En aquella bodega, Mónica Esparza Castro vio desnudos a su esposo y a su hermano. Militares y policías municipales de Torreón les pegaban con tablas en el pecho y la espalda. A ella, que acababan de descubrirle la cara (se la habían tapado con su ropa), la golpearon en el estómago, “mientras le cuestionaban cosas que desconocía”.
La sumergieron en un tambo con agua, luego le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Uno de ellos la golpeó con un látigo con espuelas.
Vio que a ellos les hacían lo mismo. A su esposo le desprendieron la piel de las piernas, lo golpearon con un palo, le dieron toques eléctricos. A su hermano le apretaron los pezones con pinzas.
Después de eso la violaron de manera tumultuaria, y violaron a su esposo frente a ella. Finalmente, horas después de haber llegado a aquel recinto del horror, los llevaron a rastras hacia una oficina de la Dirección de Seguridad Pública. Su esposo ya no podía hablar. Cuando los trasladaron a la PGR, él murió a consecuencia de la tortura. Mónica nunca supo lo que hicieron con el cuerpo.
Según la Recomendación 15/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en la PGR un ministerio público le mostró a Mónica fotos de sus hijos y sus padres, la amenazó con matarlos y descuartizarlos si no admitía que todos formaban parte de los Zetas. Sin un defensor presente, fueron obligados a firmar un documento cuyo contenido desconocían, y en el que admitían formar parte de los Zetas.
Los diarios hablaron al día siguiente de la detención de tres secuestradores en una casa de seguridad, y de la liberación de cuatro víctimas en Torreón. Al ingresar su queja ante la CNDH, el padre de Mónica dijo que sus familiares habían sido detenidos al circular por el Boulevard Libertad. Afirmó que todo el proceso está basado en los papeles que les hicieron firmar y acusó que, además de todo, Mónica y sus acompañantes habían sido despojados de 20 mil pesos, de algunas joyas, y de la camioneta.
La Policía Municipal admitió haber participado en los hechos, “pero que no había sido así”. Que al ver a un hombre armado que se escondió en un domicilio rompieron la puerta, y encontraron a Mónica y a los suyos, así como a cuatro víctimas “amarradas y bocabajo”. Que en el trayecto uno de los detenidos “se empezó a quejar de mucho dolor y posteriormente se desvaneció” y que “al realizar el parte les avisaron que había fallecido”.
El parte médico indicaba que ella lucía “sana, sin lesiones físicas aparentes”, y que su hermano se hallaba “policontundido”.
Un dictamen ginecológico reveló en cambio que Mónica presentaba “sangrado moderado”, “enfermedad pélvica inflamatoria”, “infección en vías urinarias” y “equimosis en glúteo derecho”.
El Protocolo de Estambul concluyó que las pruebas recabadas “concuerdan con lo expresado” por Mónica, y probó que el daño que presentaba su hermano “fue causado por hechos de tortura”.
Los elementos involucrados no pudieron ser interrogados. Habían sido dados de baja “por no aprobar los controles de confianza” o por “separación voluntaria”.
Ella relató después que, al detenerlos, les habían informado que se trataba de una revisión de rutina, que no se preocuparan, que probablemente se trataba de un error, “pero que aún así tenían que llevárselos”.
Los hechos ocurrieron hace más de seis años, el 12 de febrero de 2013. Mónica está internada en el Cefereso de Coatlán del Río, por secuestro y posesión de armas de uso reservado.
Amnistía Internacional, la ONU-DH y la CNDH han documentado tortura y tortura sexual en su contra. Este último organismo concluyó que se violaron los derechos humanos y el derecho a la verdad en contra de Mónica y sus familiares. Su caso está próximo a resolverse en el juzgado primero de distrito en la Laguna. El abogado del Centro ProDH que lleva el asunto ha promovido una petición en change.org para que se desechen las pruebas recabadas con violaciones a los derechos humanos y se reconozca la inocencia de Mónica.
En la petición se asegura que en los últimos cuatro años más de 110 mujeres son sobrevivientes de distintas formas de tortura sexual, y que en México existen esquemas que permiten y fomentan que la fabricación de culpables siga siendo posible.
