El 16 de febrero de 2023 la prensa de Guerrero informó de la salida de un grupo de 50 ciudadanos guerrerenses que habían iniciado un viaje de capacitación agrícola al estado de Jalisco, y que fueron reclutados por la empresa Big Force Academy como parte del programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
Esas 50 personas procedían de diversos municipios del estado: Chilpancingo, Pungarabato, Leonardo Bravo, Ayutla, Eduardo Neri, Ometepec, Ajuchitlán del Progreso, Zihuatanejo, Tecoanapa, Iguala, Huamuxtitlán, Heliodoro Castillo y Alpoyeca. Según la información, habían cumplido con todos los requisitos para trabajar en los campos de Orlando Florida.
Esos ciudadanos habían sido convocados por las autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Acapulco. Les habían ofrecido un aprendizaje de medio año “en materia de producción del campo”, “estancia pagada” en el sitio de su aprendizaje, un sueldo de entre mil 650 y ocho mil pesos durante los meses de la capacitación, y finalmente una visa temporal de trabajo H2A.
Los despidieron en el comedor de la Universidad Autónoma de Guerrero, en presencia de autoridades municipales y funcionarios universitarios, entre otros, José Betancourt Villa, coordinador de Cooperación Internacional de la UAGro, a través de cuya oficina se realizó el convenio con Big Force Academy.
La autora de la relación entre autoridades de Guerrero y Big Force Academy fue la controvertida alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López (involucrada, por cierto, en la desaparición hace tres años de dos marinos que indebidamente fueron enviados como escoltas del entonces senador morenista José Narro).
Según declaró Betancourt Villa tiempo después, durante una gira de trabajo por Florida, Abelina López constató “las buenas condiciones de trabajo que tenían jornaleros agrícolas en Plant City” y decidió poner en marcha un programa para llevar a aquel lugar a jornaleros agrícolas de Guerrero.
La UAGro “coadyuvó” a que el convenio “de migración segura, humana, regulada y humana” se llevara a cabo con la participación, para empezar, de los ayuntamientos de Cocula, Tecoanapa, Chilpancingo y Acapulco.
En esos días, al menos 100 trabajadores fueron reclutados en oficinas municipales de Guerrero, durante un proceso en el que tomaron parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el consulado de México en Orlando.
Tengo en mi poder la lista con los nombres de los jornaleros. La mitad saldría rumbo a Lagos de Moreno, a cargo de la empresa agrícola Sun Berries, S.A. de C.V., y la otra mitad viajaría a Medio Sitio, Guanajuato, a cargo de la empresa Agrisar.
De acuerdo con un testimonio dado a conocer ayer por la periodista Azucena Uresti en su programa de radio, brindado por uno de los jornaleros que fueron reclutados en Chilpancingo, al menos uno de esos grupos —parece que el segundo— fue llevado sin su conocimiento a un rancho —afirma él que al Izaguirre—, en el que medio centenar de trabajadores fueron engañados, privados de la libertad y explotados por la empresa que los contrató.
Relató el trabajador que todos viajaron confiados, porque en el proceso de reclutamiento habían participado autoridades. Dijo que les obligaron a firmar un contrato en el que se les obligó a trabajar durante un año, y que desde el principio les comenzaron a exigir la entrega de “cooperaciones”.
¿Fue el rancho Izaguirre, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio, y en el que la Fiscalía General de la República acaba de confirmar la existencia de osamentas y cerca de 1,500 prendas abandonadas? En su testimonio, el trabajador relata que dos compañeros que salieron accidentalmente del rancho fueron agredidos de manera salvaje por hombres armados, que llegó “la policía municipal y la Guardia Nacional y que los hombres armados se retiraron…”, y que fue entonces cuando los trabajadores pudieron entrever la realidad del sitio en que se encontraban.
Hace dos años, cuando algunos lograron salir y las primeras denuncias aparecieron, la entonces presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, declaró que los ayuntamientos solo habían colaborado con la Universidad Autónoma de Guerrero “para cubrir la cuota de trabajadores”. La Secretaría del Trabajo declaró que los jornaleros habían sido reclutados por los ayuntamientos, y la UAG sostuvo que solo había “coadyuvado” de “buena fe” para “dar una alternativa de migración segura”.
No se volvió a tocar el tema hasta que estalló el escándalo del rancho Izaguirre. Sin embargo, en estos días se han vuelto a difundir convocatorias en diversos municipios —Cocula, Iguala, Chilpancingo—, dirigidas “a varones de 18 a 40 años” que deseen ser reclutados por Big Force para obtener la visa H-2A.
De nueva cuenta, la UAG figura entre quienes andan promoviendo esas jornadas: enviar personas que prácticamente serán esclavizadas y posiblemente reclutadas por un grupo criminal.
La Fiscalía General de la República está obligada de determinar cuál fue el destino del centenar de trabajadores que hace dos años salieron rumbo a Guanajuato y Jalisco. Existe una lista con sus nombres.
