A fines del año pasado, como parte del Operativo Enjambre, la fiscalía del Estado de México diseñó un operativo para detener al alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, El Wicho, así como a su esposa, la alcaldesa aún en funciones, María del Rosario Matías Esquivel.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio de estos, solo encontraron los teléfonos celulares de ambos. Los habían dejado encendidos en la sala para engañar a los investigadores, mientras el matrimonio huía hacia los límites de Guerrero, bajo la protección de La Familia Michoacana.

Matías Esquivel había recibido 15 millones por parte de este grupo criminal para financiar su campaña. A cambio, entregaba a La Familia Michoacana información que se hallaba en poder del Ayuntamiento y que estaba relacionada con habitantes del municipio susceptibles de ser extorsionados.

Un regidor la acusó de haberlo amenazado con echarle encima a El Hércules, el sicario que la Familia había puesto a su servicio, si no firmaba documentos de supuestas sesiones de Cabildo en las que se autorizaba la salida de recursos para determinadas obras: el dinero, en realidad, iban a parar a las arcas del grupo criminal.

Durante su campaña, La Familia Michoacana secuestró al suegro de una candidata rival para asegurar el triunfo de María del Rosario. Una vez en el cargo, según la investigación, ella permitió secuestros, despojos, extorsiones.

Al llegar al fin de su administración, el grupo criminal operó para que su esposo, El Wicho, resultara ganador en las elecciones municipales. Aunque ambos estaban prófugos, El Wicho regresó al municipio para tomar posesión del cargo y poder nombrar de inmediato como sucesor a una persona autorizada por la Familia Michoacana.

Los encargados del Operativo Enjambre intentaron ir por él. Un grupo de agentes encubiertos se infiltraron en el municipio; un segundo grupo, que acompañado por la Guardia Nacional y la Sedena haría la detención, aguardó en los límites del municipio.

Cuando se confirmó que El Wicho había llegado al pueblo, el segundo grupo avanzó. Pero fue detectado por medio de drones y detenido en su marcha por pipas que fueron atravesadas en la carretera.

El Wicho y su mujer huyeron entre la multitud, con ayuda de familiares, pobladores y policías municipales vestidos de civil. Más tarde se supo que en las azoteas cercanas había apostados tiradores de la Familia Michoacana encargados de protegerlos. Las autoridades detectaron a la pareja en Sultepec y Luvianos, pero luego se perdió su rastro.

Unos días más tarde se separaron. Hernández de Paz se refugió en los límites con Guerrero, se cree que bajo la protección del grupo criminal. María del Rosario se dirigió al Valle de Toluca y se escondió al lado de una hermana en un fraccionamiento de alta plusvalía de Metepec. Evitaba ser vista y establecía a través de su hija contactos relacionados, según la investigación, “con el cuidado de sus intereses”.

Tomó poco más de un mes detectarla. Cuando el jueves pasado la policía cateó el domicilio donde se escondía, aparecieron 5.6 millones de pesos que la exalcaldesa tenía bajo una cama y que ofreció a los agentes para que la dejaran ir.

A María del Rosario le tramitó una serie de amparos el abogado que, según funcionarios cercanos al caso, lleva buena parte de los asuntos legales relacionados con la Familia Michoacana en el Estado de México. Dicho personaje había tramitado ya un amparo a nombre de El Wicho. Es defensor del llamado Comandante Pecha —quien fue jefe de plaza en el Valle de Toluca—, representa también a los imputados en el homicidio del notario Luis Miranda y ha defendido a políticos de Toluca y extorsionadores involucrados con el cártel michoacano.

Una jueza ordenó horas después de la captura la liberación inmediata de la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos.

Sin embargo, la fiscalía mexiquense cumplimentó otra orden por el delito de extorsión: mientras se lleva a cabo un nuevo capítulo en el ajedrez legal, María del Rosario Matías quedó encarcelada en el penal femenil de Santiaguito.

El hecho más estrujante de esta historia es el que menos atienden los jueces: que durante años se filtró desde la oficina más importante del Ayuntamiento de Santo Tomás, información encaminada a perjudicar la vida y el patrimonio de quienes llevaron al cargo tanto a Matías como a su esposo.

No es posible imaginar una soledad mayor.

@hdemauleon

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