A la medianoche del 24 de mayo, policías municipales de Apaseo el Alto, Guanajuato --todos ellos ex integrantes de la extinta Policía Federal--, se desplazaron al macrolibramiento que va de Celaya a Palmillas, en el estado de Guanajuato. Habían recibido un reporte sobre un grupo de personas que presuntamente realizaba extracción de ilegal de combustible a unos metros de la carretera.
A la altura de la comunidad El Espejo, los agentes detectaron a una persona a bordo de una Nissan Rogue de color guinda y a otra persona que tripulaba un tractocamión con autotanque, conectado a una toma clandestina. La sorpresa fue que al lado de estas unidades había vehículos oficiales de la Guardia Nacional con hombres adentro: un RCP Charger y dos camionetas pick up Silverado.
Según el reporte, los agentes “procedieron a cuestionar al personal sobre la actividad que estaban realizando”. El conductor del Charger respondió que estaban proporcionando seguridad al tractocamión.
Antes de que se diera cualquier reacción, el tripulante del Charger se dio la fuga, seguido por una de las camionetas Silverado (la cual fue abandonada más adelante).
Los municipales encañonaron a quienes se habían quedado, y prácticamente habían sido sorprendidos con la manguera en la mano: dos tenientes de la Guardia Nacional (uno procedente del Sexto Regimiento de Caballería Motorizado, el otro del Décimo Regimiento de Caballería Motorizado), y un subteniente del Primer Batallón de la Guardia con base en Hidalgo.
Había también cinco elementos rasos pertenecientes a batallones de la Guardia Nacional de Uruapan y Tlaxcala.
Eran once en total. Según las primeras investigaciones se habían trasladado desde Querétaro para realizar la ordeña. Todos portaban fusiles FX-05 calibre 5.56 x 45 milímetros. La mayor parte de ellos llevaban el uniforme gris de la corporación, así como sus chalecos tácticos.
Más tarde, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, hizo referencia a la capacidad de operación del grupo, que pudo trasladarse desde otro estado y saber exactamente “dónde estaban las mangueras y cosas”. La manguera estaba conectada a un ducto que va de Hidalgo a Veracruz. ¿Cuánto tiempo llevaban operando bajo la protección del uniforme? ¿Iban a escoltar la pipa a nivel local o más bien forman parte de la red que a través de las aduanas de Tamaulipas interna combustible robado a Pemex en los Estados Unidos, según acaba de dar a conocer el gobierno norteamericano?
La Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General de la República guardaron silencio en torno al caso. El secretario de seguridad Omar García Harfuch minimizó los hechos: “No por 11 detenidos de la Guardia Nacional se van a contaminar los 133 mil elementos que diario trabajan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional”, expresó.
No se trata, sin embargo, de un hecho aislado. En una ruta que se encuentra bajo la custodia de la Guardia Nacional, la extracción ilegal de combustible no ha hecho sino dispararse.
Solo en el estado de Guanajuato fueron localizadas 850 tomas en 2024. Entre enero y marzo de 2025 fueron detectadas 218 tomas clandestinas más.
Es en las zonas bajo control de la Guardia Nacional donde se registraron en los primeros tres meses de 2025 el mayor número de ordeñas: 632 en Hidalgo, 453 en Jalisco, 214 en Tamaulipas, 208 en Querétaro: mil 725 tomas localizadas en solo cinco estados.
Entre los documentos hackeados a la Sedena en 2022 por el colectivo Guacamaya hay un conjunto de reportes que detallan el trasiego de huachicol desde Tabasco y Veracruz hacia el centro y el norte del país a través de una red operada desde Reynosa, Tamaulipas, por un sujeto llamado Gerardo Ovando, El Yayo, encargado de coordinar funcionarios y guardias nacionales que aseguren el libre tránsito de los hidrocarburos.
La Sedena ubicó dentro de esa red al segundo de a bordo del exsecretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, a quien ligó con el exgobernador de esa entidad, Adán Augusto López.
Según otro documento hackeado por el colectivo, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Sedena alertó al secretario Luis Crescencio Sandoval el 2 de agosto de 2022 sobre la operación de varias bandas de tráfico de hauchicol que funcionaban en Puebla, Tabasco y Veracruz bajo la protección de un comandante de la Guardia Nacional identificado como El Comandante Mata, quien recibía pagos de un líder huachicolero al que el CERFI ubicó como Gabriel Eduardo González Alejandro.
Un segundo grupo ligado al Cártel Jalisco y encabezado por Efrén Martínez Gómez, El Fantasma, cuenta con la protección de cuatro elementos adscritos a la coordinación de la Guardia Nacional en Veracruz.
En noviembre de ese mismo año se viralizó un video que mostró la manera en que la Guardia Nacional dejó ir a diez huachicoleros de Tula que vestían ropa de camuflaje, pasamontañas y portaban armas largas.
Apenas en marzo del año pasado, un capitán y un mayor de la Guardia Nacional fueron acusados por sus propios elementos de cobrar a grupos de huachicoleros (hasta tres mil pesos diarios) para que sus hombres no patrullaran la zona de ductos de Teoloyucan, Estado de México, durante las madrugadas. Más tarde, en un predio en el que se aseguraron ocho pipas y 90 mil litros de combustible sin documentación legal, aparecieron, según los denunciantes, recibos de depósitos realizados a ambos mandos.
La propia Guardia Nacional ha reconocido que sus elementos realizan recorridos de vigilancia en 17 municipios de Guanajuato, por donde atraviesan los ductos de la refinería Antonio M. Amor.
Existen pruebas incontables de que guardias nacionales que fueron enviados a proteger los ductos, hallaron maneras de explotarlos en su beneficio. En un clima de corrupción rampante, hoy sabemos que 11 de ellos habían montado su propio negocio. ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿cuántos más?
