Entre los integrantes de la clase media y la comentocracia liberal existe la fantasía de que salir a marchar es un acto de ciudadanos en lo individual; gente que se despierta una mañana, desayuna rico en familia, se pone bloqueador, sube a un auto o toma un Uber y llega a Reforma un par de horas a gritar: “Amo a Lencho y el INE no se toca”.
En realidad, en el país tan solo hay 34.7 millones de automóviles de uso particular. Para la gran mayoría, llegar al centro de la Ciudad de México supone una gran dificultad. Un habitante de Tláhuac, para no irnos muy lejos, gasta al menos 40 pesos en transporte, más otro tanto para beber y comer.
No faltarán quienes el domingo 27 reporten imágenes de camiones estacionados en las inmediaciones del Zócalo para celebrar los cuatro años de AMLO. Tampoco quienes descalifiquen con sorna a la gente que viene de lejos, con su Frutsi y con su torta, y asuman por ello que no están ahí por su libre albedrío.
Las clases medias acomodadas no bajarán de una condición de inferioridad a cientos de miles de personas que estarán llegando a la ciudad, provenientes de distintos estados del país y de la periferia. En su lógica, mientras la marcha del día 13 de enero fue una movilización “real”, de “ciudadanos”; la del 27 será una de “acarreados”, gente sin criterio propio, capacidad de raciocinio o voluntad propia. Eso es falso.
El mero empleo del término “acarreado” debiera ser puesto en entredicho, pues encierra un enorme estigma y una carga de prejuicio clasista. No estamos hablando de vacas o a becerros, sino de gente con preocupaciones y anhelos tan legítimos como los de quienes salieron a marchar dos semanas atrás.
El clasemediero arribista y aspiracional piensa que los que marchan a favor de “López”, son gente “pagada”. Además de subestimar a la gente y asumir que las personas tienen un precio, piensan que son seres humanos baratos, dispuestos a perder un día entero a cambio de unos cuantos pesos.
¿Cuál es el problema de que las estructuras políticas la faciliten a la gente que tiene una convicción las condiciones para trasladarse al centro de la ciudad y llenar el Zócalo?
Bienvenido sea el camión, el Frutsi y la torta, de cortesía. Bienaventurados sean, siempre que sirvan para apoyar a la gente que quiere participar, que cree en algo, que busca ejercer su derecho político a tomar la calle.
Lo inaceptable es que se obligue a las personas a asistir a la marcha o se las chantajee para hacerlo en contra de sus deseos. Lo inadmisible es que a una persona se le condicione su trabajo o el acceso a un programa social.
Entre las distintas estructuras que facilitan una movilización como la del domingo 27 –líderes sociales, sindicatos, dirigentes políticos, diputados federales o locales—habrá algunos que recurran a estrategias de movilización forzosa. Eso no puede descartarse, pero dudosamente estaremos ante una mayoría.
La naturaleza misma de los programas sociales más importantes del gobierno federal y de la Ciudad de México —la pensión para adultos mayores o las becas a los estudiantes de preparatoria— tienen un carácter universal; son derechos que nadie puede arrebatarle a sus beneficiarios por no acudir a una marcha.
En el fondo, lo que los sectores acomodados y sus usinas discursivas no quieren o no pueden ver es que AMLO ha politizado a una porción importante de los sectores populares que se identifican con un líder que les habla directamente a ellos como no había ocurrido en mucho tiempo en este país.
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