Desde las 4:30 de la mañana del 22 de marzo de 2024, en el número 911 se comenzaron a recibir reportes sobre un secuestro masivo que estaba ocurriendo en varias colonias de Culiacán, en el estado de Sinaloa.
Hombres encapuchados, vestidos de negro, con armas largas y cortas, que arribaban a bordo de camionetas y disparaban al aire, se llevaban a familias enteras: hombres, mujeres, niñas, niños, incluso adultos mayores.
Las caravanas de civiles armados recorrieron las colonias Villa Bonita, Plan de Oriente, Belcanto, Industrial El Palmito y el fraccionamiento Los Ángeles, así como las comunidades El Carrizalejo y La Noria.
Solo en La Noria, 16 personas fueron extraídas de tres domicilios. En El Palmito y Los Ángeles se llevaron a menores de 2, 6, 9, 11 y 12 años.
No hubo autoridad, ni estatal, ni municipal, ni federal, que impidiera aquel “levantón”. El gobierno del morenista Rubén Rocha Moya reconoció que esa noche, en solo unas horas, se habían llevado a 66 personas. La fiscalía del estado reconoció más tarde, sin embargo, que no todos los “levantados” contaban con reporte de desaparición.
Ese mismo viernes, 42 personas fueron liberadas. Al día siguiente el secretario de seguridad del estado, Gerardo Mérida, anunció el retorno de otras 16. Según el gobierno estatal, no se sabía lo que había ocurrido. Mérida declaró: “No han querido declarar los que han aparecido, no han querido decir nada a las autoridades”.
Había hasta entonces ocho personas “pendientes de ser localizadas”.
Acababa de ocurrir en la sierra un enfrentamiento entre gente de Los Chapitos contra gente de su tío El Guano, con un saldo de tres calcinados, dos de ellos decapitados. Se creyó que el secuestro masivo podría estar relacionado con este suceso. El presidente López Obrador lo minimizó, como si el “levantón” de 66 personas en una ciudad fuera algo normal. El gobernador de Sinaloa dijo que eran cosas “que lamentablemente ocurren, son cosas que pasan”, y a continuación subió un video en el que invitó a la gente a visitar las playas en la Semana Santa.
Efectivamente, nadie habló. Hasta que el Cártel de Sinaloa colgó tres narcomantas en las que negaba estar en guerra y en las que señalaba a cuatro personas como cabecillas de un grupo encargado de robos a casa habitación. Uno de ellos era un policía de investigación, Ramón Alberto Báez Ochoa, del que no ha vuelto a saberse. Los otros tres: Cristian René Roldán López, Eduardo López Gutiérrez y Óscar Pérez Gutiérrez. En algún momento se dijo que dos de ellos eran agentes de la Fiscalía General de la República, pero el dato no se confirmó.
La narcomanta decía: “Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle a sus casas o invadir su privacidad”.
Y aunque nadie habló, se comenzó a oír que a los “levantados” el Cártel de Sinaloa les había quitado casas, terrenos y ganado para recuperar un dinero que alguien se había robado.
El secretario Mérida admitió más tarde que un conflicto relacionado con un presunto robo pudo haber desencadenado “la privación de la libertad o la presunta salida de sus hogares” de las víctimas. Se trataba, según dijo, de “un acto de robo o una extracción de dinero en efectivo”.
Rocha Moya seguía intentando apaciguar la tolvanera. A principios de abril declaró que su administración no hablaba de un secuestro, debido a que los grupos delincuenciales habían invitado a las víctimas del “levantón” a acompañarlos. “Se conocían”, aseguró, “en algún momento tuvieron contacto y ese contacto fue conflictivo”.
El 7 de abril el gobernador dio una buena noticia: que las ocho personas que se reportaban desaparecidas habían regresado, que habían sido liberadas y se encontraban sanas y salvas. Se dio por concluido el operativo de búsqueda: Rocha Moya agradeció a todo el mundo: a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, a la Sedena, a la Guardia Nacional y, por supuesto, a López Obrador, “por su apoyo solidario y decidido”.
Parecía un asunto concluido. Sin embargo, familiares de los ocho desaparecidos lo desmintieron. Las víctimas, denunciaron, seguían sin aparecer y sus fichas de búsqueda continuaban activas. No había rastros de cinco hombres y tres mujeres privados de la libertad aquella madrugada en Culiacán.
En abril se reportó que dos mujeres más habían sido liberadas. Al igual que el resto de las víctimas, estas se negaron a ser entrevistadas por las autoridades.
Llegó otra madrugada: la del 1º de julio de 2024. Esa noche, en la Cruz de Elota y Navolato, siete personas fueron encontradas sin vida, emplayadas y con las manos cercenadas. Tres de ellas eran padre, madre e hijo, y vivían en Culiacán. Los otros provenían de Badiraguato e Imala.
La fiscal Sara Bruno Quiñonez presumió que esas víctimas pudieron formar parte del grupo secuestrado el 22 de marzo, “porque hubo gente que no denunció”.
El escándalo inicial se fue aplacando al correr de los días, tras la vuelta de la mayor parte de los “levantados”. Periodistas de Sinaloa lograron desentrañar, sin embargo, el lado oculto de la historia: al jefe de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán, alguien le había robado 20 millones de dólares de una casa que se hallaba en remodelación. Esta fue la causa de los “levantones”.
El columnista Jorge Fernández Menéndez ha revelado que Iván Archivaldo ordenó el secuestro tanto de quienes trabajaban en la remodelación del inmueble como de otros posibles involucrados. Afirma Fernández Menéndez que el gobernador Rocha Moya se comunicó con el capo para que devolviera a los secuestrados y que incluso se reunió con él en la casa de un funcionario estatal: el tesorero Enrique Díaz.
La historia cobra relevancia en medio del escándalo que rodea al gobernador desde que se dio a conocer que El Mayo Zambada habría sido detenido cuando iba a reunirse con él. Cobra relevancia porque muestra cómo son, cómo están las cosas en Sinaloa.
