La próxima administración federal –a diferencia de la que actualmente fenece- debe gestionar desde ahora los tiempos de las reformas que pretende sean su sello distintivo.
Esto significa que debe planificarse, en coordinación con los legisladores del Congreso de la Unión, plazos tentativos de presentación, discusión y aprobación, toda vez que el partido de la candidata ganadora contará con la mayoría absoluta para las modificaciones legales y casi la mayoría calificada para las constitucionales.
Para ello es indispensable desarrollar una fundamentación jurídica sólida y una argumentación (exposición de motivos) que justifiquen socialmente las reformas.
A la impostergable reforma judicial federal, que deberá ser secundada por las reformas de los poderes judiciales en las entidades federativas, debe seguir la reforma del sistema electoral nacional, que contenga la supresión de la reelección inmediata de los legisladores que solo sirve para la aparición de cacicazgos de curules, como la reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos.
Sin descuidar, el retomar el proyecto original presentado en el año de 2013, de asumir la entonces autoridad electoral federal (IFE) las atribuciones de los institutos electorales de las entidades federativas (por demás innecesarios), decretando su desaparición. Truncado por la revuelta de estos últimos, encabezada por el ex IEDF, pues no obviar que lo Nacional de las siglas del INE derivaba de la pretensión de convertirse en la única autoridad administrativa electoral en todo el país por tener la capacidad operativa.
Contrariamente, el peor de los escenarios se cumplió al asumir el INE todas las funciones que venían desempeñando hasta 2012 los institutos locales (geografía electoral, distritación, padrón electoral, organización, material, contratación de personal, capacitación de los ciudadanos para las mesas de votación, fijación de casillas, etc.), con el agravante, de que sobreviven dichos institutos a la reforma, convertidos en Organismos Públicos Locales (OPLEs).
Si resultaba una afrenta para la sociedad en general, que el personal de estructura y administrativo (personal permanente) del ex IFE y de los institutos locales trabajaran efectivamente solo seis meses durante los procesos electorales, pero que no dejaran de cobrar mensualmente entre cada elección, con sueldos cuyo monto duplicaran a los recibidos en el gobierno federal (privilegios que se mantienen en la actualidad, junto con un bono anual de un mes de sueldo por desempeño y dos meses de sueldo adicional en año electoral), ahora, con la transformación en INE los funcionarios de los OPLEs y demás personal solo se les requiere durante el cómputo y eventual reconteo de votos, después de la jornada electoral, es decir, solo trabajan un mes en tres años.
La ineficacia, excesos, opacidad, subejercicio del presupuesto y delitos cometidos por los funcionarios electorales nacionales, que ha denunciado el saliente gobierno federal para promover la malograda reforma electoral (a lo que debe sumarse la denuncia hecha por el contralor interno en este año, por desvío de más de 400 millones de pesos) no es un asunto nuevo para los que hemos seguido de cerca -como investigador, ex consejero distrital y supervisor- la conducción del otrora IFE hoy INE.
En 2015, escribimos un largo artículo “INE: la relojería suiza se descompone. Parte I” donde enlistamos con detalle, todas y cada una de las promesas incumplidas por la institución, cuyo principal producto, el Registro Federal de Electores y la Credencial para Votar le han costado a la nación mexicana más de 5 mil millones de dólares.
Pusimos énfasis, en la desnaturalización del Consejo General de IFE-INE al convertirse en un reparto de cuotas partidistas y de su cooptación por la burocracia electoral. Reiteración que hicimos a principios de 2023 con los artículos “INE: la Burocracia” e “INE: ¿Cuál es la reforma pendiente?”, donde advertimos el riesgo que corría la institucionalidad del Estado al permitir que organismos administrativos autónomos desafiaran a los poderes originarios, al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, estos últimos investidos de la legitimidad popular, constitucional y legal para promover cambios en la legislación electoral.
Hicimos un recuento de las reformas técnico-jurídicas que se requerirían en la designación y recuperación del carácter no político, no burocrático del Consejo General, de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales; pues son en estos órganos colegiados donde descansa la posibilidad de verificar y vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad de la burocracia, en cada una de las etapas de los procesos electorales, evitando consejeros a modo.
Con la siguiente legislatura federal que comienza en septiembre, se abre la oportunidad de reconducir a su justa dimensión al INE, a saber, a la simple organización técnica de las elecciones federales y locales.
No descartando, que, durante los foros y discusiones, se empate con otro tema central de la agenda central, que es determinar si la credencial electoral (que adolece de certeza jurídica en su emisión) siga siendo el principal documento de identificación de las personas mayores de edad, o se sustituya por la Cédula de Identidad Ciudadana que ordena la legislación poblacional.
La batalla legal, debe estar acompañada de argumentos convincentes ante los medios de comunicación, demostrando que los partidos políticos defensores del “INE no se toca”, el PRI y el PAN estuvieron de acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional y legal de 2013 (presentada por el gobierno federal de entonces) para concentrar en una sola institución todas las elecciones en territorio nacional. Por cierto, partidos de oposición que pusieron en duda los resultados de las elecciones recientes al término de la jornada electoral, sin presentar ninguna prueba.
Precisamente, la tardanza en que empezaron a fluir los primeros resultados en ese día -con el 1% a las 21 horas, del Programa de Resultados Electorales (PRE)- refleja que la complejidad en el conteo de los votos y el llenado de actas electorales en las casillas electorales, junto con la mala capacitación de los ciudadanos, ha tocado fondo. Sin olvidar que de cada 7 ciudadanos seleccionados en una primera etapa, 6 declinan ser funcionarios de casilla. En suma, es imperativa una reingeniería electoral desde abajo.
Hoy sabemos también, ASF (2012), que de los más de 100 mil empleados que hacen posible la celebración de elecciones federales, el 90.6% son contratados eventualmente; son estos y no el 9.4% que representan el personal de estructura (la alta burocracia) y administrativo, los artífices reales de que la elección pueda realizarse correctamente; sin que existe un incentivo para retener y contratar permanentemente a quienes por su desempeño y experiencia enriquecerían a la institución.
Los datos duros aquí expuestos deben servir para comenzar los foros públicos en la primavera de 2025, donde se debe escuchar a los especialistas, para que en otoño de ese año se presente y apruebe la reforma electoral integral. Reforma que incluya la desaparición de los tribunales electorales de las entidades federativas, absorbiendo sus competencias las salas regionales del TEPJF, concentrando la sala central los asuntos federales.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, correo sevilla2023derecho@gmail.com
