En la glorieta de entrada a Loreto, Zacatecas, recostados sobre el letrero de colores diversos —“Bienvenidos a Loreto”— que recibe a los visitantes, cinco cadáveres semidesnudos, con huellas visibles de tortura, fueron abandonados la noche del sábado pasado.
Los agresores los habían sentado. Todos tenían la cabeza gacha. Había sobre el piso rastros de sangre: fue la más nueva escena de horror para los habitantes de ese municipio ubicado en el sureste zacatecano, en donde ejecuciones y enfrentamientos son constantes y es posible ver a toda hora el paso de vehículos tripulados por gente armada.
A los muertos de Loreto se sumaron el mismo día los cadáveres de dos personas que fueron halladas maniatadas, torturadas, y con la cara cubierta, en el municipio de Guadalupe.
A todos esos muertos iban a sumarse también los cadáveres de tres policías estatales acribillados al día siguiente desde un domicilio en la colonia Buenavista de Zacatecas: atendían un reporte efectuado al 911: en el enfrentamiento, tres agresores murieron.
Ahogado por las ejecuciones, los homicidios, la desaparición de personas y los desplazamientos forzados, Zacatecas chapotea en la sangre que ha arrojado la pugna entre tres grupos: el Cártel del Noreste, el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Es el primer lugar en policías asesinados. De nueve agentes que perdieron la vida de manera violenta en 2019, 60 policías fueron ejecutados en 2022. Suman 30 en lo que va del año y 161 desde inicios del sexenio.
El gobierno de David Monreal atribuye la violencia a “grupos externos al estado”, como acaba de declararlo el secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza.
Externos o no han llenado de inseguridad y violencia el paisaje zacatecano.
Apenas el 31 de octubre el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, por “motivos personales” renunció a su cargo. Se fue sin rendir cuentas ante el Congreso, que lo había llamado a comparecer, un año y tres meses antes de terminar su gestión, y dejando tras de sí un costal de casos relevantes sin resolver y una entidad donde 72% de los homicidios y feminicidios de menores han ocurrido durante el presente sexenio.
Zacatecas ocupa de hecho el tercer lugar nacional con más menores víctimas de homicidio y feminicidio cometidos con armas de fuego.
Hace mes y medio el país se sacudió con el secuestro de siete adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, que fueron secuestrados en un rancho de Malpaso, en el municipio de Villanueva, y seis de los cuales fueron asesinados brutalmente por integrantes del crimen organizado.
De manera periódica, y a pesar de los discursos, la aparición de cadáveres colgados de puentes, abandonados en masa en las carreteras o acomodados dentro de vehículos, ocupan los titulares principales de los medios.
Entre los aspirantes que se registraron para ocupar el lugar que dejó vacante en la fiscalía Murillo Ruiseco, hay al menos tres personajes cercanos al gobierno de David Monreal: el delegado en Zacatecas de la Fiscalía General de la República, Cristian Camacho Osnaya; Ángel Muñoz Muro, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz, y el subsecretario de Operación de la secretaría de seguridad pública, Óscar Aparicio Avendaño.
Este último había sido designado el año pasado como encargado de la Secretaría de Seguridad en el gabinete de Américo Villarreal, en Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa echó abajo su nombramiento, alegando la existencia de “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones.
Aparicio Avendaño estuvo encargado de la Comisión Estatal de Seguridad en el estado de Chihuahua, entre 2017 y 2019, fecha en que dicho estado se ubicó en el top ten de los homicidios a nivel nacional.
Américo Villarreal lo “bajó” sorpresivamente de su lista de colaboradores, horas antes de que él mismo rindiera la protesta del cargo.
Hoy, en medio de un baño de sangre incontenible que la Secretaría de Seguridad Pública ni siquiera ha logrado paliar, el brazo derecho del general Arturo Medina Mayoral aspira a convertirse, como Camacho Osnaya y Muñoz Muro —según lo señaló hace unos días la columna Kiosko de EL UNIVERSAL— en el nuevo fiscal carnal de Zacatecas.
Primero la política. La seguridad de los ciudadanos… ya se verá.
