“Con argumentos de comercialización” y “por conveniencia de la empresa”, al periodista Salvador García Soto se le informó que el pasado 20 de junio sería el último día de transmisión de su programa, “A la una”, en El Heraldo Radio.
García Soto agradeció el espacio, se refirió al trato siempre respetuoso que recibió de los dueños de la empresa, pero dejó claras las cosas: “Nos volvió a alcanzar la censura”.
Desde hace muchos años, tanto en el radio como en sus columnas periodísticas, García Soto es un periodista que suele incomodar al poder. Ha pagado las consecuencias, como muchos otros, y ha llegado a ser acosado por los instrumentos fiscales que la 4T ha empleado sin empacho para silenciar e intimidar.
Los pasos de personajes cercanos a la Presidencia, que llevan la relación y los convenios publicitarios de varios gobernadores de Morena con medios nacionales, comienzan a escucharse cada vez más fuerte en los medios, para exigir, ya sin disimulo, el retiro de espacios y el cierre de micrófonos.
En los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ante el silencio significativo de la presidenta, la palabra “censura” expresa no solo hechos aislados protagonizados por virreyes, autócratas y pequeños monarcas de la 4T, sino un patrón que ahora se repite semana a semana, y a veces día tras día.
La embestida contra la prensa es inocultable, pero ahora ha tomado un nuevo curso: acallar también a ciudadanos que expresan comentarios u opiniones críticas.
Parecía difícil de superar el caso del periodista Jorge Luis González a quien la gobernadora de Campeche Layda Sansores, a través de una jueza sumisa, le ordenó cerrar la plataforma del diario Tribuna, dejar de ejercer el periodismo durante dos años y pagar una multa de dos millones de pesos so riesgo de perder su casa.
El crimen monstruoso del periodista había consistido en exigirle a Sansores que explicara presuntos casos de corrupción en el DIF estatal. La gobernadora lo acusó de “incitación al odio” y luego hizo escarnio de él en sus “Martes del jaguar”: dijo que el periodista había ido a llorar a los programas donde fue entrevistado: “Se iba a llorar a otro programa, y lloraba y lloraba…”.
Unos días más tarde, la actriz Laisha Wilkins fue denunciada por haber contestado con un “Jaja” a un post en el que Dora Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte, quien se llamó a sí misma “Dora la transformadora”, fue referida por un medio de comunicación como “Dora la censuradora”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó a Wilkins que había sido denunciada, y le exigió que señalara cuál era el objeto de su publicación, que dijera si el comentario fue solicitado o pagado por alguna persona, y de ser así que exhibiera el contrato correspondiente, y que aclarara además si aquel “Jaja” había sido solicitado por algún partido político o por algún candidato.
Hoy Wilkins corre el riesgo de ser multada hasta con 200 mil pesos.
Ayer, el presidente de la organización Defensorxs, A.C., Miguel Alfonso Meza, reveló que el INE le inició un procedimiento… ¡por violencia política contra un hombre!
Resulta que el exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia y candidato a juez laboral en la Ciudad de México, Luis Castañeda Palacios, se dijo violentado políticamente cuando Meza publicó una investigación que indica que el exfuncionario ha sido señalado por acoso sexual y amenazas por al menos 36 mujeres.
Meza fue denunciado por una falta que no existe —“la violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de nuestra legislación”, escribió—. El INE, por lo tanto, debió desechar la queja. Inició en cambio un procedimiento en contra del abogado especialista en litigio estratégico y defensor de derechos humanos.
La investigación dada a conocer por Meza está basada en entrevistas con las víctimas del exdirector de la Consejería Jurídica, quien hace poco dejó el cargo para competir en la elección judicial.
Otro escándalo mayor estalló cuando una ciudadana de Sonora, Karla Estrella, criticó en redes un presunto acto de nepotismo del líder de los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Estrella fue acusada de cometer violencia política de género en contra de la diputada Diana Karina Barreras, del PT, por sugerir que esta había obtenido su candidatura debido a un berrinche de su esposo (el propio Gutiérrez Luna).
El Tribunal del Poder Judicial le impuso a Karla Estrella una multa, la obliga a pedir disculpas durante 30 días consecutivos en sus redes sociales, así como a tomar un curso en materia de género. Como ha escrito Sergio Sarmiento: “El INE y el Tribunal Electoral piensan que una mujer no tiene derecho a expresarse sobre el nepotismo”.
La presidenta Claudia Sheinbaum arguye que su gobierno está en contra de la censura y en favor de la libertad de expresión. Mientras tanto, hay pasos que pisan cada vez más fuerte en los medios y a la lista inmensa de analistas y periodistas que han perdido sus espacios, se siguen agregando nombres.
¿Alguien tiene la lista completa?
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