.
Con la creación del Insabi, el gobierno apunta a un objetivo ambicioso, postergado por años: crear un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios de salud, ampliar el número de padecimientos atendidos, y expandir la cobertura considerablemente.
Este esfuerzo, sin embargo, supone enormes implicaciones que parecen lejos de estar resueltas.
La primera es armonizar la prestación de servicios de salud entre niveles de gobierno. Aunque originalmente se pensó en desaparecer las secretarías de salud estatales y centralizar la prestación de servicios, la iniciativa contempla dos modalidades que podrían generar una situación caótica: que algunos estados acepten esta modificación y firmen los convenios necesarios con el gobierno federal, y que otros decidan mantener sus facultades.
La segunda tiene que ver con los recursos necesarios. Según cálculos elaborados por autoridades sanitarias, costaría 200 mil millones de pesos alcanzar a 69.4 millones. Sin embargo, no existen aún cálculos actuariales precisos.
La tercera es la implicación que tiene que una instancia federal provea directamente los servicios de salud. Más allá de un cambio de jefes, no será sencillo ni rápido dotarse del equipo directivo y las capacidades técnicas necesarias para cumplir con una tarea tan ambiciosa.
La desaparición del seguro popular y la creación del Insabi debe ser un esfuerzo adecuadamente calculado. Sería un pésimo escenario que el remedio que se busca se convierta en una enfermedad.
