En marzo pasado, acompañada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la carretera Bavispe-Casas Grandes. Dijo que Andrés Manuel López Obrador le había dado esa encomienda:
“Te tengo que encargar algo muy importante. Me llevo algunos pendientes, pero un pendiente que le prometí al pueblo de Sonora es la carretera Bavispe-Casas Grandes”.
Durazo dijo que Sonora llevaba siglos esperando esa carretera: “Por aquí pasaron, fueron y vinieron políticos prometiéndonos la carretera y ninguno cumplió”.
El acto tuvo lugar en la explanada donde se construyó el memorial dedicado a las víctimas de la familia LeBarón, tres mujeres y seis niños de entre ocho meses y 12 años de edad que el 4 de noviembre de 2019 fueron atacados por integrantes del grupo criminal La Línea, del Nuevo Cártel de Juárez.
Más de 3,500 balas fueron disparadas ese día, según uno de los integrantes de la familia, Julián LeBarón. Los vehículos en que viajaban fueron envueltos por las llamas. Los cuerpos de los ocupantes se carbonizaron y la mayor parte de estos se convirtieron en ceniza.
La masacre tocó fibras profundas en México. Un video tomado por un familiar de las víctimas la noche misma de los acontecimientos cimbró al país:
“Rhonita y cuatro de mis nietos están acribillados y quemados en un camino cerca de La Mora”, decía una voz desgarrada.
Allá, con los cuerpos de los niños y las mujeres completamente quemados, en un camino de terracería de las sierras del norte, se expresaba en toda su crudeza la tragedia de un país.
El día en que Sheinbaum inauguró la carretera, Julián LeBarón notó un hecho que podría parecer insignificante -si es que en política hay hechos insignificantes-, pero que se suma a lo que él ha llamado “el laberinto de sombras y evasivas” que acompaña el caso LeBarón desde hace casi seis años.
La mandataria “fue a inaugurar una carretera en Bavispe, pero no hizo mención alguna a la masacre ni se refirió a las víctimas”, dice LeBarón.
En el laberinto a que él hace referencia aparecieron prácticamente encadenados dos nuevos acontecimientos. Uno de los presuntos implicados en la masacre de 2019, un exmilitar apodado El Monster, apareció en 2024 como policía municipal activo en Ciudad Juárez, bajo el gobierno del morenista Cruz Pérez Cuéllar.
Había aprobado los exámenes de control de confianza. Las autoridades de Ciudad Juárez se justificaron diciendo que “no existe ningún antecedente” que les impidiera contratarlo.
Según el testimonio de testigos protegidos, el exmilitar se hallaba al lado de algunas de las víctimas, Rhonita Miller y sus cuatro hijos, al momento de la masacre.
“Quizá fue la última persona que la vio con vida y escuchó sus últimos sollozos”, dice LeBarón. “Pero el alcalde Pérez Cuéllar se lavó las manos”.
Un segundo golpe recibido por la familia de las víctimas, fue el descubrimiento de que otro de los sujetos que participaron de manera directa en la masacre de Bavispe, apodado El Chango, cayó en manos de la fiscalía estatal tras un enfrentamiento en el que se le hallaron armas largas y cartuchos, y sorpresivamente fue liberado, aunque tenía una orden de aprehensión vigente por el caso LeBarón.
“Lo detuvieron el pasado 2 de agosto tras una balacera con autoridades. Le encontraron siete armas e infinidad de cartuchos. Para el 16 ya andaba nuevamente en la calle, aunque víctimas y denunciantes le habían advertido a la fiscalía desde días antes que era uno de los involucrados en la masacre”, relata Julián. “La orden de aprehensión nunca fue ejecutada”.
LeBarón afirma que estas escenas lastiman la memoria de las víctimas. Aunque la presidenta Sheinbaum dijo que las puertas de Palacio Nacional estaban abiertas para ellos, los LeBarón no han sido recibidos. Tampoco, explica Julián, han tenido contacto con la secretaria de Gobernación, aunque en público la mandataria le dio la orden de recibirlos.
Cuando hace un año Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno contestaría la célebre carta en que el Mayo Zambada pedía su repatriación, como debía hacerlo “con cualquier mexicano que lo solicite”, el activista Adrián LeBarón le reprochó que contestara cartas de narcos y no de víctimas: había escrito al menos ocho cartas con súplicas “y nunca he recibido respuestas, y muchos menos abrazos”, escribió.
De al menos 100 participantes en la masacre, seis años más tarde solo hay 36 detenidos “y ni uno solo ha recibido sentencia por homicidio”, denuncia Julián LeBarón, “lo que nos deja pensar que hay una colusión entre el crimen organizado y la fiscalía que supuestamente lo investiga”.
Para colmo, LeBarón dice que la FEMDO, institución federal encargada de investigar el caso, le ha pedido a la familia guardar silencio y no denunciar públicamente estos hechos.
Desde tiempos de López Obrador se dijo que se había hecho justicia. “¿Eso es justicia?”, pregunta Julián. “No, lo que hay es complicidad en todos los niveles”.
Ya van a cumplirse seis años.