En la séptima semana de violencia sin freno en Sinaloa, una movilización militar por aire y por tierra culminó con la captura de El Max, uno de los jefes de plaza de Ismael El Mayo Zambada, y con la muerte de 19 integrantes de su escolta, según el comunicado dado a conocer por la Sedena.
El periodista Adrián López, director del periódico Noroeste, acababa de dar las cifras del horror que, en estas semanas, y hasta el lunes 21 de octubre, había dejado la guerra de exterminio entre la facción del Mayo y la de los Chapitos: 260 homicidios, 301 privaciones de la libertad, 392 vehículos robados, 72 detenidos.
Números propios de una guerra: siete semanas de cuerpos tirados en canales o abandonados dentro de autos en calles, caminos y carreteras. Siete semanas de domicilios balaceados, de bloqueos en las carreteras y en los accesos de la capital del estado. De vehículos quemados, de cuerpos tirados en la Maxipista y de acribillados con las manos atadas.
Balaceras, persecuciones, llamas, ponchallantas.
Civiles detenidos por decenas, atentados a balazos dentro de las instalaciones del Hospital General de Culiacán, en donde un paciente herido de bala fue rematado por desconocidos. De agresiones a tiros contra el periódico El Debate y de la desaparición de uno de sus trabajadores.
De militares muertos, de ausentismo en las escuelas, de negocios cerrados y banquetas semivacías. De secuestros y enfrentamientos que han dejado hasta 11 muertos en un solo día, como ocurrió el 16 de octubre, fecha en que el número de homicidios registrados a lo largo de 2024 superó los contabilizados en todo 2023.
La séptima semana comenzó en realidad el domingo pasado, con un comunicado de la Fiscalía General de la República que prueba que El Mayo Zambada dijo la verdad en la carta que dio a conocer el pasado 10 de agosto, y que por el contrario, el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya mintió, e incluso recurrió a un montaje para ocultar la verdad.
El Mayo Zambada sostuvo en su carta que fue traicionado y sometido por uno de los hijos del Chapo en la finca Huertos del Pedregal, al asistir a una reunión para mediar en el conflicto político que Rocha Moya sostenía con el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén. Según El Mayo, a Cuén “lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”.
El gobierno de Rocha Moya difundió un video para hacer creer que el exrector había sido asesinado horas más tarde en una gasolinería, durante el intento de robo de su camioneta.
En el comunicado del domingo, sin embargo, la FGR reveló que restos sanguíneos hallados en la finca, que había sido asegurada desde finales de agosto, corresponden al exrector. Según la FGR, dichos restos sanguíneos han sido determinados “con toda precisión por las unidades periciales federales” y son compatibles “con el tiempo que la Fiscalía tiene establecido el momento del homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes” del momento en que fue tomado el video difundido por la fiscalía local.
Para colmo, en la camioneta que el gobierno de Rocha Moya utilizó para llevar a cabo el montaje, fueron hallados restos de sangre humana que, según la FGR, corresponden a Rodolfo Chaidez Mendoza, escolta del Mayo que se encuentra en calidad de desaparecido desde ese día.
Todavía peor: la FGR asegura que tiene el video de una confesión en el que el chofer de Cuén niega sus primeras declaraciones sobre la desaparición y el asesinato del exrector. Es decir, en las que niega la versión del supuesto homicidio en la gasolinera.
Hay que decirlo con todas sus letras: hubo un montaje oficial parte del gobierno de Rocha. Los hallazgos de la FGR coinciden con lo expuesto en la carta del Mayo. Qué triste país en el que el narcotraficante dijo la verdad y el gobernador no ha hecho sino mentir.
Aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero informó al entonces presidente López Obrador que Rocha estaba mintiendo (la versión viene del interior de la FGR), AMLO decidió apoyar al gobernador. No solo eso: lo felicitó públicamente por no tardar ni un día en dar la cara e hizo que la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, arropara a Rocha Moya dos veces.
El problema que se viene para todos ellos no tardará en explotar. Aunque la trayectoria criminal del Mayo Zambada abarca varios sexenios, el imperio de Los Chapitos comenzó tras la captura y extradición de su padre, entre 2015 y 2017. Es decir, la expansión de esa facción del Cártel de Sinaloa no ocurrió en el sexenio de Calderón, ni tampoco en el de Peña. Se dio bajo la administración de López Obrador, en la cual ocurrió el escandaloso Culiacanazo, en el que Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes directas de AMLO —luego de una catarata de mentiras pronunciadas por el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora.
El florecimiento de la facción de Los Chapitos coincide con el auge del tráfico de fentanilo, y coincide también con la operación que el Cártel de Sinaloa realizó en 2021 para asegurar el triunfo de Rocha Moya y secuestrar, el día de la elección, a más de 100 operadores políticos.
El comunicado del domingo es demoledor, para empezar, para un gobernador que no gobierna ni puede garantizar la seguridad de sus gobernados. Tarde o temprano lo será también para una presidenta que prefiere hablar de Guanajuato antes de voltear a ver el barril de pólvora con la mecha encendida que es hoy por hoy el estado de Sinaloa, y en el que la sociedad vive a merced de la voluntad del crimen organizado.
