El rumor existe desde hace varias semanas y ya tuvo una primera confirmación con el retiro de la visa estadounidense al alcalde de Matamoros, el morenista Alberto Granados.

Una nueva bomba estalló la medianoche del sábado, cuando la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que el gobierno de Donald Trump les había retirado la visa a ella y a su esposo, el también morenista Carlos Torres Torres —coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno de Ávila Olmeda.

Se trata de un escándalo mayor. A ningún gobernador mexicano en funciones Estados Unidos le había retirado la visa. Carlos Torres alegó en un comunicado que se trata de un simple procedimiento administrativo “que no implica acusaciones, investigaciones o señalamientos por parte de ninguna autoridad”. La gobernadora, sin entrar en detalles, apuntó por su parte que Torres Torres “ha enfrentado una situación” y que, como su esposa, “esa circunstancia también me ha alcanzado”.

La orden del retiro de visas para la mandataria y su esposo vino directamente desde el Departamento de Estado. Autoridades mexicanas de alto nivel fueron advertidas horas antes de lo que iba a suceder. Ha comenzado oficialmente el “desvisadero” de políticos y funcionarios mexicanos, como adelanto de investigaciones abiertas por agencias de seguridad estadounidenses desde los tiempos dorados de los “abrazos, no balazos”, y que involucran delitos como lavado de dinero y tráfico de personas, hidrocarburos y enervantes —entre los que sobresale el fentanilo.

Legisladores de Morena en Baja California no tardaron mucho tiempo en salir a respaldar a la gobernadora, que a partir del sábado gobierna un estado fronterizo sin tener visa estadounidense, y en el que se da el mayor número de cruces por una frontera que hay en el mundo. A partir de ese día, la gobernadora no puede acudir al país donde existen los mayores inversionistas y socios comerciales de Baja California.

El FBI emitió el 3 de abril de 2024 un boletín de búsqueda a nombre de Alejandro Fernández Félix o Juan José Ponce Félix, El Ruso, jefe de plaza en Baja California y Sonora de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael El Mayo Zambada. Los cargos eran narcotráfico, toma de rehenes y blanqueo de dinero. Un tribunal federal estadounidense había emitido una orden de captura en su contra desde el lejano 2015.

De acuerdo con el FBI, El Ruso se hallaba en Mexicali cuando el boletín de búsqueda fue emitido, y su red abarcaba los estados de California y Oregon. El Mayo Zambada lo envió como jefe de plaza a fines de 2019: en poco tiempo se apoderó de Mexicali y puso bajo renta otras organizaciones criminales, que pagan por traficar drogas y migrantes.

Los hijos de El Chapo Guzmán dieron la instrucción de que lo sacaran de ahí. Comenzaron a llegar a Mexicali, y otras zonas del estado, células de La Chapiza que metieron en el infierno a la parte norte de Baja California y a San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

El 19 de marzo del año pasado, 35 camionetas de Los Rusos llegaron a San Luis Río Colorado y se enfrentaron con Los Chapos. El jefe de plaza de este último grupo, Samuel Ibarra, El Pía, murió en el enfrentamiento.

Mexicali se sumergió en la peor ola de violencia de su historia. Narcomantas abandonadas por los grupos criminales acusaron a funcionarios del gobierno de Marina del Pilar de recibir 100 mil dólares cada mes de manos de la delincuencia organizada. Se acusó al director de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, al subdirector de inteligencia y a un comandante de estar recibiendo dinero de los dos grupos en pugna.

En agosto de 2024 otra narcomanta le dejó a la gobernadora un “último aviso”. Acusaba a su secretario de seguridad porque “agarra dinero de la contra”: esta última palabra contra iba acompañada por una bandera de Rusia, en clara referencia a Los Rusos. La funcionaria dijo que el mensaje no era para ella, “particularmente”.

Las causas por las que las visas les fueron retiradas a Marina del Pilar Ávila y a Carlos Torres no han sido informadas por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido informado de que otros altos políticos y funcionarios se encuentran ya rumbo al “desvisadero”.

La gobernadora está obligada a aclarar cuál es “la situación” que enfrenta su esposo, y que a ella también la ha “alcanzado”. La gobernadora está obligada a aclarar si en esas condiciones le es posible seguir gobernando Baja California. Y también Claudia Sheinbaum está obligada a aclarar. Va a ser una “mañanera” muy interesante.

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